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¡A más coca, menos paz! Columnista | Opinión


El magistral discurso del presidente Iván Duque Márquez pronunciado durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República contiene un balance mesurado y objetivo de su primer año de Gobierno. Se requieren varias cuartillas para justipreciar sus palabras, que aún resuenan en el templo de la democracia colombiana.

Centraremos estas líneas en un asunto de interés nacional, las drogas malditas, de cuya favorable resolución depende el futuro de nuestra nación. El presidente Duque recordó su compromiso de “ser más efectivos en la erradicación de los cultivos ilícitos, porque recibimos más de 200 mil hectáreas.

En este año 2019, gracias al esfuerzo de muchas personas, hemos logrado, por primera vez en 7 años, que el área de cultivos ilícitos no siga creciendo, paramos su crecimiento exponencial y, además, en lo que va corrido del Gobierno, entre erradicación y sustitución, hemos eliminado 80 mil hectáreas, que le permiten al país soñar con que es posible derrotar, estratégica y contundentemente, al narcotráfico”.

El presidente Duque tiene razón cuando afirma que ¡a más coca, menos paz! Los negociadores de la anterior administración le apostaron a la paz a cualquier precio, y al hacerlo, le vendieron el alma a los cocaleros.

El Ejecutivo acata con respeto, agradece la reciente decisión de la Corte Constitucional que flexibiliza los requisitos establecidos en la Sentencia T-236 de 2017 para la aspersión de los cultivos ilícitos y anuncia que cumplirá las exigencias ambientales y sociales necesarias para su eficaz utilización en la lucha contra el narcotráfico.

En honor a la verdad, el alto Tribunal se equivocó en materia grave al demandar condiciones imposibles de cumplir incluidas en la mencionada Sentencia de 2017; pétreas exigencias que impedían revertir la errada suspensión de la aspersión aérea de cultivos ilícitos ordenada por el anterior jefe de Estado y acogida a pie juntillas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en mayo de 2015, con el voto negativo y solitario del entonces procurador general.

La providencia de la Corte Constitucional (Auto 387/19) de la semana pasada elimina la obligatoriedad de demostrar la ausencia total de riesgo y daño a la salud y el medio ambiente en la aspersión aérea de cultivos ilícitos de la Sentencia de 2017.

El alto Tribunal le devolvió al Consejo Nacional de Estupefacientes la facultad de reanudar la aspersión área de cultivos ilícitos como parte integral de la solución al problema de las drogas ilícitas, mediante la minimización de sus riesgos -a la salud y el medio ambiente- y la ponderación de la evidencia científica que la soporte. Con ello, se aviva la luz de la esperanza para enfrentar, con determinación republicana, el narcotráfico.

Preocupa, sin embargo, la osadía constitucional de enmarcar su disposición en el punto 4 del Acuerdo Final, que desde un inicio favoreció el crecimiento desbocado de los cultivos de coca, asunto que el Gobierno Nacional deberá valorar adecuadamente para actuar en consecuencia.

Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co

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