Noticias Diario Bucaramanga

Violencia sexual: condenas contra militares o policías por crímenes sexuales – Delitos – Justicia

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Según la Fiscalía General, desde 2003 hasta este año han sido condenados 162 miembros de la Fuerza Pública en procesos por delitos sexuales. Sin embargo, el universo de indiciados triplica al de condenados. 

Desde 1987, 544 personas que pertenecían a la Fuerza Pública han sido señaladas por estos crímenes. Esto refleja que solo el 29 por ciento de los investigados ha recibido una condena.

Estos datos se refieren solo a los procesos activos y dan cuenta de un aumento significativo en la judicialización en la última década. Entre 1987 y 2007 solo fueron abiertos 14 procesos. Los demás, 492, se abrieron desde 2008. Pese a ser 506 procesos abiertos, los 544 indiciados indican la presencia de varios posibles perpetradores en los casos.

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El Ejército ha asegurado que contribuye en todas las investigaciones y que esos hechos no responden a una práctica aceptada o promovida en la institución.

En 2008, aunque se abrieron seis procesos, los indiciados fueron 14. Y en 2016, en 79 procesos, fueron indiciadas 83 personas. Este año han sido abiertos 13 casos con 14 investigados.

Desde 2003 se han emitido escritos de acusación contra 333 personas, y se han imputado cargos contra 396. El año con más condenas fue 2016, con 24.

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Sin embargo, estos datos no especifican cuántos ocurrieron en el conflicto armado. La Corte Constitucional ha hecho seguimiento a la impunidad en casos de violencia sexual en el conflicto.

En un auto de 2008, de seguimiento al estado de casos inconstitucional por desplazamiento forzado –que contempla a las mujeres como sujetos más vulnerables–, recogió 183 casos. Luego, en 2015, en otro auto, adicionó otros 444. En total, son 627, de las cuales 64 son mujeres indígenas en 28 hechos de violencia sexual, según la organización Sisma Mujer, que ejerce la secretaría técnica de la mesa de la sociedad civil que hace seguimiento a esos autos.

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El 75 por ciento de estas mujeres fueron víctimas de miembros del Ejército. Esto se refiere, específicamente, a 15 casos de violencia sexual.

De esos 15 casos con 48 víctimas, según un reporte de la Fiscalía hasta este año, el 40 por ciento sigue en indagación preliminar.

JUSTICIA
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Expediente contra los capturados por atentado a la escuela de cadetes General Santander – Conflicto y Narcotráfico – Justicia

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La madrugada del 17 de enero del año pasado, Carlos Arturo Marín salió de su casa en Zipaquirá, Cundinamarca, y recogió a Andrés Felipe Oviedo, quien se encontraba en el mismo municipio. Luego de una breve charla arrancaron con destino a Bogotá, en donde unas horas después explotó un carro bomba en la Escuela de la Policía General Santander, hecho que le costó la vida a 22 jóvenes cadetes y revivió el fantasma del terrorismo en la ciudad.

Luego de un viaje en moto de menos de una hora se ubicaron en la calle 34 con avenida Caracas y llamaron a Angie Lorena Solano, quien, afirman los investigadores, tenía la misión de escoltar el carro bomba en su recorrido hacia la Escuela. A las 9:48 de la mañana, la moto estaba cerca a la Escuela en la que seis minutos antes había ingresado el carro cuya explosión llevó al rompimiento de los acercamientos de paz con el Eln. 

Marín, Oviedo y Solano son tres de los capturados en una operación que golpeó la célula completa que perpetró el atentado, el cual, según la investigación, fue ordenado desde Venezuela por ‘Pablito’, considerado el más violento integrante del Comando Central del Eln.

(Lea también: Duro golpe a red del Eln que activó carrobomba en la General Santander)

Tras más de un año de investigación que se inició con la plena identificación de José Aldemar Rojas, el ‘Mocho’, quien murió en el atentado, los investigadores de un grupo especial de la Fiscalía y la Policía ya han judicializado a 13 personas vinculadas directamente con el ataque o con el entramado para financiar ese tipo de actividades.

Carlos Arturo Marín, capturado por el atentado.

Se conoció que se usaron dos motos en el ataque, ambas robadas en octubre de 2018 en Facatativá, Cundinamarca. En una se iba avisando si en el camino había presencia de la Policía y en la segunda viajaba un conductor que movilizaba a el ‘Mocho’, quien solo unas cuadras antes de la Escuela se subió al carro cargado con los explosivos.

Luego de verificar que habían cumplido con el plan criminal, Marín regresó en una flota a Zipaquirá y Angie se refugió en una casa en Kennedy, cerca al sitio en el que se encontró una de las motos usadas en el atentado.

Luego de abandonar las motos se desplazaron en varios taxis y llevaban en sus manos los cascos que luego tiraron.

(Además: Imputan formalmente a implicados en atentando de la Escuela de Cadetes)

Oviedo y Solano, afirman los investigadores, integran la red urbana del Eln y en Venezuela recibieron entrenamiento político y en el manejo de explosivos. Oviedo habría salido el 8 de julio del año pasado rumbo a Caracas y regresó luego de dos meses, y Angie Lorena viajó unos días después del atentado.

En el expediente hay evidencias que vincularían a algunos de los capturados con el grupo ‘Llamaradas-Mentes Libertarias’, que está asociado a explosiones en Bogotá en 2015 y 2019. Incluso se lo relaciona con el atentado contra el centro comercial Andino, en junio de 2017, en el que murieron tres personas. También tendría nexos con el ataque de enero de 2018 en una estación de Policía de Barranquilla, en donde murieron seis personas.

En el operativo de captura se logró llegar a una sociedad que sería usada para mover plata del Eln. El grupo utilizaba como fachada la producción y comercialización de queso para dar apariencia de legalidad a dinero obtenido de extorsiones, cobros de vacunas a contrabandistas en la frontera con Venezuela y otros delitos, y mover elementos del grupo ilegal.

La ‘Quesera los Andes’, ubicada en el barrio El Carmen de Bogotá, es propiedad de Miguel Castillo y administrada por Jessica K. Barrientos, otros de los capturados. Allí estuvo 10 minutos el carro bomba antes de que el ‘Mocho’ lo trasladara a la Escuela. Allí habría sido cargado con 80 kilos de explosivos.

Angie Lorena Solano, capturada por el atentado.

(Lea también: Un año del ataque del terrorismo contra el corazón de la Policía)

En la línea de financiación de las actividades ilegales del grupo también fueron capturados Carlos Felipe y Luis Sebastián Mateus. Ellos son hermanos de Álvaro José Mateus, alias el Quesero, capturado el año pasado por sus nexos con el Eln y a quien ya le habían incautado bienes avaluados en 12.000 millones de pesos.

En un carro de la empresa familiar se encontraron uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares. Anyi Daniela Martínez, que trabajaba en la distribuidora El Arauqueño, propiedad de el ‘Quesero’, también fue capturada, señalada de realizar sin justificación transacciones entre 2011 y 2019 por valor de 1.500 millones de pesos. Ninguno de los capturados aceptó los cargos. El miércoles, la Fiscalía pedirá que sean enviados a la cárcel.

El plan suicida

En enero, en una columna del exfiscal Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO se reveló la intención del Eln de realizar un atentado suicida y ahora se conocen nuevos detalles.

En una USB en poder de la Fiscalía se encontró la carta enviada por ‘Pablito’ al Coce para realizar una acción de ese tipo y ofrece a el ‘Mocho’ como la persona que se suicidaría. Añade que dos conductores que lo habían considerado “se habían echado para atrás”.

Mencionan como blancos la Escuela de Artillería y una persona que se movía entre el Palacio de Nariño y la base de Catam y que sería el expresidente Álvaro Uribe. En 2017, el Coce no autorizó ese tipo de atentados por el alto costo político que dañaría cualquier acercamiento con el Gobierno.

(Le sugerimos: ‘El militar pagó, me abusó, y ni siquiera sabe que tuvimos una hijita’) 

Este sábado se conoció que en un operativo murió ‘Culebrito’, quien era la mano derecha de ‘Pablito’ y también hizo parte de la planeación del atentado en la Escuela.

LORENA MUNAR RODRÍGUEZ
Especial para EL TIEMPO
En Twitter: @JusticiaET
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Coronavirus: encuesta revela las precarias condiciones laborales del personal médico en Colombia – Servicios – Justicia

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Vinculaciones laborales informales, elementos de bioseguridad insuficientes, dificultades para transportarse o cambios en sus contratos son algunas de las circunstancias que el personal de salud, la primera línea de defensa en la batalla contra el coronavirus, vive en el país.

Esa realidad, que a cuenta gotas sale a la luz pública a través de denuncias en las redes sociales o los medios de comunicación, fue corroborada por la Contraloría General.

El organismo de control hizo una encuesta en los 32 departamentos del país, en la que participaron 12.230 profesionales de la salud. Entre ellos hay 4.639 auxiliares administrativos, 3.073 médicos, 1.360 enfermeras, 521 odontólogos, 437 bacteriólogos, 218 fisioterapeutas y 190 instrumentadores quirúrgicos, entre otros.

La encuesta, conocida por EL TIEMPO, revela las difíciles condiciones en las que trabaja una buena parte del personal de la salud.

(En otros informes: ¿Por qué Arias todavía no ha impugnado su condena?)

Por ejemplo, una de las principales conclusiones es que aunque hay un 40 por ciento que es personal de planta, con un contrato a término indefinido, los demás tienen vinculaciones laborales inseguras. Así, el 38 por ciento es contratista por prestación de servicios, el 13 por ciento tiene un contrato tercerizado, el 6 por ciento es provisional y el 3 por ciento restante está por libre nombramiento y remoción.

Estas condiciones de tercerización e informalidad no garantizan las condiciones laborales del personal de la salud, sobre todo en estos momentos de crisis

Según el contralor delegado para la participación ciudadana, Luis Carlos Pineda, el derecho laboral se basa en la favorabilidad para los empleados, pero en el sector de salud hay unos “niveles de informalidad” alarmantes. En lugar de tener un contrato laboral, muchos tienen contratos por prestación de servicios que les implica cargas adicionales, que los deja sin una vinculación laboral, sin prestaciones ni estabilidad.

“Estas condiciones de tercerización e informalidad no garantizan las condiciones laborales del personal de la salud, sobre todo en estos momentos de crisis”, dijo Pineda.

Pero la pandemia no solo ha dejado en evidencia las malas condiciones laborales del sector salud, sino que las ha potenciado. El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales, como cambiar su contrato, darles menos o más horas de servicio, o cambiar la forma de pago. El 22 por ciento dijo, por ejemplo, que ha visto reducida su jornada laboral y, con ello, sus ingresos.

El pago del salario no está llegando a tiempo para todos. El 22 por ciento le dijo a la Contraloría que el pago de sus honorarios no es puntual, sobre todo en Cesar, Antioquia y Caquetá. Al 14 por ciento les deben su salario desde hace tres o seis meses, el 5 por ciento dijo que desde hace 6 a 10 meses, y un tres por ciento dijo que llevan más de 10 meses sin pagarles.

(Le puede interesar: Aportantes de las campañas, con 296 contratos de crisis por covid-19)

A las malas condiciones laborales se suman las dificultades para tener elementos de protección y bioseguridad y un transporte seguro. Un dato alarmante de la encuesta de la Contraloría es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad.

El 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad

Por ejemplo, los mismos empleados dijeron que tuvieron que comprar 2.379 caretas de protección, 2.050 monogafas, 2.881 respiradores N95 y 1.135 batas manga larga.

Además, un 20 por ciento contestó que no les entregan caretas en la institución, y otro 20 por ciento, que no les dan monogafas.

La mayoría de quienes dijeron que no les proveen las caretas, según la encuesta, están en Antioquia (17 por ciento), seguido de Norte de Santander (6,27 por ciento), Santander (5,98 por ciento) y Valle del Cauca (3,35 por ciento).

Con todas estas dificultades, cuando la Contraloría le preguntó al personal sanitario qué tan seguro se siente atendiendo pacientes en su institución, el 56 por ciento dijo que medianamente seguro, el 14 por ciento dijo que nada seguro y solo el 30 por ciento está muy seguro en su trabajo. Además, el 53 por ciento cree que debería tener más implementos para garantizar mayor seguridad tanto a los médicos como a los pacientes.

Los 10 departamentos donde hay más inseguridad para el servicio médico son Antioquia, Cesar, Caquetá, Santander, Valle del Cauca, Arauca, Caldas, Norte de Santander, Cauca y Meta.

En cuanto al transporte, el 28 por ciento se mueve en vehículo particular y el 26 por ciento, en moto o bicicleta. Pero el otro 24 por ciento lo hace caminando; el 17 por ciento, en transporte público masivo, y el 5 por ciento, en taxi.

Esta situación también influye en la seguridad del personal médico, pues aunque un 68 por ciento le dijo al organismo de control que no tiene ninguna dificultad para trasladarse al trabajo, el otro 19 por ciento dijo que faltan medios de transporte; el 6 por ciento, que faltan medidas sanitarias en los medios de transporte, y el otro 7 por ciento habló de otro tipo de dificultad.

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Con estos resultados, el contralor Pineda asegura que la situación del personal de la salud en Colombia es “preocupante”, por lo que se necesitan mayores esfuerzos de los ministerios de Trabajo o Salud, de las ARL y los empleadores para que el personal médico pueda trabajar en condiciones más dignas. 

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Violencia sexual: tras abuso de militares niñas indígenas en Guaviare quedaron en embarazo – Delitos – Justicia

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Los pájaros que empezaron a atravesar el cielo, de un día para otro, le robaban la tranquilidad a Leticia. Se preguntaba qué tenía en las entrañas ese aparato que era capaz de alzar vuelo. Soñaba con él y quería verlo de cerca, pero una madrugada observó cómo escupía fuego por uno de sus costados y le preguntó a su mamá si ese pájaro era capaz de hacer eso solo. “Adentro hay hombres, pero son diferentes, porque son de ciudad y tienen el corazón quebrado”.

Leticia, quien hoy tiene 29 años, se ríe y, aún con algo del acento de su dialecto nukak, asegura que no solo los hombres de ciudad tienen el corazón quebrado: “Les basta ser conscientes de que el sexo existe, para que solo quieran eso”. Sabe por qué lo dice, ya que su propia historia es el mejor argumento. Fue madre al cumplir 13 años.

El relato de Leticia y el de otras 22 jóvenes y niñas hacen parte de uno de los trabajos de investigación que la campaña No Es Hora De Callar ha construido en Colombia sobre violencia sexual. Estas mujeres pertenecen a las comunidades Nukak Makú y Guajibos, en el departamento del Guaviare.

Sus abuelos y padres quedaron atrapados en medio de la colonización, la bonanza cocalera, la llegada de las Farc, la incursión de los paramilitares y la ofensiva del Ejército. La guerra los fue cercando y al final los sacó de sus tierras ancestrales y los obligó a comer, vestirse, hablar y adoptar las costumbres de los humanos que estaban al otro lado de su mundo.

(Lea también: Fiscalía indaga 13 casos de violencia sexual en comunidad Nukak Makú)

Y con el desplazamiento llegó también la vulneración de sus derechos. De eso es consciente, solo hasta hoy, la sonriente Leticia. Días después de soñarse con ese pájaro gigante de metal, el traqueteo de los fusiles la hizo salir corriendo junto a los suyos. Eran 17 entre papá, mamá, abuelo, hermanos y tíos. Llegaron ya de noche a San José del Guaviare y durmieron en la calle, en la acera contigua al aeropuerto Jorge Enrique González.

Y en la madrugada, así como había pasado en la selva, el pájaro gigante voló sobre ellos. Leticia lo vio tan de cerca que no podía creerlo; estaba embelesada con el ruido y quedó sin respiración cuando vio cómo salían hombres de él. Su mamá no le había mentido. Eran muy diferentes a los que veían cerca de su resguardo, a pesar de que su ropa se parecía un poco. “Si algún día se los encuentra, no vaya a hablar con ellos. Hay que evitarlos”, le advirtió su mamá.

Eso fue lo que se quedó grabado en la cabeza de Leticia y, por eso, aún 16 años después, no entiende por qué quien le hizo la advertencia con vehemencia la cambió por 10.000 pesos con uno de ellos.(Lo invitamos a leer: Abuso sexual: cada día de cuarentena hay 22 niñas y 4 niños víctimas)

El abuso disfrazado

Vicente Estrada, el nombre que asumió al llegar al “mundo de los blancos”, decidió pelearse con la vida y con su tierra. Salió de las entrañas de la selva del Guaviare, con la segunda oleada de nukaks makú que hizo contacto con unos pobladores desconocidos, en la cabecera municipal de Calamar, en 1992. Iba con Estrella, su compañera, y sus hijos Río, Lucero, Luna y Verde. Esos son los nombres que prefiere guardar para él, porque los verdaderos se los robaron, así como se robaron a todas las mujeres de su entorno familiar.

A su hija mayor la violó un colono; a la siguiente la mataron los paramilitares por negarse a cocinarles. Antes, la violaron entre dos de ellos. La antepenúltima fue reclutada por las Farc y nunca más supo de ella. Y Verde, la menor, fue abusada por un soldado cerca de la base militar de entrenamiento del Barrancón.

No siendo suficiente este dolor, un año después “se ennovió” con otro soldado del batallón Joaquín París, que la dejó embarazada. Verde supo de él hasta los seis meses de gestación, porque lo trasladaron y desapareció. Un suboficial que era su superior le ayudó con algunos pañales, ropa y tres tarros de leche, pero también lo trasladaron. Verde tenía apenas 13 años.

(Además: Dos soldados habrían abusado sexualmente de dos menores en Nariño)

No fue distinta la situación de Lucía. Las operaciones militares contra las Farc arreciaron en el 2007, y San José se llenó de uniformados. Algunas niñas y adolescentes eran obligadas por sus padres o familiares a pararse en la puerta del aeropuerto, en el parque central de la población o en la zona de restaurantes. Extendían la mano pidiendo comida o algo de dinero, y en muchos casos, sexo a cambio de un billete.

Los soldados, conscientes de que estaban ‘negociando’ con menores de edad, transaban por 5.000, 10.000 o 20.000 pesos máximo.

Los soldados, conscientes de que estaban ‘negociando’ con menores de edad, transaban por 5.000, 10.000 o 20.000 pesos máximo

Tan responsables de esta explotación sexual son los padres de las niñas como los militares.

Los 23 casos que documentó No Es Hora De Callar, entre 2008 y 2017, tienen muchas cosas en común, pero un punto en particular que debe llamar la reflexión sobre cómo se naturaliza el abuso sexual: todas fueron niñas madres de 12 y 13 años. Algunas, con un embarazo en su primera relación sexual, porque lo que ofrecieron los padres fue su virginidad. En la búsqueda de estos hombres, solo se pudo ubicar a tres de ellos. Su justificación es la misma: ellas eran las que se ofrecían.

“Hoy sé que no fue solo una relación. Fui violada. Era una indígena virgen y mi familia tenía hambre. Yo era la única mercancía que se podía negociar, pero el militar también sabía que eso estaba mal y, sin embargo, pagó y me abusó. Ni siquiera sabe que tuvimos una hijita”.

Yo era la única mercancía que se podía negociar, pero el militar también sabía que eso estaba mal y, sin embargo, pagó y me abusó. Ni siquiera sabe que tuvimos una hijita

Estas palabras son lo único que desdibujan la sonrisa de Leticia. Sin embargo, el valor es la columna vertebral de su vida, porque paradójicamente la “carga” de un hijo la llevó a salir adelante sola.

Ellas, estas 23 mujeres, son el reclamo urgente de un cambio. Los protocolos, las herramientas y las leyes están escritas. Hay que, de una vez por todas, aplicarlas.

Obligación de prevenir y responder a toda agresión sexual

Desde el 2012, la Fuerza Pública tiene un protocolo para prevenir y responder a casos de violencia sexual, especialmente aquellos cometidos en el marco del conflicto armado.

El documento, que fue sancionado por el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, está dirigido a todos los integrantes de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional.

En virtud de este protocolo, todo el personal debe ser capacitado sobre el documento mismo, así como en materia de derechos humanos bajo un enfoque de género.

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Además, especifica qué deben hacer todos los niveles de mando cuando un integrante de la Fuerza Pública comete una agresión sexual; cómo recibir la denuncia, a quién dirigirla cuando se tenga conocimiento de un hecho de violencia y qué obligaciones se derivan de ello. De no cumplirse, pueden tener lugar responsabilidades disciplinarias y penales, tanto por acción como por omisión.

JINETH BEDOYA LIMA
No Es Hora de Callar
Twitter: @JbedoyaLima

Fiscalía dice que su avión estuvo en EE. UU. por mantenimiento – Servicios – Justicia

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Luego de que Cuestión Pública publicó en Twitter varios trinos en los que expone los movimientos del avión de la Fiscalía General de la Nación, en los que se ve que la aeronave además de estar en San Andrés estuvo dos semanas en La Florida, Estados Unidos, la Fiscalía General emitió un comunicado explicando esos viajes. 

Los viajes señalados son los realizados por el avión Bombardier Learjet-60 modelo 2007, que fue comprado por la Fiscalía General en diciembre del 2014 en Estados Unidos.

En el comunicado la Fiscalía asegura que por disposición de la casa fabricante Bombardier y con el fin de garantizar la aeronavegabilidad del avión FAC 1216, que es de propiedad del ente acusador, se debe realizar sobre la aeronave un mantenimiento preventivo. 

Ese mantenimiento, dijo la Fiscalía, se hace según el tiempo y horas de vuelo, y se realiza en el centro de servicios ubicado en Fort Lauderdale, Estados Unidos. 

(Además: El fin de semana en San Andrés se cumplió agenda de trabajo: Fiscalía)

Es por esto que, aseguró, “atendiendo las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional en el marco del covid-19, y de común acuerdo con la casa fabricante del avión, se programó el vuelo de mantenimiento para el 23 de mayo del año en curso”. 

El tiempo de mantenimiento, dijo la Fiscalía, fue del 23 de mayo al 12 de junio de este año. 

Para la ida y regreso del avión, aseguró el organismo, se contó con una tripulación de la Fuerza Aérea, sin pasajeros. Viajaron un piloto, un copiloto, y un técnico de vuelo. 

(Lea también: ‘Primero que Fiscal General soy padre’: Francisco Barbosa)

Ese desplazamiento, según la Fiscalía, fue aprobado por el Ministerio de Defensa y Migración Colombia. Partió de Bogotá, hizo una escala técnica en Barranquilla y de allí salió a Fort Lauderdale. 

Además, la Fiscalía volvió a referirse al viaje a San Andrés del fin de semana pasada, que ha recibido fuertes críticas porque el fiscal general Francisco Barbosa viajó con su esposa, su hija menor de edad y una amiga de la niña. 

La Fiscalía dijo que ese viaje se dio en el marco de la estrategia ‘Transparencia por la Emergencia’, por medio de la cual se investiga el uso de los recursos en medio de la pandemia del coronavirus. Dijo que esa campaña tiene una “agenda oficial de trabajo en los territorios”, por lo que se realizó la visita a San Andrés en el avión de la Fiscalía General, que salió el 26 de junio y regresó el 29 de junio. 

La Fiscalía finalmente dijo que el último vuelo que realizó el avión FAC 1216 fue el del martes 30 de junio, en un trayecto Bogotá-San Andrés-Bogotá. Dijo que el motivo del viaje fue transportar el esquema de seguridad “requerido en todas las visitas oficiales”. 

JUSTICIA

Páez-Belalcázar: combates generaron temor entre la población civil

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07:01 pm 04-julio

En el municipio de Páez-Belalcázar, se presentaron combates entre el Ejército y disidencias de las Farc.

Luego de esto, y por la reacción de las unidades militares, se intensificaron los combates.

La situación se registró desde las 8:30 de la mañana de este sábado y duró alrededor de tres horas.

Durante el incidente, también se escuchan sonidos de bombas artesanales (tatucos) y otros elementos bélicos utilizados para los enfrentamientos armados.

«Por estas acciones armadas de los grupos armados que desarmonizan nuestros territorios en medio de la emergencia sanitaria. La Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Cxhacxha rechaza de manera categórica las acciones de cualquier grupo armado», indicaron las autoridades nativas de la zona, las cuales ordenaron a la guardia proteger a la población civil.

Disidencias de las Farc, estructura Dagoberto Ramos, atacaron a las tropas desde el Resguardo Indígena de Avirama. Posteriormente, se presentó el enfrentamiento.

 

En Caldono se lanzó convenio avícola nacional

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12:39 pm 04-julio

La proyección es llegar a colocar $150.000 millones en el sector avicultor durante 2020, por medio del Banco Agrario de Colombia.

En Caldono estuvo presente el jefe de la cartera agropecuaria junto con el presidente del Banco Agrario; el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno; algunas autoridades locales del municipio y beneficiarios del convenio. / Suministrada-El Nuevo Liberal.

Francisco Mejía Sendoya, presidente del Banco Agrario.

Un convenio a nivel nacional entre el Banco Agrario de Colombia y Fenavi se firmó en el municipio de Caldono, con el fin de financiar especialmente a los pequeños y medianos productores del país, así le dijo a esta redacción el presidente de esa entidad bancaria, Francisco Mejía Sendoya.

El convenio estipula que Fenavi ofrecerá asistencia técnica y asesoría en bioseguridad y el Banco Agrario los créditos, para que se complementen estos dos aspectos. “Los avicultores podrán tener mejores prácticas, tecnología, bioseguridad y crecimiento en sus negocios”, afirmó el funcionario.

Este convenio de cooperación, que se manejará a nivel nacional con las seis seccionales del gremio avicultor, financiará algunas actividades como bioseguridad, infraestructura, compra de animales, maquinaria y equipos, capital de trabajo e inversión.

Quienes deseen acceder al convenio deben dirigirse a las sedes del Banco Agrario, tener producción y proyectos viables, podrán vincularse. Los afiliados a Fenavi deberán comunicarse con los asesores de esa federación para que agenden una cita con funcionarios del banco.

Si es la primera vez que solicitan créditos tendrán que buscar una cita en esa entidad con un asesor comercial, quien evalúa el proyecto productivo, con base en su viabilidad se hace el trámite. “No exigimos títulos legales sobre la propiedad, sino lo tiene, con un certificado de sana posesión  por parte del presidente de la Junta de acción comunal es suficiente y haremos nuestro trabajo de verificación sobre el productor en centrales de riesgos, sus comportamientos y el flujo de caja del proyecto para la aprobación del crédito”, explicó Mejía.

La razón por la cual se hizo el lanzamiento del convenio en Caldono, según el presidente del banco, es porque hay casos de éxito de asociaciones de productores que se han integrado con grandes empresas avícolas para hacer una relación de mutuo beneficio, donde la empresa Bucanero les da pollos pequeños y el alimento y luego les compra las aves.

“Queremos replicarlo en el departamento del Cauca porque es la manera de ganarle terreno a la ilegalidad que ha querido arraigarse en tantos municipios del departamento. Son ideologías del odio que no creen en el emprendimiento de trabajo, sino que piensan que tienen derechos y no deberes y que todo debe regalárselo el Estado. Creemos que multiplicando estos casos de éxito se le va a cambiar la realidad al departamento que tiene tantas carencias sociales”, expuso Mejía.

El presidente del Banco Agrario también mencionó que los avicultores que necesitan capital de trabajo podrán acceder de manera más fácil a la línea de crédito Colombia Agro Produce, subsidiada por el gobierno “con una tasa de interés de DTF-1, una tasa de interés del 2.9 por ciento anual, por debajo de la inflación, es una oportunidad para los pequeños productores”.

Mejía Sendoya indicó que el Cauca en cuanto a créditos con esa entidad tiene una cartera de 600 mil millones de pesos y desde enero hasta corte de mayo, el banco puso 72 mil millones, de los cuales cerca de 67 mil millones fueron colocados desde que inició el aislamiento obligatorio. “No hemos parado de irrigar créditos en el departamento para que los pequeños productores tengan ese importante insumo, es una cartera sana, con algunas excepciones pero los campesinos caucanos son buenas pagas”.

Entre tanto, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, manifestó: “se va a fortalecer el financiamiento y la asistencia técnica en el sector avícola nacional.  La apuesta es apoyar a los productores en el desarrollo de proyectos productivos que integren el manejo de producción, transformación y la comercialización de sus productos”.

Por último, Pedro Julián Salinas, quien pertenece a la ‘Asociación Pensando en el Desarrollo Campesino e Indígena del Cauca’, afirmó que “el convenio es una herramienta importante para ampliar la capacidad de integrarnos a Bucaneros. En estos momentos tenemos 240.000 pollos y la idea es llegar a 1 millón”. Salinas agregó que a través del convenio pueden acceder a la tecnología requerida para llevar su producción a la empresa que la esté demandando.

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Fiscalía indaga 13 casos de violencia sexual en comunidad Nukak Makú – Delitos – Justicia

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La vicefiscal Martha Mancera contó en la tarde de este sábado cómo van las investigaciones por las denuncias de violencia sexual a menores de edad e integrantes de la comunidad indígena Nukak Makú, en Guaviare, presuntamente por parte de miembros del Ejército. 

Mancera dijo que dentro de los hechos que vienen investigando la Fiscalía General tiene identificados 13 casos de los cuales en tres de ellas se hace un señalamiento contra un miembro del Ejército. 

En estos casos, dijo Mancera, se priorizó el de una menor de 15 años que ha sido conocido a través de los medios de comunicación, y que habría ocurrido el 8 de septiembre del 2019, cuando una niña de 15 años de la etnia Nukak fue encerrada por cuatro días en un batallón, donde la habrían violado miembros del Ejército del Batallón de Infantería n.º 19 general Joaquín París del Ejército, en Guaviare.

(Lea también: En qué va caso por violación de militares a menor indígena en Guaviare)

Mancera dijo que desde el viernes el fiscal general Francisco Barbosa ordenó que un equipo de Medicina Legal, conformado por psiquiatras forenses, psicólogos forenses y un antropólogo fueran al territorio de los indígenas para adelantar las investigaciones, que se harán con un enfoque de la etnia. 

Para ello la Fiscalía tuvo una intérprete mujer que le permitirá al ente acusador avanzar en el proceso. 

(Lea también: Ejército retiró a 31 militares involucrados en casos de abuso sexual)

Dijo la Fiscalía que este caso se conoce desde el 19 de septiembre, cuando comenzaron las investigaciones, la recolección de información y el procesamiento de escena. 

Mancera también dijo que se han hecho entrevistas sobre quienes tienen conocimiento de los hechos, así como el interrogatorio de una de las personas señaladas como partícipe de los hechos de violencia sexual. 

Frente a los otros 12 casos, Mancera dijo que la Fiscalía va a priorizarlos. Así, no sólo será priorizado el caso en el que está vinculado personal del Ejército, sino también los otros procesos que dan cuenta de una victimización de las niñas de la etnia. 

“Va a generarse un equipo de tareas especiales que permitirá avanzar en cada uno de los casos”, dijo Mancera. 

Mancera dijo que la menor de 15 años se encuentra en un sitio de protección del Instituo Colombiano de Bienestar Familiar. 

Finalmente, Mancera también se refirió a la muerte de la niña Salomé Segura Vega, de cuatro años, quien falleció este sábado luego de haber sido violada y golpeada por un hombre que trabajaba para sus padres. 

En el caso contra Sebastián Mieles Betín, de 27 años, capturado por estos hechos, la Fiscalía le había imputado los delitos de acceso carnal abusivo y agravado, así como tentativa de  feminicidio. El ente acusador continuará el caso pero cambiará la tipificación pues ya no se está ante una tentativa sino ante un feminicidio ante la muerte de la niña. 

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