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La marca realizó el lanzamiento de cuatro productos de su más reciente portafolio, se trata de los realme 7, realme 7i y realme 7Pro, además de sus audífonos con cancelación activa de ruido, realme Buds Air Pro.

La multinacional realme, que recientemente marcó un hito en el mercado global de dispositivos celulares tras romper el récord de ventas de sus primeros 50 millones de dispositivos en tan sólo 9 trimestres, lanzó en Colombia cuatro de sus dispositivos estrella: 3 smartphones de la serie 7 y sus audífonos con cancelación activa de ruido, los realme Buds Air Pro.

realme 7 Pro, el smartphone con la carga más rápida de Colombia

El realme 7 Pro, el abanderado de la serie 7, es un teléfono para los más audaces, pues su potencia de carga de 65W alcanza el 100% de batería en menos de 34 minutos, gracias a su tecnología SuperDart. Con las mejores condiciones de carga disponibles en el país, los usuarios tendrán máxima eficiencia en su celular para sacar todo el provecho a su sistema de cuatro cámaras con una principal de 64 MP, de segunda generación, que hacen del dispositivo el aliado perfecto para los que buscan un rendimiento superior a la hora de tomar sus fotos, con un modo Pro Nightscape para unas capturas únicas en la noche.

Este dispositivo cuenta con una pantalla Super Amoled de 6.4” que permite una experiencia de usuario excepcional con nitidez y colores vivos, acompañado del sistema de reconocimiento dactilar.  Todas estas características están respaldadas en el rendimiento superlativo de su procesador Snapdragon 720 G.

Disponibilidad

El teléfono estará disponible en los almacenes físicos de Falabella y a través de plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y Linio a partir del 26 de noviembre. El realme 7 Pro llegará al país con un precio de lanzamiento de $2.199.900 COP, pero contará con un descuento promocional para llegar a un valor final de $1.499.900 COP.

realme 7i, capturas audaces y carga rápida

Una propuesta vanguardista y disruptiva para los más jóvenes. El realme 7i es dispositivo con gran capacidad y buenos resultados en sus fotografías. Con 64 MP en su cámara principal, parte de su sistema de cuatro cámaras, y un rendimiento de batería de 5.000 mAh con carga rápida de 18W, este celular brinda a los usuarios la oportunidad de disfrutar por mucho más tiempo de sus diferentes efectos para fotos como: filtros nocturnos, modo cinema y el Super Nightscape únicos en estos dispositivos.

La potencia de su batería permite escuchar música por más de 88 horas, mantener una

partida de juego por 13 horas y para los amantes de las redes sociales o navegar por Instagram por casi 26 horas. La suavidad en su display de 6.5” es posible gracias a su frecuencia de actualización de 90Hz que proyecta un 50% más de imágenes por segundo a diferencia de la de 60Hz.

Disponibilidad:

Este dispositivo también estará disponible en Falabella, Mercado Libre y Linio a partir del 26 de noviembre a un precio de lanzamiento de $1.199.900 COP, con una promoción temporal, para un valor final de $782.900 COP.

realme 7, rendimiento y carga impresionantes

Otro de los dispositivos que aterriza en el país es el realme 7, la opción ideal para los que buscan gran capacidad a un excelente precio. Este teléfono cuenta con un procesador MTK Helio G95 ideal para los gamers que demandan un excelente rendimiento para sus partidas, además de una potencia de batería de 5.000 mAh y una carga rápida Dart de 30W que lleva al teléfono a un 50% de carga en 26 minutos. 

Su gran rendimiento está acompañado del sistema de cuatro cámaras especial la línea 7. El teléfono cuenta con una cámara principal de 64 MP y diferentes características como lentes BYN y una cámara macro con distancia focal de 4 centímetros que ayudará a los amantes de la fotografía a sacar el mejor provecho de su creatividad.

Disponibilidad

El realme 7 estará disponible en Falabella, Mercado Libre y Linio y vendrá a un precio de lanzamiento de $1.899.900 COP, con una promoción adicional que dejará su valor final en $1.199.900 COP.

realme Buds Air Pro, apaga el ruido

Los realme Buds Air Pro son una nueva apuesta del portafolio AioT de la marca que aterriza en Colombia. Este dispositivo inalámbrico se encuentra a la vanguardia con una cancelación activa de ruido de hasta 35dB y una bajísima latencia de 94 ms, para una experiencia de juego más inmersiva. Además, estos audífonos cuentan con una batería que provee hasta 25 horas de reproducción*.

Disponibilidad

Los audífonos estarán disponibles el 26 de noviembre en Mercado Libre, Falabella y Linio a un precio de lanzamiento de $599.900 COP con una promoción inicial que dejará su valor final en $349.900 COP.

Estos dispositivos se suman a la serie 7, también disponible en Colombia, que han hecho de realme el fabricante de smartphones con el mayor crecimiento en el mundo, ocupando actualmente la posición número 7 en el ranking mundial de distribución de mercado para celulares. Una excelente opción de smartphones con tecnología de alta gama a un precio favorable para los consumidores más jóvenes que buscan un teléfono ágil, eficiente e innovador.

La plataforma de Video On Demand VOD ofrece un catálogo de películas de alta calidad que son de difícil acceso, la mayoría de ellas premiadas en los mejores festivales de cine del mundo.

Desarrollar la plataforma Cinema Paraíso Video On Demand VOD ha sido una de las grandes apuestas que en los últimos años se venía gestando. La situación ocasionada por la pandemia y el cierre inminente de las salas de cine del país impulsó y aceleró la misión de crear nuevas formas de consumo de cine y acceso al cine independiente, no solo para sostener el vínculo con su público fiel sino además poder conquistar nuevos públicos que difícilmente pueden disfrutar de este tipo de contenidos.

Una plataforma con lo mejor del cine independiente

VOD Cinema Paraíso busca marcar la diferencia y dejar un sello propio con un minucioso trabajo de curaduría para la selección de las películas del catálogo: producciones vanguardistas, ganadoras en los mejores festivales de cine del mundo, varias de ellas hitos de la historia del cine mundial y destacados autores independiente como David Lynch, Jim Jarmush, Lars Von Trier, Abas Kiarostami, Michael Haneke, Bong Joon Ho, Pawel Pawlikowski, Matteo Garrone, Pablo Larraín, entre otros.

Los usuarios podrán disfrutar de nuevos contenidos mes a mes en https://cinemaparaisoondemand.player.com.co/

Al respecto, Federico Mejía fundador y director de Cinema Paraíso y Babilla Ciné, precisó que “nuestro objetivo es que otras ciudades del país puedan acceder a este mercado donde no existe sala física, pero que sabemos que hay público interesado en conocer este contenido. Además, queremos dar continuidad y permanencia a las tendencias del mundo del cine a través de interesantes títulos”.

Los usuarios podrán navegar por varias categorías como: Imperdibles: ‘Melancholia’, ‘No’, ‘Gomorra’; Nuevos clásicos: ‘Ida’, ‘Amour’, ‘The lunch box’; Cine Francés: ‘Le Havre’, ‘3 corazones’, ‘Cézanne y yo’; Cine Colombiano: ‘Sumercé’, ‘Homo Botanicus’; Kids Club: ‘Mi vida de calabacín’, ‘La joven sin manos’, ‘Asterix’; y Maestros / Bong Joon Ho: ‘El Huésped’, ‘Memorias de un asesino’, ‘Mother’.

Colombia tendrá un espacio especial en el que se presentarán todos los meses una selección de películas y documentales de país de primera calidad que difícilmente se encuentran en la pantalla grande. “Tenemos una receta bien diseñada, si la comparamos con la gastronomía, tenemos los mejores y más frescos ingredientes para esta nueva plataforma”.

Cinema Paraíso Video On Demand ofrece dos planes de suscripción: mensual por $10.990 y anual por $99.900 más IVA. Una vez las salas de cine logren abrir nuevamente al público, los suscritos tendrán descuentos y beneficios al momento de su visita. Además, a través de sus redes sociales, el público podrá recibir recomendaciones para mejorar y aumentar la experiencia del cine online.

De esta manera, Cinema Paraíso y Babilla Ciné da un paso más en la exhibición y distribución de cine en Colombia, aportando a la reactivación económica de la industria cinematográfica del país, uno de las apuestas más importantes de la política nacional de la Economía Naranja del Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, ampliando las formas de consumo al cine independiente en otras zonas del país en donde su acceso es más difícil.

20 años exhibiendo más de 300 películas de autor

Cinema Paraíso se ha convertido en la casa de grandes autores como David Lynch, Jim Jarmush, Lars Von Trier, Abas Kiarostami, así como de directores nóveles que empezaban a darse a conocer en los principales festivales del mundo.

Durante dos décadas, Babilla Ciné ha logrado distribuir en Colombia más de 300 películas de autor. Entre los títulos aclamados por la crítica que han hecho parte de la lista son: ‘El Odio’, ‘Microcosmos’, ‘Mulholland Drive’, ‘Perro Fantasma’, ‘Kandahar’, ‘La Vida En Rosa’, ‘Lucia Y El Sexo’, ‘Match Point’, ‘Primavera’ y ‘Farenheint 9/11’.

Durante este tiempo ha participado en varios festivales entre los que se destacan el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI, diferentes ediciones del Festival de Cine Francés, incluyendo la de este año en su modalidad virtual, y la Muestra de Cine Canadá en tres ediciones, como participante y organizador. Por su parte, la sala de Cinema Paraíso ha sido sede de inauguraciones del Festival IndieBo 2015, la Muestra Cine Canadá 2017 y 2018, y el estreno de películas tanto de Babilla Ciné como de otros distribuidores y productores a nivel nacional.

Finalmente, Mejía precisó “no pueden perderse la oportunidad de suscribirse a esta plataforma, ya que es una gran alternativa para conocer la calidad de películas que hemos presentado en Cinema Paraíso por más de 20 años y para que disfruten quienes no han conocido nuestra sala. Los invitamos a ser parte de esta gran aventura”.

Lista de calidad

Dentro de los destacados del catálogo se encuentran:

‘Piazzolla: retrato de un artista único’ (2018, Argentina), documental dirigido por Daniel Rosenfeld sobre el bandoneonista y compositor argentino, considerado uno de los músicos más destacados del siglo XX y uno de los compositores más importantes de tango en todo el mundo.
‘Anthropocene: la época humana’ (2018, Canadá), documental de Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier que explora los seis continentes del globo terráqueo con imágenes del catastrófico resultado que nuestra especie está dejando en la Tierra.
‘Apocalypse Now’ (1979, EE.UU.), un drama dirigido por Francis Ford Coppola sobre la misión de un capitán del ejército de encontrar y matar a un oficial renegado en Camboya.
Cine colombiano: gracias a Proimágenes Colombia y DOC:CO es posible este espacio con producciones premiadas en importantes festivales de cine del mundo como ‘Amazona’, ‘Señorita María, la falda de la montaña’ y ‘Los días de la ballena’.

Este miércoles el Congreso en pleno eligió a los siete magistrados que deben integrar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que juzga disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales del país. 

Esta comisión debió comenzar a operar desde 2016 pero por decisiones judiciales no se había podido conformar, lo que llevó a que la interina Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -eliminada en 2015 con la reforma de equilibrio de poderes- siguiera funcionando.

(Le puede interesar: Polémica integrante de Sala Disciplinaria sería elegida por Congreso)

Los perfiles de los 7 magistrados elegidos son variados, algunos llaman especialmente la atención porque han sido cuestionados antes. 

Por ejemplo, de las 3 ternas que le envió al Congreso el presidente Iván Duque, dos sonados nombres fueron elegidos: María Victoria Acosta Walteros, quien es actual magistrada provisional de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, órgano con varios cuestionamientos. 

La elección de Acosta le significa, en la práctica, una reelección que en las altas cortes está prohibida. Llegó en 2016 a la Sala Disciplinaria de la Judicatura, por lo cual con esta elección como magistrada del órgano que debe remplazar a esa sala, Acosta tendrá 12 años como magistrada, 4 desde 2016 en la sala interina, y 8 más que tiene como magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

(Lea también: De estos 21 nombres saldrán togados de Comisión de Disciplina Judicial)

También fue elegido de las ternas de Duque el excontralor de Bogotá Juan Carlos Granados Becerra, a quien la Fiscalía le imputó cargos en noviembre de 2018 por el caso Odebrecht.

De acuerdo con la Fiscalía, el excontralor habría hecho movimientos para beneficiar a la multinacional cuando fue candidato y posteriormente gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015.

Según el ente acusador, Granados recibió dinero siendo aspirante y, ya en el cargo, intentó adjudicar obra vial Duitama – Charalá San Gil. El exfuncionario ha insistido en su inocencia.

El último elegido de las ternas presidenciales Mauricio Fernando Rodríguez, quien actualmente es conjuez de las secciones segunda y tercera del Consejo de Estado, también es socio de la firma Rodríguez Castaño Abogados. Fue asesor externo del Inpec y jefe de la oficina jurídica de Interaseo S.A. E.S.P.

(Le recomendamos:  ¿Podría decisión de la Corte tumbar fallos de la Sala Disciplinaria?)

Por su parte, de las cuatro ternas que el Consejo Superior de la Judicatura -antes llamado Sala Disciplinaria- fueron elegidos por el Congreso Diana Marina Vélez,  actual procuradora segunda ante el Consejo de Estado y quien lleva 31 años en el servicio público, además fue personera delegada en el distrito de Bogotá.

Igualmente fue seleccionado Alfonso Cajiao Cabrera, exprocurador delegado para Fuerzas Militares, así como exsecretario general de la Defensoría del Pueblo, y defensor del Pueblo encargado, tras la renuncia de Jorge Armando Otálora.

El tercer elegido fue Carlos Arturo Ramírez Vásquez, quien actualmente es magistrado y presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, procurador judicial penal de carrera, con más de 25 años de experiencia profesional en derecho constitucional, público, administrativo, penal y disciplinario.

Por último el Congreso votó a Julio Andrés Sampedro Arrubla, docente de Derecho de la Universidad Javeriana y exdecano de Ciencias Jurídicas de esa universidad, también ha sido director del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Javeriana, conjuez de la Sala Penal de la corte Suprema de Justicia, entre otros cargos.

Con estos 7 nombres, la Comisión Nacional de Disciplina deberá quedar conformada e instalada antes del 20 de diciembre, por orden de la Corte Constitucional.

(En contexto: Corte pide investigar a magistrados de escándalo en la Judicatura)

¿Por qué ha sido tan polémica la Sala Disciplinaria de la Judicatura?

Fue eliminada hace 5 años pero continuó funcionando de forma interina, con Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, dos magistrados que se eternizaron en sus cargos y se quedaron 12 años, pese a que los periodos son de 8, y con otros 5 elegidos por esos dos en sala privada, en lugar de la elección por el Congreso que manda la ley.

La Sala, además de juzgar disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales del país, es la que resuelve conflictos de competencia entre jurisdicciones, por ejemplo, define si un caso debe ir a la justicia penal militar o estar en la ordinaria.

Sin embargo, su interinidad sembró dudas sobre su legitimidad, de hecho, en un pronunciamiento de hace unas semanas la misma Corte Suprema cuestionó la validez de las decisiones que han tomado desde hace 4 años Sanabria y Garzón.

Recientemente también se han conocido denuncias de acoso sexual al interior de la Sala Disciplinaria, involucrando con nombre propio a dos de sus magistrados.

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JUSTICIA
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En una ceremonia virtual se desarrolló este miércoles la edición número nueve del Premio a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, que reconoce y resalta a los líderes sociales que ejercen este importante rol en el país.

El ganador del premio a ‘Defensor del Año’, un reconocimiento que se brinda a quien en el último año hizo un trabajo representativo de la defensa de derechos humanos,  fue el líder del departamento del Chocó Leyner Palacios. 

(Lea aquí su perfil:  Leyner, el guardián que busca saciar la sed de sus muertos)

Palacios es sobreviviente de la masacre de Bojayá, y ha dedicado su vida a defender la paz y  a denunciar las violaciones de derechos humanos en el Pacífico. En el premio también se reconoció su trabajo como impulsor del acuerdo de paz con las Farc y de su implementación. 

En septiembre pasado, Palacios fue elegido como comisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.  

Y Marino Córdoba, también del Chocó, ganó el premio a ‘Toda una Vida’, que se otorga por su “valor y presencia” en la defensa de derechos humanos, y por desarrollar este trabajo como mínimo por 30 años. 

Córdoba Berrío es un reconocido defensor del pueblo negro. Fundó la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), visibilizando lo que sufren estas comunidades en medio de la violencia y el conflicto armado, y apoyando a quienes se refugian en Bogotá. Por su trabajo sufrió atentados entre 1997 y 2001. 

De otro lado la Guardia Indígena Kiwe Thegnas, de Cauca, recibió el premio en la categoría ‘Nivel Proceso Social Comunitario’. El jurado destacó su trabajo como exponente de la dignidad indígena, del autocuidado y pertenencia colectiva. 

Y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ganó el premio de ‘ONG Acompañante’, por ser la primera organización no gubernamental creada para fomentar el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad. 

(Lea: Más de 250 líderes han sido asesinados este año, según Indepaz). 

Los nominados y ganadores fueron valorados por un jurado nacional e internacional, experto en derechos humanos, que evaluó estas experiencias colectivas e individuales de liderazgo social. Los premios fueron entregados por organizaciones donantes como Act Iglesia Sueca y Diakonia. 

(Lea: En 9 meses asesinaron a más defensores de DD. HH. que en todo 2019). 

Este reconocimiento se da en un contexto en el que los asesinatos contra los defensores de derechos humanos han venido aumentando pues, según Somos Defensores, en nueve meses de este año asesinaron a más líderes que en todo el 2019. 

REDACCIÓN JUSTICIA
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Una tutela de 108 internos del pabellón Autonomía de la Cárcel Distrital de Bogotá dejó en evidencia cómo guardianes de ese centro penitenciario estarían agrediendo a las mujeres que visitan a los presos de ese penal, que depende de la alcaldía de Bogotá. 

En la tutela, que llegó a la Corte Constitucional, los detenidos aseguran que el personal de custodia está cometiendo abusos durante las requisas debido a que las mujeres que hacen parte de su familia, sus parejas y amigas que van a visitarlos están siendo sometidas a conductas que, incluso, podrían constituir hechos de violencia sexual. 

Según los detenidos, en mayo del año pasado varias mujeres que fueron a visitarlos fueron tocadas en sus partes íntimas y “forzadas a desnudarse y hacer flexiones con las piernas”. 

(Lea también: Hacinamiento carcelario: ¿otro frente de condenas en contra de Nación?). 

Incluso, aseguran los presos, el personal de seguridad impidió que dos mujeres ingresaran con prendas de vestir oscuras porque dijeron que estas iban en contra del reglamento interno, y a una de ellas la obligaron a entrar únicamente con ropa interior, casi desnuda. A la otra mujer “le tocó dejar su ropa interior e ingresar en pantalón”, asegura la denuncia. 

Pero esas conductas no solo estarían siendo cometidas contra las visitantes. Según los presos, en abril del año pasado fueron obligados a desnudarse y ubicarse de espaldas a los guardias y hacer de tres a cinco sentadillas con las manos en la cabeza.

Además, en medio de las requisas los guardias les habrían ordenado darse la vuelta y exhibir sus partes íntimas para “verificar que no estaban ocultando elementos o sustancias prohibidas”. 

(Además: Hacinamiento del 21 % en cárceles, el más bajo en 20 años). 

Por eso, los detenidos presentaron una tutela en la que pidieron que se ordene prohibirles a los guardianes tocar las partes íntimas de las personas privadas de la libertad, así como de las visitantes. También pidieron que se obligue a grabar en audio y video esos procedimientos. 

Cárcel vulneró los derechos

La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, les dio la razón a los presos y aseguró que la Cárcel Distrital vulneró los derechos a la dignidad humana por las requisas indignas y degradantes que están sufriendo familiares y amigas que los visitan. También está cometiendo tratos crueles y degradantes contra los presos, que además eran obligados a vestirse con el uniforme de la cárcel, sin diferenciar entre quienes eran condenados y detenidos. 

Por estos hechos, la Corte también compulsó copias a Fiscalía y Procuraduría para que investigue las denuncias y esclarezca si todo esto fue cometido por guardianes de la prisión. 

(Lea: ¿Qué responden autoridades por problemas de alimentación en cárceles?). 

En medio del trámite de la tutela, el año pasado la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bogotá dijo que si los presos estaban molestos era porque las medidas de seguridad habían permitido capturar a varias mujeres que llevaban sustancias psicoactivas. También dijo que nunca hubo tratos indignos ni que se hubiera obligado a dos mujeres a ingresar en ropa interior o desnudas. 

De otro lado, la directora de la Cárcel Distrital, Sonia Patricia Peñón NIño, señaló que los procedimientos de requisas a los visitantes y a las personas detenidas se hacen conforme a los estándares de seguridad, custodia y vigilancia que ha señalado el Inpec desde el 2016, así como el reglamento interno de la prisión. Añadió que esos procedimientos no contemplan que las inspecciones se hagan sin ropa ni que se ordene a los visitantes realizar cunclillas o sentadillas. 

Pero la Corte le dio crédito a lo que dijeron los detenidos y aseguró que según las pruebas recaudadas los guardianes de esta cárcel se apoyan principalmente en perros y en requisas corporales para detectar elementos o sustancias prohibidas. En cambio, las herramientas tecnológicas se usan como apoyo secundario.

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Ante esa situación, le ordenó a la Cárcel Distrital que modernice sus herramientas tecnológicas y adquirir en máximo 6 meses por lo menos un escáner de rayos X para las personas. También deberá calibrar las sillas y arcos detectores de metales que tiene la prisión. 

En las respuestas que le entregó la Cárcel Distrital sobre cómo se desarrollan las requisas, la Corte encontró que no hay ni una línea sobre lo que ha dicho ese alto tribunal frente a cómo se deben hacer estos procedimientos para evitar que se incurra en tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por eso le ordenó a la directora de esta prisión que elabore un nuevo protocolo en el que tenga en cuenta la jurisprudencia de esa corporación sobre los límites en las requisas. 

“Entre otros tratos, el director(a) debe prohibir que las personas sean tocadas en sus partes íntimas o que sean obligadas a desnudarse y a hacer sentadillas”, afirmó la corporación. 

(Lea: Uspec no usó el año pasado $ 44.922 millones de su presupuesto). 

Y es que según la Corte, en la Cárcel Distrital “luego de la señal positiva del ejemplar canino, existe una zona gris sobre el procedimiento que deben seguir los guardias para realizar la inspección ‘complementaria’ o la ‘requisa más rigurosa'”.  Esos vacíos, señala la corporación judicial, son un riesgo que “aumenta las probabilidades de someter a las personas a tratos crueles, humillantes y degradantes”. Por ello concluyó que lo que dicen los presos es cierto.

Aunque la Cárcel Distrital negó que lo manifestado por los detenidos sea verdad, la Corte dice que están probadas las fallas en los procedimientos de seguridad de la cárcel, el desconocimiento en los límites para evitar los abusos en requisas, por lo cual “la respuesta de la entidad accionada no tiene el peso suficiente para desvirtuar las afirmaciones hechas por los accionantes en su escrito”. 

La respuesta de la entidad accionada no tiene el peso suficiente para desvirtuar las afirmaciones hechas por los accionantes en su escrito

La Corte también les recordó a las autoridades que “las personas privadas de la libertad deben ser tratadas con el mismo respeto con que se trata al resto de los miembros de la sociedad. Si bien es cierto que algunos de sus derechos están limitados debido a la reclusión, esta circunstancias ano menoscaba su condición humana”. 

Así, señaló que está permitido requisar superficialmente la ropa de los visitantes y en el caso de los detenidos, indicarles que se remuevan el uniforme y queden en ropa interior, pero recordando que nunca se pueden superar los límites ni obligar a reclusos o visitantes a desnudarse o tocar sus partes íntimas. Las requisas más intrusivas solo se pueden realizar de forma excepcional, cuando no haya alternativas que permitan desarrollar el procedimiento de otra forma, y siempre y cuando haya motivos fundados. 

Otras requisas abusivas

No es la primera vez que la Corte tiene que pronunciarse por los abusos y tratos degradantes durante las requisas en las cárceles. De hecho, en el 2013 el alto tribunal revisó uno de estos casos, y reiteró su decisión de establecer que en las cárceles del país hay un estado de cosas inconstitucionales (sistemática violación de derechos fundamentales) por  la vulneración constante de la dignidad. 

Está prohibido superar estos límites y obligar a las personas (reclusos o visitantes) a desnudarse o tocar sus partes íntimas

Lo mismo sucedió en un fallo del año pasado en el que la Corte estudió una tutela de un preso y de su pareja que fueron sometidos a requisas abusivas antes y después de la visita íntima. 

Y en el 2018 el Consejo de Estado también ordenó al Inpec indemnizar a un detenido que fue obligado a desnudarse por completo en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá. 

REDACCIÓN JUSTICIA

En la tarde de este miércoles, la Fiscalía General, emitió un comunicado en el que confirma que “designó un fiscal especializado de la Delegada para la Seguridad Ciudadana para que asuma las investigaciones”, que involucran a un funcionario de la entidad denunciado por violencia intrafamiliar.

El funcionario, identificado como Darío Alejandro Correa, labora en la fiscalía seccional Risaralda, en el área de violencia intrafamiliar. 

Señala la Fiscalía en su comunicado que la investigación se adelantará  “a través de un enfoque diferencial de género”, con el fin de que se “esclarezca lo ocurrido y, de ser el caso, actúe en el ámbito de sus competencias para garantizar la efectiva protección a la víctima y la eventual sanción penal del funcionario, de ser corroborada su participación en los hechos”.

De igual forma, el ente acusador señaló que se compulsarán las respectivas copias para el inicio del proceso disciplinario que corresponda.

Señala la Fiscalía que tiene como prioridad la defensa de los derechos de la mujer y el esclarecimiento de las conductas que afectan su vida e integridad personal, “por lo que rechaza de plano y será implacable ante cualquier circunstancia que involucre a alguno de sus funcionarios en agresiones o violencia contra la mujer”.

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Rechaza de plano y será implacable ante cualquier circunstancia que involucre a alguno de sus funcionarios en agresiones o violencia contra la mujer

De acuerdo con versiones conocidas, Correa habría golpeado a su compañera sentimental, en medio de una discusión al interior de su lugar de vivienda en Pereira.

La mujer fue remitida a un centro médico de la capital de Risaralda para atender un golpe en la cabeza, en el lugar, se dio inicio a la denuncia.

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JUSTICIA

Hace un poco más de dos meses, el pasado 22 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia aceptó una tutela de varios ciudadanos y estableció que en Colombia hay una violación sistemática al derecho a la protesta ante los abusos policiales, por lo que le ordenó al Gobierno implementar una serie de medidas para detener esa situación. 

Como sucede con todas las tutelas del país, esa recurso judicial, que causó molestia en el Gobierno, pasó a la Corte Constitucional, alto tribunal que debe decidir si lo revisa o no, para establecer si mantiene lo dicho y ordenado por la Corte Suprema de Justicia, si lo modifica o lo tumba. 

Aunque la semana pasada la Corte Constitucional tuvo sala de selección de tutelas, en ese caso estaba revisando las que habían llegado en septiembre, por lo cual todavía no se ha definido si el alto tribunal va a seleccionar  la tutela de la protesta. 

A la Corte Constitucional le queda este año una sala de selección -antes de que se inicie la vacancia judicial- por lo que hay expectativa sobre si allí se sabrá si va a elegir o no este expediente. 

(Lea el contexto de esta información: Corte ordena proteger derecho a protesta ante agresiones sistemáticas). 

La selección de la tutela dependerá del análisis que se haga de sus factores objetivos, subjetivos o complementarios. En esas categorías está, por ejemplo, que el caso sirva para unificar jurisprudencia, sea novedoso, exija aclarar el contenido sobre un derecho fundamental, viole el precedente de la Corte Constitucional, implique la urgencia de proteger un derecho o aplicar un enfoque diferencia, sirva para luchar contra la corrupción, permita hacer un examen de pronunciamientos internacionales, implique la preservación del interés general o una grave afectación al patrimonio público. 

Pero aunque la Corte Constitucional todavía no ha definido si va a revisar el tema, el expediente no se ha quedado quieto en los últimos dos meses y se ha seguido moviendo en la Corte Suprema de Justicia. 

Desde el pasado 22 de septiembre el proceso ha tenido varias actuaciones en esa Corte. La última de ellas fue del 12 de noviembre en donde se emitió un auto de sustanciación en el que se estableció que se  debe tener en cuenta la documentación que entregó la Fiscalía General sobre el cumplimiento del fallo de la protesta. 

(Lea también: Las 14 órdenes de la Corte por la ‘agresión sistemática’ a la protesta). 

A ese organismo, la Corte le había ordenado investigar los casos de abuso policial que se mencionan en la tutela, así como las retenciones arbitrarias, y rendir un informe mensual a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá sobre el tema. También le ordenó expedir un protocolo que les permita a los defensores de derechos humanos y ciudadanos verificar las capturas y traslados de personas que se realicen durante protestas. 

Pero además, tras el fallo también ha habido actuaciones por parte del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, el agente del Esmad que en las manifestaciones del año pasado disparó la escopeta calibre 12, cuyo proyectil golpeó la cabeza de Dilan Cruz, ocasionándole la muerte. 

Ese caso hoy está en la Justicia Penal Militar, a pesar de que la familia ha solicitado -y sigue insistiendo- en que debería quedar en la justicia ordinaria. 

Cubillos Rodríguez le pidió a la Corte Suprema de Justicia que anule su fallo, petición a la que el alto tribunal negó en una una decisión de octubre. 

(Lea: Tras un año de muerte de Dilan, no hay decisiones de fondo en el caso). 

Y es que el caso de Dilan Cruz fue uno de los argumentos que usó la Sala Civil para afirmar que hay una vulneración sistemática contra protesta pacífica, pues en su fallo sobre la protesta señaló que -aunque a esa corporación no le corresponde valorar la responsabilidad penal o disciplinaria del capitán que disparó contra el joven- señaló que en ese caso no vio que fuera proporcional o necesario usar la escopeta y disparar de forma directa y dirigida hacia Dilan. 

(Lea: ¿Podría el fallo de Corte tener implicaciones en caso de Dilan Cruz?). 

Tras esa decisión, según Cubillos se debía anular todo lo que se había decidido en la tutela, incluso desde la primera instancia, que estaba en el Tribunal Superior de Bogotá pues nunca fue llamado para dar su posición frente al tema. El capitán dijo que debía ser convocado para dar su opinión ya que a él se le abrió un proceso disciplinario el 21 de noviembre del 2019 “y debía ser enterado de los procedimientos para ejercer su derecho de defensa”. 

Pero la Corte rechazó su petición afirmando, entre otras razones, que Cubillos no expone de forma clara por qué de manera obligatoria debía ser convocado en este proceso,  hasta el punto en que sin su posición no se podía decidir sobre la tutela. Así, la corporación judicial aseguró que él no está legitimado para pedir que se anule el fallo sobre la protesta. 

También le dijo que la Corte Suprema de Justicia agotó su competencia con el fallo que emitió el 22 de septiembre, por lo cuál si tiene algún reparo y lo estima pertinente, debe acudir ante la Corte Constitucional, que aún no ha decidido si revisa o no el fallo.

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Por la petición de nulidad de Cubillos también había llegado a la Corte Suprema una manifestación del jefe del área jurídica de la Secretaría General de la Policía Nacional, el pasado 30 de octubre, en la que retiraba las afirmaciones y declaraciones que había hecho sobre la nulidad que había pedido el capitán del Esmad. Sin embargo, el alto tribunal le dijo que esa petición era improcedente porque ya se había decidido negar la nulidad del capitán.

Pero Cubillos no es el único que ha intentado anular el fallo.  La Corte también rechazó una petición que hizo Ibáñez Abogados S.A.S (de Óscar Ibáñez Parra, un contratista de la Agencia de Tierras)  y la Fundación Sumamos por Colombia,  promotora del premio Excelencia Policial.  

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De otro lado, en estos últimos, el Departamento Administrativo de Presidencia también ha enviado a la Corte documentos y reportes sobre el cumplimiento del fallo de tutela, lo mismo que la presidencia de la Cámara de Representantes, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entre otros. 

La Corte también ha recibido varias peticiones para que declare que el fallo no ha sido cumplido en su totalidad, como la que hizo en septiembre Alirio Uribe Muñoz. Sin embargo, el alto tribunal ha dicho que el responsable de verificar el cumplimiento es el Tribunal Superior de Bogotá. 

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REDACCIÓN JUSTICIA
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Un grupo de 35 víctimas de ‘falsos positivos’ y diez organizaciones de derechos humanos radicaron una tutela en la Sección de Revisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) para que se inicie el proceso de expulsión del excomandante del Ejército general Mario Montoya.

Los tutelantes buscan que la Sala abra de inmediato el incidente de exclusión del oficial en retiro.

Señalan que al someterse a la JEP adquirió el compromiso de contribución con la verdad y asumir la responsabilidad de sus actuaciones.

Sin embargo dicen las víctimas acreditadas que el oficial en su versión del 13 de febrero pasado “mintió a las víctimas y negó tener conocimiento sobre esta práctica, que ocasionó alrededor de 2.429 víctimas bajo su mando, cuando se desempeñaba como comandante del Ejército. En dicha oportunidad afirmó, a pesar de las pruebas que existen, que el conocimiento de irregularidades en operaciones militares se obtuvo mucho tiempo después de ocurridos los hechos, momento en el cual se tomaron las medidas necesarias para que no se repitieran”.

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Añaden que desde entonces se ha pedido, sin éxito, que se adelanten los trámites para su expulsión y la pérdida de beneficios.

“Dicha petición fue reiterada el 30 de septiembre, destacando que el comportamiento negacionista es revictimizante y que va en contravía de las pruebas aportadas por las víctimas, los informes de organismos internacionales, las pruebas recaudadas por la Fiscalía General y las múltiples versiones que señalan su responsabilidad y papel determinante en la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad”, afirman.

Y advierten que las  declaraciones dadas por Montoya en dicha versión voluntaria “demuestran su incumplimiento del deber de contribuir con la verdad ya que contradicen doce versiones rendidas ante esta jurisdicción por quienes fueron sus subalternos, incluídos dos coroneles y un mayor”.

Igualmente señalaron que Montoya tampoco ha realizado ningún aporte a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

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“La administración de justicia no puede permitir que quienes han desconocido sus deberes y compromisos, sigan gozando de beneficios como rebajas de penas y no privación de la libertad. Como víctimas demandamos que quienes han pretendido hacer un fraude a la verdad plena, como Mario Montoya Uribe, sean objeto de exclusión y de un procesamiento en la justicia ordinaria o en la justicia internacional”, indicaron los representantes de las víctimas.

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Los nombres de poderosos testaferros, despojadores de tierras y responsables de asesinatos selectivos y desplazamientos forzosos aparecen en una citación de  la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que  hará una audiencia pública en la que participarán víctimas  y victimarios.

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La diligencia se llevará a cabo el 7 y el 9 de diciembre, y serán escuchados seis terceros civiles que solicitaron someterse a la jurisdicción y otro civil que ya fue aceptado.  Allí, las víctimas de despojo de tierras de Tulapas intervendrán respecto a las exposiciones de estas personas.

Los seis terceros civiles citados, que solicitaron someterse a la JEP son: Benito Antonio Osorio Villadiego, Jaime Augusto García Exbrayad, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Marco Fidel Furnieles Salgado y Sor Teresa Gómez Álvarez.

Varios de estos nombres llaman la atención, pues se trata de condenados o investigados no solo por arrebatarle sus tierras a campesinos de la región de Urabá y Córdoba, sino también por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

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Sor Teresa Gómez, por ejemplo, es considerada como la última ficha del clan Castaño. Su accionar delictivo se concentró en el despojo de tierras, a sangre y fuego, con el apoyo armado de los ejércitos paramilitares que crearon sus familiares Carlos y Vicente Castaño. 

Su fachada era la Fundación para la Paz de Córdoba (Fundapazcor). Esta ONG fue creada por los Castaño en los 90 con el fin de legalizar las tierras arrebatadas a los campesinos de Córdoba y Urabá, que terminaron en manos del Fondo Ganadero de Córdoba. En 2013 fue capturada y recibió una condena de 40 años de cárcel por la muerte de la reclamante de tierras Yolanda Izquierdo, asesinada en el 2007.

Su accionar delictivo se concentró en el despojo de tierras, a sangre y fuego, con el apoyo armado de ejércitos paramilitares

Benito Osorio, por su parte, fue un influyente personaje en la política cordobesa hasta mediados de la década del 90. En 1997 llegó a la gerencia del Fondo Ganadero de Córdoba y presidió la Federación Nacional de Fondos Ganaderos Nacionales.

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Pero 18 años después, en 2015, fue condenado a 19 años de cárcel por destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión traslado o desplazamiento forzado, lavado de activos, testaferrato y concierto para delinquir.

El resto de los citados también hicieron parte de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba entre los años 1997 y 2008 e intermediaron para realizar acciones de despojo de tierras a campesinos poseedores en la región de Tulapas, en el Urabá antioqueño.

Durante la audiencia pública que citó la JEP, esas personas deberán exponer su compromiso claro, concreto y programado frente a la verdad plena, la reparación integral de las víctimas, las garantías de no repetición y sus compromisos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR).

A partir de la información que los seis postulados entreguen durante la diligencia, que se hará conjuntamente con la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se definirá si cumplen con los requisitos para ser admitidos en la jurisdicción y podrán vincularse al Caso 04, que investiga la situación de Urabá.

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En el caso de Benito Molina Velarde, la JEP ya aceptó su sometimiento en septiembre, por lo que se presentará en calidad de compareciente para iniciar sus aportes a la verdad plena, detallada y exhaustiva. 

Los citados a la diligencia se conectarán de las cárceles La Picota, el Buen Pastor, Bello y Corozal. Según informó la JEP, las víctimas acreditadas podrán seguir la diligencia en el municipio de Necoclí, donde se habilitó una sala especial.

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