Noticias Diario Bucaramanga

Modelo de gestión de residuos peligrosos /Opinión/ Camilo Sánchez Ortega | Opinión

0 0


La pandemia evidenció la importancia de servicios y trabajadores que antes dábamos por sentado. Entre esos nuevos protagonistas están los que gestionan residuos peligrosos e infecciosos, especialmente en el sector salud y afines con la bolsa de color rojo, obligatoria para este propósito. ¿Qué hubiera sucedido sin este equipo de personas y empresas en una emergencia como esta?

Al inicio de la crisis se priorizaron medidas para garantizar la gestión; los ministerios de Salud y Ambiente emitieron lineamientos para el manejo de los residuos peligrosos infecciosos. En ambientales se expidieron medidas transitorias para ampliar el licenciamiento de las instalaciones de gestión de los mismos e inició el monitoreo del tratamiento de residuos con riesgo biológico nacional.

Las empresas gestoras de los residuos peligrosos han hecho esfuerzos en crecimiento e innovación, lo cual ha permitido atender con éxito la situación; continúan con la recolección, transporte, tratamiento y disposición adecuada de residuos hospitalarios, infecciosos, industriales peligrosos, provenientes de cadenas de posconsumo, atendiendo a más de 30 mil usuarios distribuidos en 15 departamentos y en distintos sectores industriales.

A nivel local, las autoridades ambientales y territoriales también han estado atentas a estas dinámicas. En Bogotá, por ejemplo, con el fin de no generar traumatismos en la prestación, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), extendió el contrato de exclusividad de la recolección y transporte de residuos hospitalarios, infecciosos y similares hasta el 28 de febrero de 2021.

Cumplido este plazo, el Distrito deberá contar con otro esquema para la prestación del servicio para los más de 20 mil usuarios, dentro de los cuales están los centros hospitalarios, veterinarias, peluquerías, servicios odontológicos, entre otros. Hay que resaltar que en Bogotá, aunque la primera parte de la gestión la realiza solo una empresa, en el tratamiento de los residuos intervienen varios actores.

Esta situación es distinta a la del resto del país donde esta actividad se realiza en libre competencia, esquema que ha incentivado la especialización del servicio según las características y ha garantizado la prestación con eficiencia y tarifas competitivas.

Desde la visión empresarial, la finalización del contrato en febrero del próximo año en Bogotá, es una oportunidad para ampliar los servicios ofrecidos por los gestores de residuos hospitalarios e infecciosos en la capital. La libre competencia fortalecerá el sector, con cobertura, calidad y mejores tarifas. Es importante recalcar, como sucede en el resto del país, que no quedarán zonas desprotegidas o mal atendidas.

Ahora la pelota está en la cancha de la alcaldía y a pocos meses del vencimiento, se requieren decisiones urgentes. Para que el nuevo esquema funcione debemos comunicar a los usuarios los cambios, y dar certeza a las empresas para que hagan las inversiones para su prestación. Es hora de repensar el mito sobre la necesidad de seguir contratando con exclusividad la recolección de los residuos hospitaliarios, infecciosos o similares en Bogotá. Seguimos comprobando tras la pandemia que los servicios públicos son indispensables.

Camilo Sánchez Ortega
Presidente de Andesco

Empleo: propuesta de Fajardo y Ocampo /opinión/ Juan Alfredo Pinto | Opinión

0 0


Desde su independencia política, Sergio Fajardo y su equipo, plantean un plan de emergencia encomiosamente concebido. El gobierno debe adoptarlo en esta coyuntura y complementarlo con planes para bajar la presión social convulsiva.

El diagnóstico es claro. Los niveles de desempleo representan una crisis socioeconómica insoportable.

Una tasa nacional del 17%, con niveles arriba del 20% en varias ciudades intermedias, afectación dramática para mujeres y jóvenes, destrucción del capital social y humano e imposibilidad material de reactivación.

La respuesta: diez mil proyectos públicos de empleo de emergencia en dos años en renglones como: servicios sociales, construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura local, vivienda vecinal, reparación y mantenimiento de vías terciarias, cultivos locales y comunitarios, reforestación y protección de ecosistemas, formación académica para la empleabilidad.

El costo es de $3.000 millones por proyecto, 80% para salarios y 140 empleos en cada proyecto. La meta: un millón de empleos con salario mínimo, 200 mil para jóvenes profesionales con 1,5 salarios mínimos y 200 mil empleos de medio tiempo. La cobertura: 32 departamentos, 23 ciudades.

La convocatoria la hacen las gobernaciones, las iniciativas provienen de las comunidades a través de presupuestos participativos de emergencia con respaldo de las gobernaciones y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los jóvenes profesionales juegan papel activo; la asignación es pública y tendrá comités técnicos de apoyo con universidades, cámaras de comercio y organizaciones ciudadanas.

La información será abierta y el reporte de la evolución del proyecto estará expuesto en plataformas de libre acceso.

Una segunda línea de acción incluye crédito y subsidio a través de convocatorias a las Mipymes, segmento en el que se ha producido cerca del 70% de las pérdidas de empleo. Se apoyará la recontratación de trabajadores que perdieron su puesto y la contratación de mujeres y jóvenes.

¿De dónde sale la plata? De una adquisición directa de TES al gobierno por el Banco de la República a través de préstamos internacionales. El valor de las dos líneas de acción es de 50 billones de dólares (5% del PIB en dos fases). A medida que avance este plan de emergencia estarán dadas las condiciones para el ajuste tributario que mejore la progresividad, elimine exenciones y castigue la evasión.

El plan de emergencia debe incluir las organizaciones microempresariales de los territorios y las asociaciones de la pyme, el comercio y la hotelería, el sector cooperativo y los fondos de empleados.

El plan sobreestima la capacidad institucional territorial y requiere del Sena, las cajas de compensación y la sociedad civil. Necesita considerar amortiguadores de presión social como la propuesta del año doce en educación secundaria dedicado a bilingüismo, aptitud matemática, disertación y escritura para mejorar la empleabilidad juvenil, e incorporar positivas experiencias como las minicadenas socio productivas y los mercados locales de artesanías y variedades.

Juan Alfredo Pinto
Exembajador de Colombia y exdirigente gremial
@juanalfredopin1

Covid y financiamiento /Opinión/ Luis Alberto Zuleta | Opinión

0 0


Aunque la duración de la pandemia es aún impredecible, hay hechos visibles que son imprescindibles en una estrategia de financiamiento pública y privada: la brecha de igualdad que es necesario ir cerrando, la debilidad de las empresas de menor tamaño (microempresa, pequeña y mediana empresa), los incentivos a la inversión privada para fortalecer el empleo y las cadenas productivas, y el fortalecimiento de la demanda de los hogares más vulnerables.

La crisis ha producido una caída de mas de 5 puntos del PIB, que puede ser mayor y una caída en el empleo de más de 14 puntos. Como respuesta, la deuda pública ha pasado de 50% a 60% del PIB, que algunos consideran insuficiente. El déficit fiscal es de 8,2 puntos del PIB.

La caída se ha financiado con emisión de bonos externos, deuda con bancos multilaterales (incluyendo el FMI), emisión de deuda pública interna, uso de garantías a cargo del Estado, y recaudo fiscal reducido.

Según informa Crédito Público, el financiamiento de 2020 está cerca de cerrarse, dependiendo de los cambios del último tramo del año.Los usos principales de recursos se han destinado a financiación de la red social de familias vulnerables y financiamiento de nóminas de empresas que lo han requerido, además de los usuales de servicio de deuda, entre otros.

El ejercicio de 2020 sobre financiamiento público requerirá una estrategia de sostenibilidad por lo menos para 2021 y 2022, con las reformas que sean del caso.

Por su parte, el Banco de la República ha prestado un enorme papel relacionado con la liquidez del sistema financiero y el fortalecimiento de las coberturas cambiarias requeridas para el circuito económico.

Pero el Ministerio de Hacienda ha anunciado también la necesidad de reformas en el sistema financiero, y en particular el mercado de capitales. Ello es necesario si las propuestas son las requeridas y el Congreso está a la altura de las circunstancias.

Hasta el momento, el órgano legislativo ha querido intervenir de manera inusitada, aún en el régimen pensional y en negocios que administran el ahorro del público.
La crisis ha mostrado la necesidad de profundizar en la banca virtual y en el fortalecimiento de la eficiencia y competencia en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.

Es fundamental de una vez por todas fortalecer las capacidades de la banca para atender una demanda segmentada con necesidades específicas que no siempre son cubiertas por la oferta existente. Una buena profundización del mercado intermediado y del mercado de capitales debe ir en esta dirección, acompañada de una acertada educación financiera para familias y empresas.

El avance en los pilotos regulatorios, las soluciones de plataformas electrónicas innovadoras, el fortalecimiento de los fondos de capital privado y del mercado de coberturas son temas que ciertamente requieren consolidación.

La banca electrónica y la modernización del mercado de capitales ha ido en favor de menores costos para los usuarios en varios países, permitiendo mayor inclusión financiera y conservando una rentabilidad razonable, pero ante todo sirviendo a la prosperid

Luis Alberto Zuleta
Consultor empresarial.
zuldezub@lzuletaj.com.co

Lo que va de Jacinda a Trump /Brújula/ Francisco Miranda | Opinión

1 0


Hace pocos días la victoria electoral de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, fue tema de titulares de medios de comunicación alrededor del mundo.

Además de llevar a su partido, el Laborista, a su mejor desempeño de los últimos años, la carismática dirigente de 40 años le debe su triunfo en buena parte a su manejo de la pandemia del coronavirus.

Al igual que en las elecciones de Corea del Sur en abril pasado, los votantes neozelandeses premiaron las decisiones que tomó el gobierno de Ardern ante la irrupción de la covid-19. Junto a las cuarentenas y cierre de fronteras- Nueva Zelanda es un archipiélago-, el gobierno de Wellington mantuvo los fallecidos y los contagios al mínimo.

Asimismo la primer ministro Ardern repitió para la pandemia del coronavirus la misma estrategia de unidad nacional que desplegó ante un ataque terrorista contra una mezquita y la erupción de un volcán. Haber manejado con positivo balance este desastre natural, un ataque terrorista y la covid-19, fortaleció la buena imagen de la gobernante.

Al otro lado del espectro de perspectivas políticas afectadas por la pandemia está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A menos de dos semanas de las elecciones norteamericanas, el actual ocupante de la Casa Blanca sigue al menos nueve puntos por debajo de su contendor demócrata, el exvicepresidente Joseph Biden.

A pesar de tener una aceptación mayoritaria en su manejo de la economía, Trump, quien se contagió del coronavirus, fue incapaz durante la campaña en construir una narrativa coherente de lucha contra los impactos sanitarios, e incluso económicos, de la pandemia.

De hecho, el mérito de la campaña Biden, ayudada por la disparada de casos, fue convertir la elección en un plebiscito sobre la gestión de la Casa Blanca frente a la covid-19. Si Trump pierde su reelección, será en buena parte porque minimizó los efectos electorales del coronavirus.

Hugo de la Cuadra: Adobe: novedades en Photoshop, Illustrator, Premiere Pro y After Effects – Novedades Tecnología – Tecnología

1 0

Hugo de la Cuadra



La compañía Adobe presentó esta semana las novedades que fueron incluidas en varios de sus programas y aplicaciones, entre ellos Photoshop, Illustrator, Premiere Pro y After Effects.

En el caso de Photoshop, el programa ahora contará con el sistema de inteligencia artificial Sensei, en donde se incluirá Sky Replacement, Refine Edge y nuevos filtros artísticos que amplían las posibilidades que ofrece la herramienta en cuanto a edición de imágenes.

(Le puede interesar: Por elecciones en EE. UU., Twitter cambia reglas del ‘retuit’)

Por otro lado, Illustrator ahora estará disponible para iPad, ofreciendo un paquete de herramientas principales con 18 mil fuentes distintas. Esta opción está habilitada para los usuarios de Creative Cloud o si se quiere adquirir de forma individual tendrá un costo de 9,99 dólares por mes. En la versión de escritorio se incluyó la función de recolorización artística, que permite cambiar la paleta de color más rápidamente.

El programa de edición de video Premiere Pro ahora trae la función de Speech to text, que automatiza la transcripción de texto de un contenido para así generar los subtítulos de la pieza audiovisual.

(Además: La histórica megademanda de EE. UU. contra Google)

Para After Effects, Adobe lanzó la opción Roto Brush 2, que ayuda a seleccionar y seguir un objeto cuadro a cuadro y aislarlo de forma automática. Por otro lado, Lightroom contará con una función de graduación de color e incluirá la posibilidad de grabar versiones mientras se editan las imágenes.

La compañía también anunció que la aplicación de Fresco estará disponible de forma gratuita para los teléfonos celulares iPhone. Pero cuenta con una versión Premium que funciona en iPad.

También le puede interesar:

– WhatsApp prepara opción de llamadas y videollamadas en su versión web

– ¿Redes de telefonía en la luna?, otro paso para la presencia humana

– Apple lanza el canal Apple Music TV, una especie de MTV

TECNÓSFERA
Twitter: @TecnósferaET

Hugo de la Cuadra

Corte dice que dos magistrados eternos de Sala Disciplinaria de Judicatura son exmagistrados – Cortes – Justicia

2 0



La Corte Suprema de Justicia acaba de hacer un duro pronunciamiento contra la Sala Disciplinaria de la Judicatura, específicamente contra los magistrados Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, quienes suman más de 12 años en ese cargo a pesar de que su periodo constitucional es de 8 años.

En su decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema dice que Garzón y Sanabria son “exmagistrados” que desde hace cuatro años no podían tomar decisiones, y además compulsa copias a la Fiscalía General para que los investigue, si así lo considera, por posibles responsabilidades penales al haber seguido decidiendo como jueces.

(Lea también: 5 magistrados de polémica Sala de Judicatura quieren repetir). 

El alto tribunal se refirió a una “aparente sentencia de tutela” decidida el 8 de septiembre por la Sala Disciplinaria de la Judicatura, con ponencia del denominado magistrado eterno, Pedro Sanabria.

La corporación se refiere a un fallo de tutela en el que la Sala Disciplinaria de la Judicatura decidió devolver a dos personas unos bienes que estaban en su poder, pero que habían sido entregados por ‘el Mellizo’ para reparar a las víctimas. Aunque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se había opuesto a levantar la extinción del dominio y devolver esos bienes, Sanabria resolvió una tutela que revocó ese fallo y ordenó entregarlos a los particulares que los reclamaban. Así, Sanabria le dio a la Corte un plazo de 48 horas para cancelar las medidas cautelares.

(Lea también: Sala Disciplinaria de Judicatura ordena devolver bienes del ‘Mellizo’). 

El fallo de la Sala Disciplinaria de la Judicatura fue decidido con los votos de Pedro Sanabria, Julia Emma Garzón, Alejandro Meza Cardales y Fidalgo Estupiñán. Salvaron su voto (es decir, se apartaron de la decisión mayoritaria) Magda Victoria Acosta, Camilo Montoya Reyes y no participó Carlos Mario Cano Diosa.

Al hacer las cuentas, la Corte Suprema de Justicia –en una decisión unánime de la Sala Penal- señala que ese fallo no se aprobó con el quorum decisorio mínimo legalmente exigido y, por lo tanto, “no existe jurídicamente”.

(Lea además: En medio de polémicas, se mueven fichas para fin de Sala Disciplinaria). 

La razón es que, para la Corte, aunque Sanabria y Garzón firman el fallo y votan a favor de devolver los bienes, considera que ellos dos son “exmagistrados” que no podían tomar decisiones por lo cual, el fallo solo se suscribió con dos votos pese a que el quorum requerido es de cuatro.

“Se trata de dos particulares que no ejercen, a la fecha, el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuya participación en la deliberación y votación de la ponencia no concurre, ni puede concurrir, a la conformación del quorum deliberatorio y decisorio de esa célula judicial”, dice la Sala Penal.

Se trata de dos particulares que no ejercen, a la fecha, el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

En su decisión, la Corte señala que según las leyes, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –que debía dejar de existir desde el 2016, pero que no ha sido eliminada porque el órgano para reemplazarla, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no ha sido todavía creada- debía estar conformada por siete magistrados elegidos “para un periodo de ocho años, por el Congreso Nacional”.

Y esa es la razón por la cual la Sala Penal dice que Sanabria y Garzón son exmagistrados, pues ellos ya superaron su periodo de ocho años. Según la Corte, el vencimiento y culminación del periodo de magistrado supone “la desvinculación automática y de pleno derecho del cargo y, por consecuencia obvia, la imposibilidad de continuar ejerciendo las funciones del mismo”. Para esa salida del cargo, señala la corporación, no se necesita que se expida ningún acto administrativo.

El alto tribunal asegura que, según la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, los servidores públicos “no pueden seguir ejerciendo sus funciones después de que ha vencido el respectivo periodo”.

También cita el reciente fallo de la Corte Constitucional, que dejó sin efectos una decisión del Consejo de Estado que había impedido conformar la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En esa decisión la Corte dijo que el Consejo de Estado había causado un bloqueo inconstitucional que había llevado a “resultados abiertamente inconstitucionales”, como era el hecho de que magistrados de la Sala Disciplinaria siguieran en sus cargos por periodos mayores a ocho años, a pesar de que este periodo es improrrogable e inaplazable.

(Lea: Corte acata tutela de Sala Disciplinaria pero cuestiona su legitimidad). 

Ese periodo, dijo la Corte Constitucional, no puede extenderse “por la inexistencia de vacantes o por ausencia de nombramiento de los funcionarios respectivos o por razones personales o institucionales”. Así, dice la Corte Suprema, citando a la Constitucional, “toda ampliación del período de los magistrados de las altas cortes es inconstitucional”.

Con estos antecedentes, la Sala Penal dice que “los exmagistrados Sanabria Buitrago y Garzón de Gómez” ya terminaron sus periodos hace rato, pues sus 8 años acabaron el 9 de septiembre y el 21 de agosto del 2016, es decir, hace más de cuatro años.

Así, afirma la Corte, para esta corporación está claro que ellos ya no “ostentan la condición de magistrados” por lo cual la orden que le enviaron el pasado 14 de octubre sobre los bienes del ‘Mellizo’ “no es una sentencia judicial sino un borrador”.

Y como la providencia se hizo con ponencia de Sanabria, la Sala Penal dijo que ni siquiera puede considerarse un proyecto de fallo porque estas decisiones solo pueden elaborarse “por un magistrado en ejercicio de su cargo”.

Con todas estas razones, para la Corte la decisión tomada por la Sala Disciplinaria no constituye una providencia judicial y, por lo tanto, sus órdenes no tienen ningún carácter vinculante y no serán acatadas por la Sala Penal.

JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET

Organizaciones de Derechos Humanos preocupadas por intervención de Colombia en Asamblea de la OEA – Servicios – Justicia

1 0



En medio de la 50 Asamblea General de la OEA, que se realiza de manera virtual entre este martes y miércoles, organizaciones de Derechos Humanos han hecho públicas sus preocupaciones por la intervención que Colombia ha estado haciendo en el evento, en particular sobre temas de derechos LGBT y libertad religiosa de menores de edad.

Marcelo Ferreyra, coordinador para América Latina y el Caribe de la iniciativa por los DD. HH. Synergia, expresó que aunque este miércoles la postura de Colombia ha estado más moderada, sus intervenciones del martes generaron preocupación.

(Lea también: ‘Implementar el acuerdo puede ayudar a bajar violencia en Colombia’: CIDH)

Ferreyra explicó que en esta Asamblea, además de otras cosas, se discute la Resolución de Derechos Humanos de la OEA, que es la hoja de ruta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en este tema por todo el año. Esa resolución incluye puntos sobre libertad religiosa y la función de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), y es allí donde Colombia hizo unas intervenciones que algunos consideraron como antiderechos.

Por ejemplo, en lo relativo a la CIM, el borrador de la resolución que están discutiendo los países hacía referencia a la visibilización de la vulnerabilidad y  discriminación de mujeres desde un enfoque interseccional, en relación con temas como discriminación género, raza, y otros. Pero el país, junto con otros, solicitó eliminar esa ‘interseccionalidad’, explicó Ferreyra.

Para él, el riesgo en esto está en que “si esta hoja de ruta no habla de diversidades de la mujeres, el SIDH podría dedicarse en su monitoreo de las violaciones de derechos humanos o sus informes solo a un tipo de mujeres, y dejaría a todo el resto de las mujeres de la región por fuera”.

Sobre esto se expresó también otra ONG que explicó que esto plantea una sola figura de mujeres, desconociendo que pueden ser afro, indígenas, LGBT, entre otras. 

Esta organización citó que Colombia también pidió eliminar la frase ‘diversidad de las mujeres’ en una parte de la resolución relativa al accedo de víctimas a la justicia que dice: “el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, así como la reparación de sus derechos, según corresponda, con especial atención a la diversidad de las mujeres en la Región”.

Igualmente, la ONG Caribe Afirmativo, organización que trabaja por los derechos LGBT, reprochó las propuestas de Colombia. “La diplomacia colombiana, promoviendo exclusión en escenarios internacionales en la OEA. Embajador @A_OrdonezM (Alejandro Ordóñez) se niega a reconocer la diversidad en las mujeres y el enfoque interseccional, así como a condenar la discriminación de los niños en la declaración de la Asamblea OEA”, publicaron en sus redes sociales. 

(Le puede interesar:  OEA alerta por aumento de violencia de género en zonas vulnerables)

En cuanto al tema de libertad religiosa y moral, la polémica giró en torno a que el país, apoyando una propuesta de Bolivia, pidió incluir el derecho de los padres a definir la enseñanza religiosa o moral de sus hijos de forma absoluta. Para Ferreyra, en este tema se debe reconocer el interés superior de los niños, no necesariamente lo que digan sus padres o el Estado.

Sobre el tema de la educación moral, Catalina Martínez Coral, directora Regional para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, recordó, en publicaciones en sus redes sociales, un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Paola Guzmán versus Ecuador, en donde la Corte recalcó que todas las niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual integral, basada en pruebas rigurosas para que puedan entender las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas e identificar situaciones de abuso.

(En contexto: Paola vs. Ecuador: una histórica condena a la violencia sexual escolar)

Y la representante a la Cámara Juanita Goebertus, a través de sus redes sociales indicó que era una vergüenza internacional para Colombia oponerse “a incluir la no discriminación y el interés superior de los niños en la resolución de libertad religiosa”.

De otro lado, en la resolución un aparte hablaba de: “Hacer énfasis en que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencia y la libertad de expresión están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente; y destacar, además, el papel que estos derechos pueden desempeñar en la lucha contra todas las formas de intolerancia, violencia y discriminación de todo tipo”. Y Colombia propuso incluir al final el aparte “incluso cuando estas van dirigidas a creyentes religiosos por su fe”, resaltando una protección a los creyentes religiosos.

¡Más vergüenzas internacionales de Colombia!🤦🏽‍♀️

En Asamblea de la OEA @CancilleriaCol se opuso a incluir la no discriminación y el interés superior de los niños en la resolución de libertad religiosa.

Y en la resolución de mujeres se opone al reconocimiento de las diversidades.

— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) October 20, 2020

Sobre por qué es grave que se busquen hacer estos ajustes en la resolución de DD. HH. Ferreyra explicó que el no incluir el interés superior de los niños en cuanto a libertad religiosa permitiría que sus padres o los Estados lo establezcan. 

Y otra organización de Derechos Humanos expresó que, aunque los ajustes parecen pequeños, cambian el alcance del SIDH, por lo que consideraron que eliminar temas como la interseccionalidad o la diversidad de mujeres, pueden invisibilizar y debilitar los estándares en estos temas.

(Además: Piden a Comisión de Verdad capítulo de violencia contra personas LGBT)

La respuesta del Gobierno

Sobre estos comentarios, la Cancillería colombiana expidió este martes un comunicado en el que expresó que Colombia respeta el derecho a la libertad de conciencia y religión y que “la actuación de Colombia en las negociaciones de resoluciones jamás ha estado dirigida a promover la discriminación o atentar en contra de intereses de niños o mujeres en la región”.

La entidad añadió que Colombia, junto con un amplio número de países, ha respaldado en las consultas sobre libertad religiosa las propuestas para evitar la discriminación basada en género “y otras condiciones de vulnerabilidad y categorías sociales”, y ha pedido que se garantice a mujeres y niñas la libertad religiosa, sin excepción así como respaldado “la prevalencia del interés superior de la niñez en el contexto de la libertad religiosa y de creencias”.

Otras notas de Justicia que pueden interesarle:

-Cayó el capo de ‘Los Pelusos’, que controlaba la coca en El Catatumbo

-Las 162 preguntas de Corte al admitir demanda contra delito de aborto

-Salvatore Mancuso declarará el viernes en la Comisión de la Verdad

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

Fútbol

5 0


ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

rrfernandez@unicauca.edu.co

Durante la cuarentena que empezó en marzo-2020 perdí el gusto por el fútbol, debido a varias cosas. Antes era fanático de la selección Colombia y de un equipo local y algún otro equipo de Argentina y de Brasil. Estaba dominado por una cierta enajenación que no me permitía ver críticamente la gran cantidad de circunstancias anómalas que siempre han condicionado a este deporte.

En él todo ha sido dinero, ha sido un gran negocio para todos los vinculados a esta actividad directa o indirectamente. Lo que menos ha importado es el fútbol, el juego en sí.

El periodismo deportivo, que vive del fútbol casi exclusivamente, es el encargado de agitar las pasiones y las barras bravas, y -claro- luego se queja de la violencia desatada. Ahora, con la emergencia sanitaria, cuando no hubo fútbol, pudimos librarnos de muchos de estos manipuladores, que juran sabérselas todas, pero que con voz apagada pedían a sus amos el pronto regreso de los partidos.

Al mismo tiempo, vimos a los dirigentes en todo su esplendor: puramente codiciosos, grandes corruptos, y enjuiciados a nivel nacional e internacional.

También hubo espacio para sopesar las implicaciones de los dineros invertidos en las compras de equipos y de jugadores, que en la mayoría de los casos lavan muchos dólares del narcotráfico y de otros delitos. No hay en ello nada para enorgullecerse, no se trata de jóvenes colombianos triunfando en el exterior, los juegos de capitales no tienen patria. Un ejemplo entre muchos fue la pataleta de Messi, el llamado mejor jugador del mundo, que protestó hasta cuando llegó su padre, se calló cuando firmaron el nuevo contrato, y se quedó dónde estaba. No importó el juego, ni los hinchas, ni su patria, todo lo decidió el dinero.

Hubo un tiempo en que parte de la identidad colombiana, el sentimiento de la colombianidad, afloraba cuando la selección ganaba; todos nos sentíamos pertenecientes a un grupo especial, patriotero, y salíamos a las calles con banderas y camisetas, jornadas que terminaban con peligrosas rumbas. Temporalmente no nos importaban los problemas sociales. Pero ahora, con el virus, y aunque gane la selección, la suspensión futbolera nos dejó tiempo para valorar muchos de estos significados, sin los alaridos de locutores y comentadores, pero siempre con las torpezas de directivos y jugadores.

Y nos dimos cuenta –por fin- de que podíamos vivir sin el fútbol, y que hay otras actividades mejores y más limpias. El fútbol ya no es “el deporte del pueblo” porque ahora es de los grandes inversionistas, de los magnates mafiosos, y es claro que para poder disfrutar de los partidos –solo por TV- hay que pagar a las multinacionales.

Tampoco los jugadores son “héroes” sino solo contratistas ególatras, que no ocultan sus miserablezas ni guardan pena por la pérdida del juego bonito. Y los dirigentes son lo peor, todos capando cárcel.

No existe “la casa de la selección”, ahora hay unos estadios vacíos, y si se llenan habrá reventas y estafas con las boletas, y todo se reducirá al negocio televisivo financiado por apuestas para nada santas.

Ya no nos atrapan con “los goles de la semana”, ni con “las altas y bajas de los equipos”, ni nos cautivan las copas internacionales, ni las estrellas nacionales, todas ellas haciendo parte de oscuros negocios ligados al crimen organizado.

Ni James ni Falcao en manos de sus manejadores son noticia con sus altibajos, como sí lo son las protestas ciudadanas, las mingas, que son vistas y reconocidas ahora como derechos y deberes.

Caso Odebrecht: Inicia el juicio contra expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade – Delitos – Justicia

3 0



La Fiscalía señaló que el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, intentó ocultar evidencias de reuniones con procesados y condenados por el caso Odebrecht.

Durante la audiencia de inicio de juicio contra Andrade, la Fiscalía señaló que el exfuncionario alteró registros de las visitas a la ANI realizadas por el exsenador Bernardo Elías Vidal, condenado a seis años de cárcel por irregularidades en los contratos de la Ruta del Soll II

“Ocultó información, alteró la realidad y en consecuencia intento afectar la administración de justicia”, dijo el fiscal del caso, quien señaló que Andrade intentó con su actuar distanciarse de los procesados por el escándalo.

Y señaló que interfirió para que su subalterno Juan Sebastián Correa, faltará a la verdad “le da instrucciones sobre qué debe decir” en cuanto a las reuniones con el Ñoño Elías.
Añadió el fiscal que se intentó ocultar reuniones “clandestinas no institucionales” en las que se habló de contratación.

Sostuvo igualmente que Correa terminó faltando a la verdad en sus declaraciones a la Procuraduría y la Corte Suprema.

Igualmente señaló que las acciones de Andrada terminaron por contribuir a los beneficios ilegales que recibieron quienes influyeron en la adjudicación de la adición.

La Fiscalía le imputó en su momento los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento o alteración de elemento material probatorio y falso testimonio como determinador.

En la diligencia la Fiscalía señaló que va a demostrar en el juicio que Andrade tuvo interés en la adición de la ruta Ocaña Gamarra para cumplir la exigencia del exsenador Ñoño Elías.

El abogado suplente Héctor Hernando Escobar, defensor de Andrade, señaló que la Fiscalía no va a poder probar la teoría de su caso y cuestionó que el ente acusador incluyó evidencias que no podrá usar en el juicio.

Añadió que su cliente no incurrió en irregularidades y que la multinacional Odebrecht logró llegar a funcionarios de la ANI como Juan Sebastián Correa, testigo contra
Andrade, pero no al director de la entidad.

Escobar señaló que la mayor parte de la teoría de la Fiscalía está sostenida en testimonios de personas vinculadas el caso de corrupción y que recibieron beneficios judiciales del ente acusador.

Igualmente dijo que la obra era un plan de infraestructura nacional promovida por varios gobiernos y no una idea de Andrade.

Dijo el abogado que el hombre de Odebrecht en la ANI no era Andrade sino su subalterno Juan Sebastián Correa.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET
justicia@eltiempo.com