Posts bydiariobucaramanga

La declaratoria de una nueva cuarentena en Bogotá, esta vez rotativa por localidades, marca el inicio de una fase en la lucha contra el coronavirus en el país.

Tras el confinamiento nacional en abril, con sus altos costos económicos y sociales, el Gobierno Nacional implementó una estrategia de reapertura de la economía por sectores que coincidió con el crecimiento vertiginoso de contagios.

Por poco más de dos meses, esta lenta reactivación mejoró los indicadores de la actividad productiva mientras que la propagación de la covid-19 se concentró en unos pocos municipios.

El delicado balance entre las medidas sanitarias y la reapertura económica no aguantó más los preocupantes datos de seguimiento epidemiológico -como la ocupación de las unidades de cuidados intensivos- y tuvo que dar paso al regreso de los confinamientos.

Que la decisión de encerrar de nuevo a la capital de la República, en turnos de tres grupos de localidades, haya sido tomada en conjunto por el Gobierno Nacional y el Distrito confirma tanto su necesidad como la gravedad del momento.

Desde el primer día en que se anunciaron las primeras medidas de flexibilización de la cuarentena, los riesgos en materia sanitaria de retornar gradualmente a las actividades fueron evidentes y altos.

El poderoso mensaje del “Quédate En Casa” de abril no pudo desafortunadamente ser sustituido por una cultura del autocuidado y de la responsabilidad individual. Desde las multitudinarias fiestas clandestinas en varias ciudades del país hasta las peligrosas aglomeraciones en el primer Día Sin IVA, quedó comprobado que la indisciplina social jugaría un factor clave en el deterioro de los indicadores sanitarios.

Si algo dejó claro la cuarentena de abril son sus limitaciones como medida de restricción en una economía y una sociedad como la colombiana. Las necesidades de medio país en la informalidad laboral, la fatiga de cuarentena en una sociedad descuidada y la fragilidad de un Estado endeudado se conjugan para quitarle efectividad a nuevos confinamientos.

No hay que llamarse a engaño. El regreso a la cuarentena en la capital, así sea rotativa, pone un freno brusco a la dinámica de apertura sectorial así como las demás medidas restrictivas que las autoridades locales están tomando en otras ciudades. El nuevo encierro no sólo será muy difícil de reforzar sino que no podrá detener a los ciudadanos que necesiten salir a sobrevivir.

Su éxito dependerá, así como lo ha sido en las semanas anteriores, de la cultura ciudadana y la responsabilidad individual.

A pesar de lo anterior, el impacto económico de la cuarentena por localidades se sentirá, especialmente en las empresas formales que ya contaban con sus autorizaciones. Lo avanzado por parte de los sectores productivos en estas semanas de reapertura está en grave riesgo de perderse. Es triste afirmarlo pero el crecimiento de los contagios no les dejó a las autoridades otro camino.

Colombia sigue con un impacto menor de la pandemia en comparación con otros países de la región. Pero la propagación del virus nos lleva en una dirección alarmante que hay que frenar, con un altísimo costo en términos de reactivación de la economía.

Como lo advirtió el ministro de Salud, Fernando Ruiz, “estos dos meses por venir van a ser complejos”. Lo peor está en frente de nosotros y se traducirá tanto en dolor y enfermedad como en angustia e incertidumbre económica.

En este momento crítico en la lucha contra el coronavirus, el Gobierno Nacional y las administraciones locales, las empresas y los hogares no deben perder de vista la doble meta de proteger la salud y sostener a la economía para minimizar los altos costos en ambos frentes de batalla.
​
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

El actual gobierno ha presentado dos reformas tributarias y todo parece indicar que será necesaria una tercera. La primera, como es necesario recordar, demostró la incompetencia de los responsables de su trámite y fue declarada inconstitucional por la Corte. Los vicios fueron varios y se advirtieron de forma oportuna al gobierno, quien hizo caso omiso.

La segunda es la vigente y, como señalan de forma contundente el grueso de los analistas, es absolutamente inconveniente. Básicamente incluye una serie de regalos fiscales a los grupos con mayores ingresos de la población que aumentan los huecos fiscales ya existentes. El cálculo del propio gobierno es que pueden costar unos 9 billones de pesos adicionales. Incluye medidas populistas e inconvenientes fiscalmente como los tres días sin IVA y el balance general es que deja los ingresos tributarios más debilitados.

La tercera, que ya ha sido anunciada por el ministro de Hacienda, pero negada por el presidente, será la de la emergencia. El actual sistema tributario de Colombia resulta insostenible y debe ser reformado. Sus elementos centrales son más o menos claros: disminuir la gran cantidad de exenciones al impuesto de renta y unificar las distintas tarifas del IVA. La pregunta es cuándo será presentada, discutida y aprobada.

El Gobierno parece haber descartado hacerlo en el segundo trimestre de este año. El ministro ha convocado a una misión para asesorarlo en estos temas y lo más previsible es que intente presentarla en el segundo semestre del 2021, o sea, cuando el Congreso esté en pleno proceso electoral para su renovación en marzo del 2022. Allí tendrá problemas de ser aprobada por las dinámicas propias de un Congreso en fase de reelección y las debilidades propias de un gobierno terminando su mandato. Es decir, el enorme hueco fiscal creado por la reforma del 2019 y la pandemia solo sería abordado, en las cuentas del ministro, por el nuevo gobierno en agosto del 2022. Mientras tanto, las finanzas públicas seguirán deteriorándose, vendiendo activos y aumentando la deuda pública.

En este escenario existe una ventana de oportunidad en la revisión de constitucionalidad que está haciendo la Corte Constitucional sobre el último estatuto tributario. Mi recomendación sería que el propio presidente, reconociendo la gravedad de la situación, le pida a la Corte declarar la última reforma como inconveniente y con ello nos ahorraríamos al menos 9 billones de pesos en regalos fiscales injustificados, casi medio punto del PIB. Con eso volveríamos a la situación legal de la reforma del 2016 que, sin ser óptima, sí era mejor que lo que hoy tenemos.

También está la demanda realizada por Dejusticia y otras personas que, de prosperar, obligaría al gobierno y al Congreso a abordar la discusión tributaria con mayor urgencia. Lo que es claro en cualquier escenario es que se necesita una reforma y que nuestras finanzas públicas no son sostenibles con el esquema legal que hasta ahora ha construido la administración Duque. El nivel de irresponsabilidad fiscal ha sido hasta ahora muy grande, pero me cabe la esperanza de que sea corregido, no por iniciativa del gobierno, sino por la situación de emergencia o mandato de la Corte.

César Caballero Reinoso
Gerente de Cifras & Conceptos S.A

Nadie discute ya la necesidad de que la deuda pública aumente para financiar el gasto adicional que debe hacer el Estado para compensar la recesión y la pérdida de empleo que ha traído el coronavirus. El propio ministro de Hacienda ha declarado que “al Gobierno no le preocupa aumentar la deuda en este momento”. El debate ahora es ¿cuánto puede crecer la deuda? ¿Qué tanta deuda es sostenible?

Los gobiernos de todo el mundo han incrementado sus gastos para enfrentar la crisis de la pandemia, y para ello han recurrido a endeudarse más. Estados Unidos, Alemania y Japón, han asignado recursos por un monto superior al 10% de sus respectivos PIB. El FMI estima que en los países desarrollados el déficit fiscal pasará del 3% al 13,6% del PIB, mientras que en las economías emergentes el aumento será del 5,1% al 10,6% del PIB.

En cuanto a la deuda pública global, el mismo FMI pronostica que este año llegará al 101,5% del PIB mundial, el nivel más alto de toda la historia. De nuevo más alta en los países desarrollados, donde será el 131%, que en los países emergentes donde será “solo” el 63% del PIB.

En Colombia el aumento del gasto para enfrentar la pandemia es muy modesto comparado con otros países de la región: solo 2,5% del PIB, frente a lo que han comprometido otros como Perú (8,1%) o Chile (7,7%). Sin embargo el plan financiero oficial estima que el déficit fiscal crecerá 6 puntos llegando al 8,2% del PIB, y la deuda del gobierno aumentará 15 puntos, pasando del 50,3% al 65,6% del PIB. El aumento del déficit fiscal es mayor al gasto para la pandemia por la caída de los ingresos tributarios, incluyendo los petroleros, y el incremento de la deuda es todavía mayor por dos razones: la devaluación que aumenta el peso de la deuda externa y la caída del PIB que reduce el denominador de la relación deuda/PIB.

¿Es sostenible ese nivel de deuda? ¿Quién y cuando la va a pagar? A los que dicen que es equivocado aumentar la deuda para que la paguen nuestros hijos hay que recordarles que en general la deuda pública nunca se paga, sino que se refinancia permanentemente; lo que sucede es que sube el PIB, y entonces baja el indicador. Así sucedió con el endeudamiento de los Estados Unidos para financiar la II Guerra Mundial, que en 1946 llegó al 118% del PIB. Para 1980, antes de que Reagan deteriorara las finanzas públicas, la deuda había bajado al 42% del PIB, pero ¡oh sorpresa!, el saldo de la deuda nunca disminuyó, es decir nunca se pagó, pero la economía creció mucho más.

Tres cosas son necesarias para que la deuda sea sostenible: primera, que el PIB crezca más que la deuda; por eso es necesario aumentar el gasto público para acelerar el crecimiento.

Segunda, que en circunstancias ordinarias -sin pandemias ni crisis- el recaudo de impuestos sea suficiente para cubrir los gastos e inversiones del gobierno, sin contar los pagos de intereses. Por eso se requiere una verdadera reforma tributaria estructural que elimine las exenciones regresivas.

Tercero, que la tasa de interés real sea inferior al crecimiento del PIB. Por eso en época de crisis es necesario recurrir al endeudamiento con el Banco de la república que tiene un coste neto de cero para el gobierno.

Mauricio Cabrera Galvis
Consultor privado.
macabrera99@hotmail.com

Las cosas malas, como el abuso y la agresión, siempre les pasan a los demás. Es lo que piensa o quiere pensar la mayoría de la gente. Era lo que creía Lorena, pero la tarde del miércoles 28 de junio del 2017 empezó una pesadilla que, tal vez, afrontan en silencio decenas de madres.

El día anterior, el padre de su pequeña, de tres años, se la había llevado en medio de las visitas que habían pactado ante un notario, tras la separación con su esposa Lorena.

A las 3 p. m. se la entregó. La niña le dijo a su mamá que quería ir al baño, y cuando terminó de orinar y mientras Lorena le acomodaba la ropa, el ingenuo relato de su hija le hizo recorrer el cuerpo por un corrientazo frío: “Papá me hace cosquillas con la boca en la colita”.

En un segundo, un inmenso abismo de miedo, dolor y rabia se abrió a los pies de esta mujer que lleva tres años rogándole a una fiscal que crea en el testimonio de su pequeña hija, pero, como pasa en una gran parte de los casos de abuso y maltrato, la justicia pareciera inclinarse por hacerle mérito al victimario y no a la víctima.

Lea también: Hombre habría suministrado drogas a una menor para abusar de ella

“Yo no sabía qué hacer. Tenía terror de mirarle los genitales, de preguntarle algo, de creer que esto nos estaba pasando a mí y a mi hijita –relata Lorena, con la voz entrecortada–. Le dije que seguro estaba jugando, y ella me respondió que el papito le daba besos en todo el cuerpo y que le había dicho que era un secreto entre los dos”.

De inmediato, Lorena buscó una cita con la pediatra de la niña, quien tras hacerle el examen físico y tener una charla con la pequeña, escribió en la historia clínica el relato de su paciente y su conclusión: “La niña fue manipulada en sus genitales”.

Además, el relato agrega que “a papá le gusta echarme la crema en la colita” y otras descripciones sobre la manipulación que el hombre hacía cuando le aplicaba la crema.

Vea además: Voces de mujeres contra la violencia de género en la revista ‘Aló’

Con esta historia clínica, el testimonio de su hija de tres años y todo el valor que pudo juntar, Lorena interpuso la demanda contra su expareja, el 4 de julio del 2017.

Lo primero que pasó tras la denuncia fue evitar que el hombre se le volviera a acercar. Logró una medida restrictiva, y el fiscal que inicialmente conoció el caso le dio todo el peso de credibilidad al testimonio de la niña, pidiendo, además, que no le volvieran a preguntar por lo que había ocurrido, ya que era tan claro y contundente su relato a la pediatra y a su madre que era una prueba suficiente.

En abril de 2018, la justicia le sugirió a Lorena que “arreglara por las buenas” con el victimario de su hija

Pero, inexplicablemente, de un momento a otro el caso dio un giro de 180 grados en el año siguiente.

Una mujer fiscal asumió el proceso y lo primero que le dijo a la desesperada madre es que “el caso no era grave, porque no pasó nada más”. En abril de 2018, la justicia le sugirió a Lorena que “arreglara por las buenas” con el victimario de su hija; la profesional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intercedió también por él, y alegó que el padre tenía derecho a ver la niña y quedarse más de un día con ella (permitirle pernoctar con él); y el comisario de familia fue más allá: “La mejor solución es que la niña permanezca 15 días con el papá y 15 días con usted, y se la turnan”. Esa respuesta acabó de devastar a Lorena.

Este  15 de julio de la fiscal buscará precluir la investigación “por no haber una prueba contundente de secuelas físicas”.

A esto se sumó que el 16 de junio de 2109, el hombre y una de sus familiares intentaron llevarse a la fuerza a la niña en un centro comercial. La Policía logró evitarlo.

Lorena ahora vive escondida. En su EPS le diagnosticaron estrés postraumático, y este miércoles 15 de julio debe acudir a la audiencia, en la que la fiscal buscará precluir la investigación “por no haber una prueba contundente de secuelas físicas”.

Lorena solo quiere justicia para su hija y que este hombre no vuelva a acercársele. La niña hoy tiene seis años y no quiere que en el tribunal le sigan preguntando lo mismo: ¿qué fue lo que te hizo tu papá?

JINETH BEDOYA LIMA
NO ES HORA DE CALLAR

Uno de los males sobrediagnosticados de nuestra justicia, pero rara vez considerado en los fracasados intentos de reforma de los últimos años, es el altísimo número de cargos judiciales que no están ocupados por quienes debían –es decir, por los mejores según los estándares de la meritocracia–, sino por funcionarios en provisionalidad.

La denuncia de los que sacaron los mejores puntajes es recurrente, pero lo cierto es que de las altas cortes (no todas) para abajo se ve poco interés por cumplir lo que ordenan la Constitución y la ley, que no es otra cosa que promover la carrera judicial y la oportuna llegada a la administración pública de los más preparados y eficientes.

Pese a todos los discursos, la colombiana sigue siendo una justicia en encargo, con todos los problemas de transparencia y eficiencia que esto implica. Según estadísticas de la Corporación Excelencia en la Justicia, de las 4.955 plazas de fiscal que había en el país en el 2019 solo 1.261 estaban en manos de funcionarios en propiedad. El resto, más de siete de cada diez, eran provisionales. De hecho, sacar adelante el concurso de méritos que lleva más de una década enredado será uno de los grandes retos del fiscal Francisco Barbosa.

Aunque los datos del Consejo Superior de la Judicatura son trasnochados –el corte es a 2018–, dan claro panorama de lo que pasa en la rama: de 426 plazas de magistrado de tribunal, 95 estaban en encargo. En cuanto a los jueces, frente a 2.532 en propiedad había 2.131 provisionales, y por 12.238 empleados (citadores, auxiliares, etc.) en propiedad había 8.127 interinos.

Por supuesto, frente a la movilidad en la carrera y los imprevistos siempre habrá que recurrir a los nombramientos temporales. El lío es que esos encargos suelen prolongarse por meses o años. Son la puerta por la que algunos altos dignatarios se saltan el concurso de méritos para poner a sus fichas en jugosas plazas, algunas con sueldo mensual de más de $ 20 millones.

En teoría, el mejor puntaje del concurso debería ser promovido apenas se abra una vacante de nivel superior. Pero en el mundo real esos funcionarios tienen, incluso, que acudir a las tutelas para que les respeten el derecho a la promoción por meritocracia, y duran años en el intento. Mientras tanto, el encargado –que es nombrado a dedo o en ‘petit comité’ por las instancias superiores– pelecha de los beneficios del ‘palomazo’.

Esta práctica sigue generando malestar en la rama. De hecho, el primero en la lista de elegibles para ser nombrado magistrado de Sala Civil en un tribunal superior acaba de ser relegado, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, en favor de un auxiliar de uno de sus magistrados. Y esa misma Corte acaba de nombrar provisionalmente en la Sala de Familia del Tribunal de Cali a un juez que no ha ocupado los primeros lugares en el concurso para esa especialidad, pero que completa varios años saltando de región en región como magistrado encargado.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

En la reunión anual de economistas y banqueros en Jakson Hole, (Wyoming) en 2005 y frente a los arquitectos del sistema financiero de la época (Summers, Geithner y Alan Greenspan), Raghuram Rajan economista jefe y Director de Investigación del FMI entre 2003 y 2006, argumentó que el mercado financiero se había vuelto más complicado e inseguro.

Advirtió además que el sector financiero, en su intento de dispersar el riesgo, vendía productos financieros complejos como valores respaldados en hipotecas, además de swaps de incumplimiento crediticio a bancos de inversión, que aunque parecían avanzados, amenazaban la estabilidad y podían colapsar.

Rajan expuso allí su documento, “¿El desarrollo financiero ha hecho que el mundo sea más riesgoso?” argumentando que los incentivos estimularon a tomar decisiones más riesgosas, pues las personas podían endeudarse a tasas bajas e invertir en instrumentos riesgosos, compartiendo el riesgo con cualquiera del mundo. Esos cambios se basaban en el cambio tecnológico que redujo los costos de comunicación y computación para adquirir, procesar y guardar información.

Además la desregulación alentó la competencia entre productos, instituciones y mercados; se crearon empresas bursátiles privadas y fondos de cobertura especulativos y de ese modo las personas invertían en fondos mutuos, seguros, pensiones, fondos de riesgo y de cobertura. En el pasado, los funcionarios recibían salario fijo pero los cambios generaron incentivos perversos entre los gerentes de bancos e inversiones, de modo que ahora se trataba de cobrar comisiones por la generación y transferencia de hipotecas, no por su efectivo cobro.

Rajan demostró que los bancos incentivaban esta conducta, absorbiendo hipotecas de poca probabilidad de pago y se deshacían de la mayoría de ellas juntándolas y vendiéndolas, de modo que los bancos eran inseguros y volátiles. Por eso, Rajan propuso la supervisión prudencial para evitar una catástrofe que generaría pérdidas incluso a generaciones futuras.

Los documentos presentados a la conferencia ponderaban a Greenspan como uno de los mejores banqueros de la historia pero Rajan llegaba a una conclusión diferente, considerada como una blasfemia. Los asistentes opinaban que Rajan no entendía de finanzas modernas, Summers lo acusó de tener una visión cerrada y equívoca sobre el sistema, y sus preocupaciones fueron desestimadas por la élite financiera. La historia demostró que Rajan entendía muy bien el sistema financiero y tres años después, la crisis económica global le dio la razón. Primero fue la quiebra de Lehman Brothers, luego las bolsas de todo el mundo cayeron y el gobierno tuvo que prestar cerca de US$85 mil millones a AIG. La recesión causada por la crisis financiera hizo perder 9 millones de empleos, y se extendió por el mundo, con consecuencias económicas, sociales y políticas que una década después se siguen sintiendo.

Esta crisis fue de gran magnitud y ocurrió porque la élite política y económica adoptó una posición negacionista, porque ante el constante crecimiento económico y las facilidades de financiamiento, pensaban que una crisis financiera era impensable. ¡Pero ocurrió!.

Beethoven Herrera Valencia
Profesor, universidades Nacional y Externado
Colaboración Nicolás Cruz.

Tres altos directivos de Odebrecht –Luiz Mameri, Luiz Bueno júnior y Luiz da Rocha, implicados en el escándalo de corrupción de esa multinacional– no han señalado ni han comprometido a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez o su padre, Luis Carlos Sarmiento Angulo, en las investigaciones por este caso.

Así lo señaló la Fiscalía en un documento revelado este fin de semana por el diario El Espectador.

Según ese medio, el ente investigador dijo que los brasileños “no tenían información que comprometiera” a Sarmiento Gutiérrez, en respuesta a un derecho de petición que interpuso la defensa del presidente ejecutivo del Grupo Aval.

En el mismo documento se indica que los fiscales del caso fueron hasta Brasil y les preguntaron directamente a los tres brasileños, quienes no los señalaron en sus testimonios.

(Le podría interesar: Luego de preacuerdo, condenan a algunos implicados en caso Odebrecht).

Además, esa versión la ratificaron en interrogatorios hechos por el fiscal Juan Delgado, el 21 y el 22 de enero de 2019.

En la investigación apareció Sarmiento Gutiérrez, hoy presidente del grupo económico, cuando en el juicio contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, condenado a 11 años de prisión en 2019, uno de los testigos de la Fiscalía, fue el expresidente de Odebrecht en Latinoamérica Luiz Bueno júnior quien contó que Melo estuvo de acuerdo con el pago de un soborno para asegurar el contrato de la Ruta del Sol 2, pero “que tenía dificultad en el Grupo Aval” y debía consultarlo con su jefe. Tras ello, la Fiscalía compulsó copias contra Sarmiento Gutiérrez.

(Le sugerimos leer: Doblarían condena a Otto Bula, cerebro de coimas de Odebrecht).​

Así mismo, en el juicio de José Elías Melo, el brasileño Luiz Bueno afirmó que luego de plantearle la propuesta de soborno, Melo lo consultaría con Sarmiento Gutiérrez.

Sin embargo, en esa misma instancia, cuando le preguntaron a Bueno si sabía que Melo lo había consultado con Sarmiento, dijo que no supo si fue así.

Además, en diciembre de 2019, Melo declaró ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que no le informó nada a Sarmiento Gutiérrez porque Bueno nunca le habló de un soborno.

(De seguro es de su interés: Que cabezas brasileras de Odebrecht vengan al país y digan la verdad).

El fiscal Daniel Hernández Martínez, quien fue uno de los que viajaron a Brasil, aseguró que todo comenzó en noviembre de 2018, tras un debate de control político en el Congreso para discutir si la Fiscalía, en ese momento en cabeza de Néstor Humberto Martínez, había investigado o no la responsabilidad de las directivas del Grupo Aval.

“Recuerdo, incluso, que dijeron (los tres brasileños) que el presidente de Corficolombiana (José Elías Melo) había pedido que no se tocaran estos temas con Alberto Mariño (representante del Grupo Aval en el negocio con Odebrecht), porque él le contaría directamente al viejo Sarmiento y tendrían problemas”, destacó Hernández en su respuesta al derecho de petición, revelado por El Espectador.

(Para conocer más sobre el tema: Fiscal ‘ad hoc’ controvirtió tres decisiones en caso Odebrecht).

Por su parte, al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, luego de enfrentar un debate de control político en el Congreso, al que fue citado en 2018, para explicar si había investigado a las directivas del Grupo Aval, la Corte Suprema de Justicia lo separó de tres casos de la investigación y nombró al fiscal ad hoc Leonardo Espinosa.

Tras ello, la Fiscalía siguió investigando, y ese mismo año el fiscal Juan Delgado, coordinador de la investigación de Odebrecht, le dijo a la vicefiscal María Paulina Riveros que “nunca se mencionó algún tipo de actuación con relevancia penal, relacionada con representantes del Grupo Aval, salvo el nombre del señor José Elías Melo”.

En 2018, los brasileños le piden al empresario Gabriel Dumar falsificar documentos, para justificar pagos, y así mantener en el engaño al Grupo Aval

La declaración de Bula

El abogado Jaime Lombana Villalba, abogado de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, le dijo a EL TIEMPO que el pronunciamiento de la Fiscalía es la respuesta a un derecho de petición que él presentó el 24 de junio de este año para establecer si se habían perdido elementos probatorios del expediente de Otto Bula u otros involucrados en el proceso, y la importancia dentro de la misma investigación del viaje del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez a Brasil.

De acuerdo con Lombana, son múltiples testigos los que aportan los elementos para demostrar “el desconocimiento absoluto del Grupo Aval y sus directivas de las actuaciones de Odebrecht”.

(Le sugerimos leer: Condenan a Otto Bula a 5 años de cárcel y multa de $ 6.600 millones).

Resalta que Bula declaró bajo juramento, el 27 de noviembre de 2018, “que conoció por boca de los brasileños que cuando el Grupo Aval se enteró de las irregularidades, y eso que no sabían de sobornos, protestaron enérgicamente”, y en su declaración precisa: “Eder Ferracuti me contó enojado y ofendido que en una junta con los de Corficolombiana, los habían tratado muy mal, sobre todo a él como presidente de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol. En otras palabras, le dijeron que se había robado la plata”.
​
El penalista sostiene que está probado documentalmente que los brasileños de Odebrecht, aun después de haber firmado su colaboración en Estados Unidos, “en Colombia seguían sosteniendo a sus socios y terceros que habían obrado correctamente”.

Lombana afirma que existen pruebas que ellos, por respeto al debido proceso, no habían comentado, pero por apego a la verdad y a la justicia hoy quieren revelar.

(De seguro le interesa leer: Comerciante en Lista Clinton habla de sus nexos con Otto Bula)

“En 2018, los brasileños le piden al empresario Gabriel Dumar falsificar documentos, para justificar pagos, y así mantener en el engaño al Grupo Aval”. De acuerdo con Lombana, lo anterior está demostrado con correos electrónicos del propio Dumar, lo que se ratifica con la respuesta de la Fiscalía al derecho de petición, “donde coincide con la declaración formal de Luiz Bueno jr., y las demás directivas de Odebrecht al afirmar que las cabezas del Grupo Aval no conocían de las actuaciones ilícitas”.

En ese sentido, el fiscal Hernández –en su respuesta al derecho de petición de Lombana– señala que “es preciso indicar que efectivamente el señor Bula entregó dentro de su proceso de colaboración con la Fiscalía un celular que contenía valiosa información que ayudó a respaldar su testimonio, gracias a la cual la Corte Suprema de Justicia produjo decisiones importantes contra aforados”, y que además el ente acusador “abrió una línea de investigación en el caso Odebrecht, que logró demostrar que las coimas que se pagaron desde Colombia fueron muy superiores a las que se enunciaron en diciembre de 2016”.

De igual forma, Lombana señaló que en la respuesta el fiscal Hernández “termina con cualquier suspicacia”, al asegurar que viajó de manera oficial a Río de Janeiro a entrevistar a las cabezas de Odebrecht investigadas, porque la fiscal a cargo del proceso tenía una licencia médica, y que lo encargaron del tema por “su experiencia en juicios orales”.

“Viajé en compañía de los fiscales Delgado y Zarabanda, quienes trabajaban directamente con la fiscal del caso, y actué con sujeción a todo lo acordado frente a la señora vicefiscal”, en ese momento, María Paulina Riveros.

En 2018, los brasileños le piden al empresario Gabriel Dumar falsificar documentos, para justificar pagos, y así mantener en el engaño al Grupo Aval

Pronunciamientos del Grupo Aval

En septiembre de 2018 se conoció la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de abrir pliego de cargos a Corficolombiana y Episol, empresas ligadas al Grupo Aval, y a directivos y exdirectivos de ellas.

El pliego fue motivado por supuestas violaciones de las normas de la libre competencia relacionadas con el proyecto Ruta del Sol, tramo II, en el que el socio mayoritario es la firma brasileña Odebrecht.

Frente a los señalamientos, en ese momento, el Grupo Aval emitió un comunicado en el que afirmó que “no hay pruebas que demuestren que en las prácticas de soborno de Odebrecht hayan participado Grupo Aval, Corficolombiana ni Episol”, y añaden que “es claro que ni desde las cuentas de Corficolombiana ni de las de su filial, Episol, se efectuaron pagos irregulares”.

(Le sugerimos leer: Federico Gaviria y Alejandro Dumar prenden ‘ventilador’ de Odebrecht).

En diciembre del mismo año, el Grupo Aval reiteró su disposición de colaborar con las autoridades al recibir una petición en tal sentido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

A través de los abogados se respondió que el Grupo “cooperará con la investigación que se adelanta, así como lo ha venido haciendo con otras entidades gubernamentales”.

Hasta el momento, en medio de la investigación por la entrega de coimas, el máximo directivo de la multinacional brasileña, Marcelo Odebrecht, fue condenado en Brasil. Y en Colombia hay al menos 11 condenados por el escándalo de corrupción.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

El camino a seguir

El edificio Aquarela, en Cartagena, que invade espacio público y pone en riesgo su declaración como patrimonio mundial, sigue siendo tema de debate y ha suscitado en los últimos días roces entre el alcalde de la ciudad, William Dau Chamatt, el Ministerio de Cultura y la Procuraduría.

Estos dos últimos han dicho que el edificio ‘inexorablemente’ debe ser demolido, pero Dau argumenta que para ello necesita una orden judicial y no “órdenes verbales sin validez jurídica”. En entrevista con EL TIEMPO, el alcalde explicó por qué el edificio no ha sido demolido y las alternativas que se exploran.

¿Cuál es su posición: demoler o no?

Desde mi campaña y después de asumir la alcaldía he tenido la firme intención de demolerlo siempre y cuando sea con una orden judicial, con todas las de la ley; eso es lo que estoy pidiendo. El hecho de que el Procurador me haya dado una orden verbal por medio de declaraciones en medios de comunicación no tienen ninguna validez jurídica. Una vez un juez me ordene que tumbe el edificio, así lo haré.

Desde octubre de 2018 la Inspección de Policía dio una orden de restituir 619 metros de espacio en dos meses y, si no se cumplía, la Alcaldía debía recuperar el espacio con demolición, ¿esa no es una orden válida?

Lo que dijo la Inspección de Policía no decía demoler, decía restituir el espacio público. Los constructores dijeron que no había necesidad de demoler, sino que pueden cortar el pedazo que sobra, pero ingenieros me han dicho que eso no se puede, necesitamos primero determinar si es factible o no. Pero no podemos correr el riesgo de hacer algo ilegal si después llegan demandas de parte de los constructores, le toca a la Alcaldía y a los cartageneros sacar dinero para indemnizar y eso no puede ser. Si a mí me ordena que lo tumbe la Procuraduría y el Ministerio de Cultura, que ellos también se hagan solidariamente responsables de las consecuencias.

La resolución de la inspectora de Policía de 2018 sí menciona la demolición como medida correctiva tras dos meses de incumplimiento…
​
Es que cuando habla de la medida de demolición habla del espacio ocupado, no necesariamente del edificio. La Secretaría de Infraestructura es la que puede determinar si ese espacio público ocupado corresponde a una gran porción de la edificación o no, es un tema técnico que hay que entrar a estudiar y solo se puede hacer cuando la constructora se niegue a restituir el espacio público. El espacio público ocupado realmente es de 6 metros, lo que se sobresale en el terreno, pero son 600 metros al multiplicarlo por los 30 pisos que creo que tiene.

¿No se deben leer los dos meses que dio la orden del 2018 como tiempo calendario?
​
La constructora todavía no se encuentra en renuencia de cumplir la orden. Lo que sucedió fue que dentro de la acción popular se suspendieron las obras, por lo que el constructor solicitó al juez que, para poder hacer la restitución, levantara temporalmente la medida cautelar y le permitiera intervenir el edificio, solo hasta noviembre del año pasado el juez permitió intervenir la obra, y los constructores solicitaron la modificación de la licencia. De todas maneras, yo me reuní este viernes con el secretario de Infraestructura, del Interior y el inspector de Policía y les pedí que en tres días me envíen un informe actualizado sobre el estado de cumplimiento de esa orden de restitución, así como información sobre las gestiones que han realizado en este tema.

¿Hay alguna acción que estén adelantando para que se pueda llegar a la demolición?

Nosotros somos la parte demandada en una acción que interpuso el Ministerio de Cultura, dentro de ese proceso se aportó recientemente el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, nos dieron traslado a finales de mayo y nosotros respondimos hace como una semana más o menos, a través de la Secretaría de Infraestructura, sobre las condiciones técnicas del informe.

En total hay 6 procesos sobre el edificio Aquarela, ¿cuáles son?
​
Cursa una acción de nulidad, por las licencias otorgadas; una acción popular del Ministerio de Cultura, que busca la protección del patrimonio público; una acción penal contra los constructores y el curador, el proceso policivo; una reparación directa que ha presentado la constructora, que está demandando al ministerio, y otra acción de nulidad de la constructora en contra de la medida del proceso policivo.

¿Legalmente a quién le corresponde la demolición del edificio?

Le correspondería al constructor, que es el obligado. Si el constructor no lo hace, entonces el distrito tendría que hacerlo subsidiariamente.

El hecho de que el Procurador me haya dado una orden verbal por medio de declaraciones en medios de comunicación no tienen ninguna validez jurídica.

¿Cree que se expone a sanciones disciplinarias al ignorar los requerimientos de la Procuraduría y las órdenes de la Inspección de Policía?

Sé que estoy corriendo riesgo defendiendo la ciudad de Cartagena, es un cargo muy difícil con tantas fuerzas politiqueras enfrentándome y tratando de tumbarme. No entiendo por qué la Procuraduría se ensaña con el alcalde de Cartagena actual y nunca tomó una decisión con el alcalde anterior. Me parece extraño que sin haber sancionado a ninguna de las personas que participaron en las licencias pretenden sancionarme, destituirme o inhabilitarme sin siquiera haber resuelto eso. Eso me causa demasiada suspicacia en cuanto al actuar y la objetividad de la Procuraduría General.

Hace menos de un mes hubo una reunión con la Unidad de Gestión de Riesgo y les dijeron que Aquarela era un riesgo, ¿usted piensa que no es un riesgo?

No es porque sea o no un riesgo inminente, es que estamos esperando una orden para tumbarlo.

Frente al libro blanco, ¿cuántas presuntas irregularidades han encontrado?
​
Nosotros nada más estamos sacando los principales hallazgos, el libro blanco completo tiene mucho más, será posteriormente presentado como paquete a las autoridades, es un documento de 250 páginas. Aunque muchas de estas denuncias ya habían sido presentadas antes.

¿Cuáles son los nuevos hallazgos en la segunda entrega del libro?
​
De lo más bravo son las presuntas las relaciones de funcionarios de la alcaldía con empresas de servicios públicos. Había funcionarios que trabajaban en la oficina que maneja este tema y tenían que defender los intereses del Distrito ante las empresas de servicios públicos, pero esas mismas personas eran contratistas de las empresas mediante empresas fachadas.

Otro caso es de la oficina jurídica, a nosotros nos metían demandas solicitando embargos, hubo un caso de una demanda para pagar 7 mil millones y nos hicieron un embargo por 11 mil millones, en el proceso se llegó a una conciliación por 7 mil millones, pero los otros 4 mil millones el secretario jurídico, en vez decirle al juez que devolviera el remanente a la Alcaldía, le dijo que repartiera esos 4 mil millones en las cuentas personales de dos abogados. Este caso ya lo denunciamos en la Fiscalía.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
REDACCIÓN JUSTICA.
En Twitter: @JusticiaET

Hace unos días, un editorial de este diario se hacía la pregunta sobre la posibilidad para una fila de grandes proyectos mineros de entrar a robustecer los planes de recuperación económica.

Además de ocho iniciativas desde la minería de oro, cobre y carbón, el Ministerio de Minas cuenta con un paquete de otros 26 proyectos para la llamada política de “reactivación sostenible”.

El abanico contempla 19 proyectos de generación renovable de electricidad y siete para la extracción de petróleo y gas natural. Ocho departamentos del país desde La Guajira hasta Putumayo, más seis iniciativas off-shore en la Costa Caribe, conforman el mapa de estas inversiones que, junto al paquete minero, podrían alcanzar los 37 billones de pesos y cerca de 60 mil empleos en los próximos años.

Este portafolio de más de treinta iniciativas ratifica que, en estos momentos de crisis generada por la pandemia, el sector minero, energético y de hidrocarburos constituye una oportunidad para la inversión, el crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo y el desarrollo regional.

Si bien cada proyecto enfrenta sus problemáticas regionales y ambientales particulares, el paquete de obras energéticas y de hidrocarburos debe sortear retos similares como las consultas previas con las comunidades y las demoras en los procedimientos ambientales.

La misma reflexión sobre la minería cabe sobre los subsectores de generación de energía renovable, petróleo y gas natural: ¿cómo desplegar estos proyectos “estratégicos y prioritarios” a la velocidad necesaria para que contribuyan eficazmente al rebote de la economía colombiana para este año y el año entrante? El balance de las autoridades entre los beneficios socioeconómicos de estos proyectos y la evaluación rigurosa de sus impactos ambientales es hoy más delicado y necesario que nunca.

Sin disminuir los requisitos ambientales y comunitarios, su aporte a la reactivación es crucial.

framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda