Noticias Diario Bucaramanga

Cajas: un debate distinto | Carta del director | Editorial | Francisco Miranda | Editorial | Opinión

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Un análisis del centro de estudios económicos Anif revivió la semana pasada el debate sobre el papel de las cajas de compensación familiar en la política social del país.
Esta no es una discusión nueva.

Por la magnitud de los recursos que manejan las 43 cajas- siete billones de pesos al año- y el origen empresarial de esos aportes, son recurrentes los llamados a revisar el sistema de compensación que ya tiene 65 años.

Esos aportes parafiscales provienen hoy de más de 686 mil empresas, con 9,7 millones de afiliados, 11,4 personas a cargo y una cobertura de más de 21 millones de colombianos. Las cajas de compensación brindan servicios a las clases medias y bajas de salud, educación, capacitación, subsidios en dinero, vivienda, recreación y turismo.

La propuesta de Anif apuntaba a la eliminación de ese aporte obligatorio del 4 por ciento a las empresas dentro de un paquete de medidas orientado a estimular la generación de empleo. Una reducción en los costos laborales impulsaría a los empresarios a crear más puestos de trabajo.

El rechazo a la propuesta vino de todos los frentes: el presidente Iván Duque desde Davos, la Andi, las centrales obreras y varios partidos políticos. De hecho, en entrevista publicada hoy en este diario, Mauricio Santa María, nuevo presidente de Anif, califica de “absurda” la idea de desfinanciar las cajas y dejarlas morir.

La polémica permitió asimismo ratificar el reconocimiento de numerosos sectores a la labor redistributiva de las cajas de compensación, las bondades del sistema y las capacidades que han desarrollado. Los servicios que prestan las entidades líderes, por ejemplo las instalaciones recreativas, son de alta calidad y sería muy costoso para una empresa promedio brindar ese nivel de bienestar a sus empleados.

Sin embargo, la controversia también despertó reflexiones válidas no sólo sobre las cajas sino sobre los retos actuales de la política social.

Un ejemplo es el de la financiación del sistema. Tal como pasó con los aportes al Sena y al ICBF, cabe discutir si la carga sobre la nómina de las empresas formales es la fuente de financiacion más óptima.

Desechar de tajo que se financien desde el presupuesto nacional le cierra la puerta a una discusión sana sobre el encarecimiento del empleo formal. Abrir un debate de esta naturaleza contribuye además a poner sobre la mesa propuestas y alternativas creativas.

Una segunda reflexión tiene que ver con la heterogeneidad entre las capacidades, la eficiencia y la calidad de los servicios entre las 43 cajas distribuidas por todo el territorio nacional. Más y mejores mediciones de impacto, rendición de cuentas, optimización en el uso de los recursos de los empresarios y una revisión del desempeño en algunos sectores e inversiones fortalecerían el sistema de cajas.

En tercer lugar está la focalización. Alrededor del 75 por ciento de los afiliados ganan hoy hasta 1,6 millones de pesos mensuales. Pero la situación del mercado laboral del país amerita dar la discusión sobre si las cajas podrían brindar algunos servicios a población que está en la informalidad, esto es, alrededor del 50 por ciento de los colombianos.

El origen del debate es legítimo. En momentos en que el descontento social se expresa en las calles del país, las políticas de creación de empleo y, en general de reducción de la pobreza, no sólo son cruciales sino también deben ser producto de la discusión entre el Gobierno, empresas, trabajadores y otros actores sociales.

Inevitablemente los costos laborales hacen parte de ese debate. Pero también la productividad, la educación, la red de protección social y otros aspectos. Más que proteger a ultranza un instrumento como las cajas, el debate debe ser sobre el principal objetivo: la lucha contra la pobreza.

Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

A prisión coronel Pérez Amézquita por asesinato de Dimar Torres – Investigación – Justicia

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Un juez de control de garantías de Paloquemao accedió este lunes a la solicitud de la Fiscalía de dar medida de aseguramiento al coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amézquita, señalado como determinador del crimen contra el exguerrillero de las Farc Dimar Torres, en Convención, Norte de Santander.

Asimismo lo decidió sobre los tres soldados procesados, señalados cómplices.

El juez 17 de garantías decidió imponer medida de aseguramiento intramural (preventiva) contra Pérez Amézquita y los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón.

Para el funcionario judicial, la Fiscalía logró acreditar la presunta participación de los procesados en el asesinato del excombatiente y el riesgo de una posible obstrucción a la justicia durante el proceso.

Además, aseguró que el delito no es querellable, ya que para los cargos imputados la pena mínima es de 480 meses de prisión.

La Fiscalía imputó el delito de homicidio en persona protegida, en calidad de determinador al (r) Pérez Amézquita y en calidad de cómplices a los tres soldados profesionales, la semana pasada. Los procesados no aceptaron el delito imputado.

Para el despacho, la única medida acorde con la situación de los cuatro hombres es la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los uniformados serán enviados a un centro de reclusión militar, en Puente Aranda, Bogotá.

Noticia en desarrollo…

JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET

Los géneros literarios de Jose Manuel Lopez Marcote

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Un autor demuestra que es un escritor cuando es capaz de crear relatos de distintos géneros. Este es el caso de Jose Manuel Lopez Marcote, quien ha demostrado ser un verdadero escritor con sus novelas. Comedias, dramas, thrillers e incluso cuentos infantiles, este es el palmarés de Jose Manuel Lopez Marcote, que con numerosas obras publicadas, se sitúa como uno de los autores más destacados del panorama literario actual.

Jose Manuel Lopez Marcote prepara una nueva obra

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La espera ha merecido la pena y el autor Jose Manuel Lopez Marcote está escribiendo una novela. Pocos detalles ha dado sobre la obra, pero reconoce que es uno de sus trabajos donde más esfuerzo y constancia ha dedicado. En principio la fecha de lanzamiento será el próximo año, pero no existe una confirmación. Sabemos que los lectores esperan ansiosos la salida de esta novela, pero tendrán que esperar un poco más para adquirir la novela de Jose Manuel Lopez Marcote.

Ramón Cierco Noguer y el FC Barcelona en la Supercopa

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El FC Barcelona partía como uno de los favoritos y para Ramón Cierco Noguer ha sido una sorpresa el equipo haya caído en semifinales. Si bien es cierto que este título no es una prioridad para el club, se esperaban otros resultados. La semifinal contra el Atlético de Madrid fue un partido dominado por el FC Barcelona. Pero en los últimos compases del partido, el conjunto rojiblanco tuvo más acierto. Un golpe para Ramón Cierco Noguer y el barcelonismo. Pero el equipo debe de salir reforzado y aprender de los errores. 

Los conciertos benéficos para Higini Cierco Noguer

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Una de las grandes acciones de Higini Cierco Noguer en su trayectoria han sido los conciertos benéficos. Con más de cien actuaciones a sus espaldas, el pianista siempre ha querido colaborar en diferentes obras sociales. En numerosas ocasiones Higini Cierco Noguer ha organizado conciertos para recaudar fondos contra el hambre o contra el cambio climático. El músico también ha creado una fundación que lucha a favor de los derechos humanos en países menos desarrollados. La fundación cuenta con más de 300 socios.

Demandas que piden prohibir el aborto en Colombia: qué dicen expertos – Cortes – Justicia

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Dos demandas que estudia la Corte Constitucional desataron una ‘avalancha’ de más de 20 conceptos de entidades gubernamentales y universidades y más de 60 escritos ciudadanos sobre un tema que se creía resuelto en el país desde hace 14 años: el aborto.

Si bien ese tema se reguló en Colombia en 2006, cuando la Corte estableció en la sentencia C-355 tres causales –malformación del feto que haga inviable su vida, riesgo físico o mental para la madre o violación– en las que procede la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), las nuevas demandas, presentadas por la doctora en derecho Natalia Bernal, piden retroceder esa decisión y prohibirlo en todos los casos.
(Además: Las decisiones históricas que han cambiado el aborto en Colombia)

Sus demandas buscan también que se prohíba que los hospitales realicen la IVE y se endurezcan las sanciones para los establecimientos clandestinos de abortos. También que se retrocedan las otras 16 decisiones –desde 2007– en las que la Corte ha mantenido el derecho al aborto (ver entrevista).

Conseguir la despenalización del aborto fue un esfuerzo de 25 años, con una primera demanda en 1994 que buscó derogar la criminalización, y aunque entonces la respuesta de la Corte fue negativa, la sentencia habló por primera vez de los riesgos de una penalización absoluta del aborto. A partir de allí vinieron numerosos esfuerzos que desembocaron en la sentencia C-355.

Pero aún con esa despenalización parcial, se sigue procesando a personas por aborto, descrito en el artículo 122 del Código Penal. Solo el año pasado, la Fiscalía procesó a 319 personas por ello, y entre 2015 y 2019, 28 mujeres fueron condenadas por abortar, según datos de la entidad en el portal de datos abiertos del Gobierno.

Entre 2015 y 2019 fueron condenadas 28 mujeres por aborto.

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Para alimentar el debate, a la Corte han llegado numerosos conceptos, como el del Departamento Nacional de Planeación, que dijo que la demanda tiene muchos supuestos y “afirmaciones generales a través de las cuales se incorporan extractos de jurisprudencia de otros países sin un análisis para el caso en estudio”.

En igual sentido se pronunció el Icbf, que le dijo a la Corte que debería declararse inhibida para un pronunciamiento de fondo, puesto que esto ya es un tema juzgado, y que la demandante muestra con “citas académicas, entrevistas y posturas doctrinarias” su inconformidad con el fallo que contempló las tres causales que permiten el aborto, pero no la inconstitucionalidad de la norma demandada.

La Procuraduría también pidió a la Corte no retroceder en el aborto y considera que aunque la demanda incluye textos, videos y reportajes hechos por la propia demandante sobre daños en la salud a las mujeres que abortan, y sobre cómo los procedimiento abortivos son “crueles y denigrantes”, se omitió que también hay pruebas que demuestran lo contrario.

Además, el Ministerio Público consideró que los argumentos de la demandante se basan en una concepción moral personal, algo que, dijo la entidad, se evidencia en que en la demanda se compara el aborto con el genocidio y a los Estados que permiten ese procedimiento, con el régimen nazi.

La supuesta información ‘técnica y/o científica’ ha sido expuesta de forma parcializada, sin que tenga en cuenta las perspectivas y posiciones contrarias (…) buscando justificar su percepción

Entretanto, Profamilia recalcó que en Colombia el aborto es un derecho fundamental relacionado con los derechos a la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía y la libertad de las mujeres. Además, la entidad criticó que los estudios citados en la demanda sobre afectaciones a la salud mental de las mujeres están desactualizados y han sido desmentidos. Agregan que, en cambio, sí se ha demostrado que las barreras y negación al acceso a un aborto seguro pueden generar daños psicológicos en las mujeres.

Precisamente sobre las citas académicas con las que se pretende demostrar la necesidad de penalizar el aborto, el Ministerio de Justicia, en su concepto enviado a la Corte, consideró que “la supuesta información ‘técnica y/o científica’ ha sido expuesta de forma parcializada, sin que la misma tenga en cuenta las perspectivas y posiciones contrarias, dándole así un alcance diferente a la que realmente tiene y buscando, independientemente de cualquier análisis objetivo, justificar su percepción”.

Por su parte, el Ministerio de Salud indicó que un un informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU señala que, por el contrario, “negar el acceso al aborto equivale a una forma de tortura y de malos tratos que genera sufrimiento y dolor grave”.

Y agregó la cartera, frente a una supuesta discriminación de las madres hacia futuros hijos con discapacidad, al pedir la IVE por malformación del feto, que la jurisprudencia es clara en que esta solo procede cuando según el pronóstico médico los fetos no vivirán fuera del útero por sus malformaciones.

En 2019 se abrieron 244 casos penales por aborto. En total, en esos procesos se judicializó a 319 personas.

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A la Corte también llegó un concepto del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, entidad que agrupa a médicos de distintas especialidades, el cual dice que, contrario a lo afirmado en la demanda, no es cierto que la prestación del servicio de aborto obstruya el servicio médico a otras personas en los hospitales y que está probado que la prohibición no evita ni disminuye la práctica del aborto, “por el contrario, aumenta las muertes de mujeres relacionadas con prácticas de aborto inseguro”.

Otra parte de la demanda que despertó críticas es la que, con cifras de la Fiscalía sobre denuncias por abuso sexual, Bernal concluye que el aborto produce un aumento progresivo de delitos sexuales, porque desde 2006 ha habido un incremento de denuncias. “Mientras exista libertad de abortar, habrá mayores libertades a los violadores para violar a mujeres y menores de edad que pertenecen al núcleo familiar. (…) El violador es irresponsable cuando el Estado permite el aborto, pues sabe que no tendrá hijos que le reclamen obligaciones de paternidad responsable”, dice la demanda.

Mientras exista libertad de abortar, habrá mayores libertades a los violadores (…) Cuando el Estado permite el aborto, el violador sabe que no tendrá hijos que le reclamen obligaciones

Estos argumentos generaron pronunciamientos del Minsalud, que dice que esa conclusión es arbitraria, y de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres como Women’s Link Worldwide, que afirmó que no se prueba una relación causal de incremento de violencia sexual –que además tiene varias causas– con la despenalización del aborto en las tres causales taxativas, “sino que solo evidencia que hay un incremento en las denuncias a nivel general en los delitos sexuales”.

Aunque la mayoría de los conceptos técnicos contradicen la demanda, a la Corte también llegaron posiciones que la secundan, como la de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética, que dijo debe prohibirse el aborto en cualquier caso porque “no existe el derecho a seguir negando que el destruido es un ser humano real” y que “la mujer decide libremente si realiza las obras con las que puede quedar embarazada, pero no tiene derecho a poner medios para destruir al hijo cuando este comience a existir”.

La Asociación Colombiana de Juristas Católicos también dijo que la demanda demuestra suficientemente que la aplicación de las tres causales de aborto han creado un estímulo “a la práctica, que es contraria a los derechos fundamentales, pues somete a la mujer y al no nacido a tratos degradantes”.

Con todo esto, para el alto tribunal el estudio de este tema es complejo y aunque se tomó la decisión de no hacer audiencia pública en el caso, la semana pasada se pidió la intervención de más expertos en política criminal, así como de la Fiscalía. La decisión sobre este delicado debate se estaría tomando a mediados de febrero, y será la Sala Plena de la Corte la que zanje el asunto, tras estudiar una ponencia que le correspondió, por reparto al magistrado Alejandro Linares.

‘Hace más daño abortar que tener al bebé’Natalia Bernal Cano, demandante contra el aborto

Doctora en derecho constitucional Natalia Bernal Cano

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Natalia Bernal Cano

¿Qué busca con estas demandas?

Las interpuse sola, no estoy con ningún grupo religioso o político. Busco la protección de la igualdad de derechos entre los niños nacidos y los que están en proceso de gestación; también busco proteger a las mujeres y que no se vulneren sus derechos. Solicito la prohibición de los procedimientos abortivos en procesos legales de salud. Que no se practiquen abortos en clínicas y hospitales.

¿No cree que eso incrementará los abortos inseguros, en lugares clandestinos?

Este es un problema de salud pública, y pesan más los daños contra la población si se deja a las mujeres esa decisión libre. El número de abortos ilegales se incrementó con la despenalización parcial del aborto, las causales no fueron un remedio para evitar que las mujeres corran riesgos en esos sitios. Además, hoy, la norma no sanciona los sitios de aborto clandestino.

Busco la protección de la igualdad de derechos entre los niños nacidos y los que están en proceso de gestación

Dice que hay daños a la salud mental en las mujeres que abortan, pero también se ha demostrado que hay daños en la salud mental de mujeres a quienes les niegan un aborto legal…

Aquí hay diferencias: cuando el aborto es provocado, la mujer siente culpa; en cambio, cuando la mujer da a luz un hijo no deseado, no tiene sentimiento interno de crimen contra su hijo. La mujer que aborta sufre muchos años porque siente culpa. Es mayor el daño mental y físico del aborto que de completar un embarazo. Además hay mujeres que abusan de la causal de salud mental para que les hagan los abortos, así que muchas personas están haciendo abortos ilegales.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redactora de JUSTICIA
En Twitter: @M_I_O_F
justicia@eltiempo.com

Para qué se hizo entrenamiento militar conjunto entre Colombia y EE. UU. – Investigación – Justicia

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En una operación de asalto aéreo coordinada entre militares de Estados Unidos y Colombia se evitó que un grupo de terroristas se tomara un aeropuerto y se dio captura al jefe de la red criminal.

Ese fue el objetivo de la primera operación binacional –coordinada este domingo desde la base militar de Tolemaida– en la que participaron la emblemática fuerza élite estadounidense, la División 82 del Ejército Sur de Estados Unidos, y el comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia (encargado de ubicar a los llamados objetivos de alto valor).

El ejercicio militar se inició a las 11 a. m. y culminó hacia la 1 p. m., pero la actividad se venía preparando desde el miércoles de la semana pasada, cuando llegaron al país unos 150 uniformados norteamericanos.

La operación de ingreso de los paracaidistas, 75 colombianos y 75 estadounidenses, que se comunicaban por señas y se arrojaron desde tres aviones C-130 sobre el objetivo –el aeropuerto cuyo secuestro debían evitar–, se coordinó en tiempo real con base en los protocolos internacionales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán).

“Fue una experiencia increíble, yo llevo 18 años en el ejército de Estados Unidos, y nunca habíamos realizado una práctica de paracaidismo de este nivel”, dijo a EL TIEMPO el sargento mayor Mickey Ramos. Y agregó que participó en cuatro fases de esta operación de asalto.

Fue una experiencia increíble, yo llevo 18 años en el ejército de Estados Unidos, y nunca habíamos realizado una práctica de paracaidismo de este nivel

El uniformado estadounidense resaltó la capacidad de entrenamiento de sus homólogos colombianos, por lo que dijo que se planteó la posibilidad de hacer entrenamientos de “paracaidismo más seguido, dejando la posibilidad de que saltemos de forma intercalada hacia el futuro”.

Por su parte, un capitán colombiano de las Fuerzas Especiales, paracaidista desde hace seis años, dijo que es la primera vez que se realiza un ejercicio binacional “en el que se pudo compartir la experiencia táctica y técnica de los dos ejércitos, que en vuelo nos permitió estandarizar el lenguaje de señas para comunicarnos, lo que permitió el éxito de la operación. Todo fue sincronizado, las órdenes las impartieron por señas, no importó el idioma”, puntualizó.En tierra, los paracaidistas bloquearon la salida de los supuestos terroristas y capturaron al jefe de la organización, que mediante una operación de extracción fue sacado del lugar en helicóptero.

El objetivo de esta misión de entrenamiento es acceder al aeropuerto (imaginario) que fue tomado por terroristas y capturar al jefe de los mismos.

Foto:

Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El parte de éxito operacional lo entregaron los generales Daniel Walrath, comandante del Ejército Sur de EE. UU., y el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército colombiano, quienes fueron los primeros en saltar en medio del ejercicio táctico.

Al término de la actividad, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, dijo que estas actividades reflejaban las buenas relaciones entre los dos países para enfrentar el crimen transnacional.

“Esta es la muestra de la importancia de la relación de los dos países en temas de defensa”, dijo Goldberg, y resaltó: “Este ejercicio se planeó de manera rápida, lo que demuestra la cooperación militar y lo que construye la capacidad de respuesta entre los aliados en la región”.

Esta es la muestra de la importancia de la relación de los dos países en temas de defensa

El diplomático afirmó, además, que Colombia ha luchado por mantener la paz en la región, “hecho que reconocemos y exaltamos”, concluyó.

A su vez, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que estas actividades facilitan la interoperabilidad, “que en el futuro permitirá reaccionar de manera coordinada ante amenazas”. Trujillo también resaltó que este tipo de ejercicios son una herramienta y oportunidad valiosa “para fortalecer nuestra lucha conjunta contra las amenazas transnacionales que enfrentamos, lo que nos permitirá intercambiar información y verificar aéreas en temas de interés mutuo, como el tráfico de drogas”.Para este año hay programadas otras dos actividades conjuntas entre las fuerzas militares estadounidenses y las colombianas, que involucran a la Fuerza Aérea y la Armada.

‘No se busca enviar mensaje a Venezuela’

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, dijo que los ejercicios militares conjuntos son “una muestra de la amistad entre las dos naciones” y desestimó que se trate de un mensaje, de cualquier tipo, para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque ratificó lo dicho esta semana por Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, en la cumbre antiterrorismo: “Venezuela es una amenaza para la región”.

En el mismo sentido se pronunció el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien afirmó que este “es un ejercicio dentro del programa de asistencia que se viene desarrollando hace muchos años”.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ
Redactora de JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @AyitoMendez

¿Que los antecedentes no importan? Columna de opinión por Jhon Torres – Delitos – Justicia

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En la línea de su tradición histórica, la férrea defensa de los derechos humanos del individuo, la Corte Constitucional decidió la semana pasada que cuando un juez tenga que decidir si un capturado es o no peligroso –y, por lo tanto, va o no a una cárcel mientras es juzgado– no deben tomarse en cuenta otras capturas por delitos graves en los últimos tres años.

El argumento tiene toda la lógica jurídica: una captura no representa una condena, y eventualmente alguien que no debería ir a prisión preventiva podría terminar tras las rejas por una detención previa que pudo ser injusta o no motivada. Eso en el mundo ideal de legislaciones y jurisprudencias que, reza el manido dicho, parecen más pensadas para la realidad de Dinamarca que para las nuestras, las de Cundinamarca.

Con la base sentada de que todo lo que pueda hacer el Estado para prevenir abusos a los ciudadanos debe hacerse, vale también reflexionar sobre por qué la protección de los derechos del colectivo suele quedar en un segundo plano en muchas decisiones judiciales.

Si vuelven a las mismas, ¿no tiene sentido que el antecedente de la otra detención previa se tenga en cuenta para enviarlos a prisión como sindicados?

Detrás de la norma que imponía la medida de aseguramiento si había capturas previas hay, al menos, dos razones válidas. Por un lado, cerrar el margen de interpretación para los jueces de garantías, que en no pocas ocasiones han mandado para la casa a peligrosos criminales acudiendo a polémicas interpretaciones de la ley.

Y un segundo hecho, no menos importante, es que por las calles rondan delincuentes profesionales con dos, tres y hasta diez capturas previas a los que el sistema no es capaz de condenar antes de que operen los vencimientos de términos y otras fallas de nuestra justicia.

(Lea también: Corte tumba norma que servía para enviar a prisión a reincidentes)

Si vuelven a las mismas, ¿no tiene sentido que el antecedente de la otra detención previa se tenga en cuenta para enviarlos a prisión como sindicados?

En otros países del mundo, con mejores resultados en seguridad y justicia, el antecedente penal no solo se utiliza, sino que es clave, incluso, para establecer los años de cárcel que pagará el reo por el nuevo delito.

La Corte, como ocurrió hace unos años cuando prohibió los polémicos ‘carteles de la infamia’ promovidos por la fallecida Gilma Jiménez y que contenían fotos de depredadores sexuales de menores, mantiene la línea del máximo garantismo posible para los que violan la ley. Respetables decisiones que, en todo caso, no pueden dejar de mirarse también a través de la lente de la crítica situación de criminalidad que enfrentan los colombianos.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

Comisión de la Verdad lleva un año intentando tener información militar reservada – JEP Colombia – Justicia

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Debido a que su mandato se limita a tres años, de los cuales ya cumplió el primero, en la Comisión de la Verdad hay preocupación porque hasta ahora no se han firmado los documentos necesarios para que los investigadores que tienen a su cargo el informe sobre el conflicto armado puedan acceder a información militar reservada.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, señaló que recibir y procesar esa información es una de las tareas de la entidad. “Durante más de un año hemos estado en el proceso de poder adentrarnos en el estudio de documentos que para la Comisión de la Verdad y nuestros equipos de investigación son de máxima importancia”, dijo De Roux. Aunque ya había un convenio general, faltan los protocolos de entendimiento, por tratarse de información delicada.

Según el comisionado Alejandro Valencia Villa, quien coordina el grupo de trabajo de acceso a la información, se trata de información “muy variada” que no necesariamente tiene que ver con la Fuerza Pública o los actores armados, sino, incluso, datos más generales que pueden estar contenidos en esos documentos reservados y son importantes para la tarea de esclarecer lo ocurrido en seis décadas de guerra.

Valencia agregó que todavía faltan firmas, y el sacerdote De Roux lo complementa diciendo que del Mindefensa han recibido como explicación “las circunstancias en las que se han visto”, esto es, los cambios de cúpula y hasta el cambio de ministro. Si bien De Roux dice que ha buscado contacto con el nuevo ministro Carlos Holmes Trujillo, también asegura que, aunque este no se les ha negado, no ha sido posible encontrar espacio en su agenda. Asimismo, considera que con una orden del ministro bastaría para que los protocolos queden aprobados.

EL TIEMPO consultó con el Ministerio de Defensa y conoció que el viernes pasado todo estaba dispuesto para que el protocolo quedara firmado, pero faltó una de las personas. Este debe quedar con las rúbricas de los comandantes de las distintas fuerzas. Dijeron que es posible que las firmas queden completas este mismo lunes, o en los primeros días de la semana.

Toda la información que han requerido estos meses se les ha entregado

Valencia contó que el protocolo fue construido por las dos instituciones. “Nosotros encontramos perfectamente legítimo y además legal que se pongan las condiciones de custodia que las partes exigen. En eso no tenemos ninguna dificultad. Lo que sí expresamos con preocupación son los tiempos, porque el tiempo de la Comisión es muy limitado”, comentó.

Fuentes del Mindefensa indicaron que “toda la información que han requerido estos meses se les ha entregado”. No obstante, el papel de los protocolos, explicaron en la Comisión, también es agilizar los procesos para la entrega de información, pues en los cronogramas de la entidad, creada por el acuerdo de paz, este año tiene que comenzar el análisis de información para la redacción del gran informe sobre el conflicto armado que deberán entregar a finales del 2021.

JUSTICIA
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