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Por Jenifer Vanessa Sarria Sierra

La ofimática mezcla dos conceptos: por un lado, conjuga la palabra oficina y, por el otro,  la palabra informática, siendo la unión de dos nociones en torno al uso de herramientas computacionales, empleadas en las actividades de oficina, para potenciar el trabajo y la relación hombre-máquina.

En la evolución e innovación de dispositivos móviles, computadores, redes y software, las herramientas ofimáticas también deben estar a la vanguardia de las necesidades que en estos momentos exige el sector educativo.

En tiempos de pandemia (algo para lo que el mundo no estaba preparado), plataformas como Google Drive, Zoom, Meet y Skype fueron un punto clave para los colegios de los lugares privilegiados del país. Estas herramientas permitieron que los proyectos pedagógicos, que se vieron frustrados en el mes de marzo del año 2020, pudieran continuar, aunque con algunas dificultades, pues había docentes, directivos y estudiantes que carecían de conocimientos para usarlas.

Ahora bien, ¿usted quería capar clase cuando estaba en la presencialidad? Le tengo la solución: clases virtuales.

Lo que se creía era una solución a la imposibilidad de continuar con las clases como normalmente las conocíamos, ahora genera grandes dudas ante la ausencia continua de quienes deberían ser los mayores interesados en estas sesiones virtuales. A los estudiantes se les ha dado la oportunidad de abogar por su autonomía, siendo ellos mismos quienes regulen su responsabilidad mínima que es asistir a una clase virtual. Sin embargo y como es evidente, esto ha representado la perfecta ocasión para no asistir sin mayores implicaciones o consecuencias.

Las clases por internet se han convertido en un constante “¿estudiantes están ahí?” “Por favor contesten”. “Alguien hable, por favor”. Igual que en una sesión espiritista, existiendo una parte que quiere hacer contacto, interactuar con otra presencia, compartir un momento de su tiempo para hablar, pero es evidente que el silencio sepulcral también es un mensaje por parte de los alumnos que sin duda están capando clase, a quienes no les interesa estar en ese momento y en ese lugar. Se sienten afortunados los docentes cuando dos o tres de sus estudiantes (de un grupo de 25) responden a cada pregunta u observación que realizan dentro de las actividades académicas.

Muchos profesores manifiestan que es desgastante, agobiante y frustrante estar hablándole a una pantalla, esperando que las personas que están al otro lado contesten. Los educadores han llegado al punto de plantearse preguntas tales como: ¿será mi metodología? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Estará muy aburrido? Y en muchas ocasiones, ante la falta de participación, con tristeza se da un paso atrás, volviendo al conductismo, donde, si el estudiante responde cuando se le llama por su nombre, tendrá una buena nota; por el contrario, si no responde, obtendrá una muy mala calificación.

Otros, en cambio, confían en que el silencio de los estudiantes es una oportunidad para mejorar y hacer clases más divertidas, que llamen la atención de los participantes, generando una comunicación continua y efectiva.

Se entiende que estar demasiado tiempo en una misma actividad, ya sea presencial o virtual, implica que con el paso de los minutos se vaya perdiendo interés en ella, pero es aquí donde la creatividad, no solo del docente, sino también de los estudiantes, entra en juego. Porque los alumnos también pueden proponer cambios o mejoras frente a su desinterés, evaluando la causa por la cual no quieren estar en las sesiones virtuales y el motivo que solo los impulsa a cumplir, esperando únicamente responder a una lista de asistencia, sin estar dispuestos a aprender.

La pandemia causó que este movimiento hacia las herramientas digitales fuera próximo en el conocimiento y uso de las mismas. Muchos tuvimos que aprender en corto tiempo sobre los beneficios y las facilidades que otorga la ofimática en la web. Amigo profesor, véalo por el lado bueno: ya por lo menos no tiene que pedir que se callen… aunque, ¿qué es peor? ¿Que hablen o que no hablen?

Por: GUILLERMO GARCÍA REALPE – Senador

@GGarciaRealpe

Por si le faltara un ingrediente más a la ya convulsionada historia de violencia de nuestro país y sumado a ello tantos problemas sociales, como pobreza, marginalidad, desempleo, pandemia, ahora se revive con más fuerza el trágico capítulo de los mal llamados falsos positivos.

La Jurisdicción Especial de Paz -JEP- nos sorprendió en días pasados con la muy importante investigación del caso 03 sobre los falsos positivos en Colombia. El resultado de la Sala de Reconocimiento de la JEP, fue sin lugar a dudas, ¡ATERRADOR!

Cuando a todo el país se le había hecho creer que por causa de esa nefasta practica habían sido asesinados 2248 humildes jóvenes por el Ejército para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja y así ganar méritos y ascensos al interior de la milicia, las investigaciones serias y exhaustivas de la JEP, arrojan que la cifra verdadera asciende a 6402 los colombianos asesinados por la fuerza pública entre el 2002 y el 2008.

Sobre esta polémica, surgen varios contrastes, el primero es que las cifras que presentó la Fiscalía General de la Nación, al iniciar su proceso investigativo registran 4154 casos menos, ósea, no concuerdan estos resultados con la más reciente investigación de la Jurisdicción Especial de Paz. Surgen entonces varias preguntas, ¿qué falló al interior del ente acusador para no llegar al fondo de la verdad?, ¿quiere la Fiscalía ocultarle la verdadera historia de los falsos positivos al país?, o tal vez ¿desde éste organismo hay interés en encubrir a algún expresidente y los mandos militares de la época y además de otros actores relacionados con los falsos positivos?, todos estos interrogantes son los que necesitamos que sean resueltos para que la opinión pública nacional y el mundo los conozcan. Todos necesitamos saber sobre ¿quiénes dieron las ordenes, ¿quiénes los ejecutaron y dónde poder recuperar los cadáveres para su exhumación?

Pero lo más grave, entre otras cosas, es que el informe revela que, el 78% de los casos de falsos positivos ocurrieron durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y que principalmente seis regiones colombianas vivieron el rigor de esta nefasta práctica, como son Antioquia, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare y la Costa Caribe.

Viene ahora una segunda fase investigativa en otros departamentos como Caquetá, Putumayo, Guaviare, Boyacá, Arauca, Guainía, Sucre, regiones muy azotadas históricamente por la violencia y que muy seguramente la Sala de Reconocimiento de la JEP encontrará otros hallazgos importantes. Es decir, que debemos prepararnos para conocer nuevas cifras de falsos positivos.

Esta nefasta práctica, es sin duda, una grave vulneración de los Derechos Humanos, especialmente del derecho a la vida, que es la base de todos los derechos fundamentales, establecidos en el Capítulo III de la Constitución Nacional, donde se establecen los derechos fundamentales del ciudadano, que son trasversales a todos los demás derechos que desarrolla la carta, nos damos cuenta que, no es el ciudadano el que vulnera los derechos, sino que es el Estado el que los vulnera, cuando es el Estado quien debe garantizarle el derecho a la vida  a un ciudadano y por lo tanto, tenemos un Estado que no garantiza el derecho a la vida, y que tampoco garantiza que haya confianza en las instituciones y por lo tanto convierte a la fuerza pública, ya no como defensora y protectora de sus derechos, sino que la convierte en los verdugos de la gente.

Entonces una fuerza pública que cumple funciones de eliminación física, se convierte prácticamente en sicarios uniformados y legalizados al servicio de una clase política que dirige este país sobre la base del crimen y el asesinato.

Todo esto daña el tejido social, genera un terror psicológico del ciudadano hacia el Estado y se convierte esto, en un Estado represivo y no coherente con lo estipulado en la Constitución del desarrollo del Estado Social de Derecho, donde la protección del ciudadano está por encima de todas las consideraciones.

Hablar de falsos positivos, implica para entender este tipo de circunstancias tres aristas fundamentales, primero, cómo entender la política de los falsos positivos desde el poder político, es decir, quiénes son los implicados y responsables y por qué se dio este tipo de política de exterminio. Segundo, cómo poder entender que el Estado se tome por su propia mano el asesinato directo de civiles, contrariando todo el ordenamiento legal de protección a los derechos fundamentales de sus propios connacionales. Y tercero, cómo a partir de este tipo de resultados, establece el Estado mecanismo para resarcir a las víctimas, cuando él mismo ha sido el que las ha provocado. Entonces, matemos civiles y luego paguémosles a las víctimas por habernos dado la oportunidad de privarlos de la vida de un familiar.

Ojalá más temprano que tarde, todos y todas las responsables de estas abominables muertes vayan ante la justicia y paguen todo el daño que hicieron a miles de humildes familias de nuestro país.

Por Marco Antonio Valencia

El abuelo, Antonio Valencia, nos contó que en el filo del monte del Diviso, aquí en la finca de Cascajal, el expresidente José María Obando hizo su juramento para luchar por la libertad de la patria.

—Este sitio fue sagrado para los indígenas sindaguas, luego para los negros cimarrones que hacían sus ceremonias de tambor y llanto, y después porque era el lugar de meditación del prócer José María Obando, quien fue el patiano más patiano de los patianos… llegando a ser presidente de la Nueva Granada entre 1853 y 1857.

»A ver les cuento: José María nació en Caloto en 1795. Tenía abuelos españoles y padres criollos. Como el papá del muchachito no respondió, la madre se lo entregó en adopción, a los dos años de nacido, al alcalde de Almaguer, el señor Juan Luis Obando del Castillo, un pastuso muy rico que tenía varias fincas en el Patía. Además de Cascajal, era dueño de Las Yeguas, La Ensillada, Las Piedras, Cuchimao y Tamao.

»José María era un niño blanco, rubio y de ojos azules, pero hasta los ocho años estuvo en el Patía. Más tarde se fue a estudiar a Popayán, regresando todas las vacaciones. Cuando tenía trece años estuvo una temporada larga, antes de entrar al bachillerato en el Real Seminario. Luego, de los veintiuno a los veinticinco años, se vino a vivir a Cascajal, donde vivió entre negros, aprendiendo de vaquería, caza, esgrima e infinidad de secretos del campo.

»Se dice que cuando nació, unos brujos indios lo rezaron en secreto con manteca de oso para hacerlo invencible y duro de matar. Que el cura que lo bautizó le puso los nombres de José y María, como los padres de Jesucristo, para protegerlo. Que estando en Almaguer, a los cinco años, se lo quiso llevar el duende, aunque él no se dejó, se hizo su amigo y este lo convirtió en un diestro jinete. Que a los veinte años quiso empautarse con el diablo en el monte del Encenillo, sin lograrlo. Entonces se vino en busca de espíritus que lo guiaran a su propia finca y los encontró aquí, en Cascajal.

»En este lugar les prometió a los espíritus del tiempo luchar por la libertad de los oprimidos, a cambio de poder, y, entonces, nació el caudillo que sería comandante de milicias españolas. Sin embargo, dialogando con los negros del Patía, reconoció su error, cambió de bando y se convirtió en general patriota, gobernador de Nariño, comandante general del Cauca, vicepresidente y después presidente de la República de la Nueva Granada.

»Obando, al principio, defendió la causa española porque protegía su linaje y sus bienes, al mando de temidos guerrilleros patianos a los que se les prometió la libertad si peleaban por el rey. Como los españoles perdieron la guerra y no dieron nada, se pasó a la fila de los patriotas para luchar, junto a Simón Bolívar, por la libertad definitiva de la patria y fundar una nación nueva. Y allí hizo carrera hasta ser presidente. El primer y único mandatario patiano, porque aquí, en el Patía, tuvo sus amores, sus fincas, sus caballos, sus guerras, sus amigos y su espíritu. ¡Que nadie nos diga que no!

Por Paloma Muñoz

Docente Universitaria

Maximino Carabalí, violinista, campesino y afrodescendiente de Quilcacé (El Tambo, Cauca), luego de haber sido desplazado por la guerra entre guerrilla, ejército y paramilitares en el año 2001 y de regresar a su vereda en el 2012, me contó que ni siquiera en ese duro momento de su vida dejó su violín hecho por él mismo a machete: “Después de haber sido desplazado, me llevé conmigo mi violín”, me dijo. Pero a quién se le ocurre llevarse un instrumento musical en esas circunstancias, pensé, y como si me leyera la mente, me contestó: “Pues era lo único que me permitía recordar a mi tierra”.

Maximino no era el único que había vivido esa situación de desplazamiento por la cual debió emprender una travesía vulnerable hacia la ciudad. Algunos pobladores me comentaron que cada ocho días aparecía gente muerta en los campos. La guerrilla bajaba de las montañas y los obligaba a reunirse para echar su perorata. Les exigía comprar armas para ayudarles a defender la lucha del pueblo. También llegaban los paramilitares y les quemaban los ranchos. Y después aparecía el ejército y se les llevaba los animalitos. “Yo ya viejo no podía entender todo esto que nos estaba pasando, pues antes, toda mi vida era tocar con mi conjunto de Los Músicos; nos llamaban a todas partes a tocar y [a] trabajar la tierrita para mantener a la familia”, me confesó don Maximino, quien continuó relatando: “Unos nos fuimos para Popayán. Otros decidieron irse para otros lugares y algunos para la montaña, porque no había de otra”.

Don Leonel, campesino de cincuenta y ocho años de edad, oriundo de Cuatro Esquinas (El Tambo), me contó que se enamoró en unas fiestas en Pueblo Nuevo y se quedó en dicho lugar. Allí tuvo diez hijos con su mujer, entre los que se encontraba su pequeño hijo de doce años a quien la guerrilla lo convenció y se lo llevó al monte. “Por la pobreza les ofrecían mejor vida… pero cuando tenía diecisiete años me lo mataron en un combate en La Paloma” (una vereda en la montaña), me narró agachando la cabeza, haciendo silencio y con un brillo acuoso en sus ojos que alcancé a observar cuando levantó su mirada. Él y su familia tuvieron que irse para otro lugar con sus puerquitos amarrados y sus enseres, pues tenían que permanecer callados ya que “amanecían ‘muñecos’ en el pueblo, donde ya había treinta y cinco muertos. Aparecían los ‘paracos’, quemaban casas y nos decían que todos éramos guerrilleros. El ejército pasaba y era la misma cosa, nos amenazaban”. El señor Leonel, luego de unos años, logró regresar a su pueblo con su familia.

Estas fueron algunas de las historias que me encontré en el municipio de El Tambo (Cauca), región donde también ha existido la práctica musical de violines negros. Pero más exactamente en el lugar denominado el Alto del Patía, ubicado en el centro-occidente del departamento, a unas dos horas de la ciudad de Popayán. Llegué a dicho sitio, de población afrodescendiente, al que los moradores de la cabecera municipal denominan como “El Tambo e’ los negros” para marcar la diferencia del resto de los habitantes mestizos, blancos e indígenas del municipio. Allí encontré la relación y conexión del poblamiento del valle del Patía, porque justo en esta región nace el río del mismo nombre, producto de la unión de otros dos afluentes: el Timbío y el Quilcacé. Esto ocurre en un punto llamado El Hoyo y desde este lugar el río Patía comienza su recorrido para formar el valle antes mencionado, desembocando en el océano Pacífico.

¿Qué había significado, entonces, la música para estos pobladores en un territorio de tanto conflicto social y violencia? ¿De qué música y violín iba a hablar? ¿Sería acaso de un violín atemperado a la libertad de estos territorios de afrodescendientes? Aquellas fueron algunas preguntas que, agolpadas en mi mente, aguzaban mi oído y mi corazón, dejándome un sinsabor. Después de un rato comprendí que mi trabajo investigativo musicológico sufría un remezón, un giro epistémico y también metodológico, porque las músicas no están alejadas de la tragedia humana.

Juegan varios aspectos, como la calidad de la conexión, las características del equipo en el que realiza la comunicación y dispositivos adicionales que pueden optimizar la llamada.

Las videollamadas se convirtieron para muchos en las nuevas oficinas, salones de reuniones o aulas de clase. Con los cambios que ha traído la pandemia, ahora pasamos varias horas conectados en estos espacios virtuales para coordinar las tareas del día a día.

En medio de este tipo de canales se pueden registrar múltiples fallas que llevan a que la experiencia no sea la mejor o dificultan la interacción con las personas con las que necesitamos comunicarnos.

En este aspecto juegan varios factores, como una buena conexión, contar con un equipo que sea compatible con la aplicación que estamos ejecutando, tener dispositivos adicionales que pueden mejorar la llamada e incluso hacer uso de algunas de las herramientas con las que cuentan estos programas para vernos mucho mejor. Le contamos cuáles son esos aspectos claves en los que debe centrarse si desea que su videollamada sea todo un éxito.

Factores técnicos

Contar con una conexión estable hace toda la diferencia. Eso garantiza que nuestros conocidos puedan vernos y escucharnos bien y que se pueda mantener una conversación fluida.

Por esto es importante garantizar que durante esos momentos le pueda sacar el mayor provecho a su conexión a internet para lograr una mejor estabilidad. Intente que durante el tiempo que está en la comunicación, el programa o aplicación que use sea el único que se esté ejecutando.

“Tener aplicaciones en un segundo plano puede deteriorar la calidad de la llamada. Esas plataformas, aun cuando no las estemos usando, consumen recursos de máquina, lo que ocasiona lentitud”, explica Harold Morales, jefe de ingeniería de diseño e implementación de video & OTT de Claro Colombia.

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Si está desde un computador y cuenta con un sistema operativo de Windows, puede verificar a través de alt + supr cuáles son las aplicaciones que están consumiendo mayor memoria dentro del dispositivo en ese momento. Ese comando desplegará el panel de control, que le permitirá frenar o cerrar aquellos programas que no está utilizando y que pueden quitarle rendimiento a su videollamada.

Tener aplicaciones en un segundo plano puede deteriorar la calidad de la llamada

En el caso de que sea una conexión por un dispositivo móvil, en el apartado de configuración encontrará la opción de aplicaciones, la cual le mostrará cuál de todas ellas está gastando más recursos en el equipo en ese instante. Así podrá identificarlas y cerrarlas durante el tiempo que lo requiera.

Quedarse en un lugar fijo ayuda a que no se generen saltos en la conexión, por eso busque un lugar cercano a su enrutador para que tenga la mejor señal posible. Y si puede, conéctelo al cable de red y no haga uso del wifi.

“Si se tiene cableado, el computador es como si la persona fuera en una autopista sola, no lo va a afectar si otras personas están conectadas. Una llamada nunca se va a caer por una conexión cableada. Es más seguro y confiable”, asegura Andrés Rodríguez, ingeniero de Diseño e implementación de Video de Claro Colombia.

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Acá también juega el factor de la latencia, que es el tiempo en el que se logra la transmisión de datos en una red. Si está realizando una videollamada acá en Colombia, la latencia recomendada sería de unos 50 milisegundos, en promedio. En el caso de una comunicación internacional, la latencia debe rondar los 100 milisegundos para que sea considerada buena.

Actualmente hay en el mercado varias aplicaciones, pagas y gratuitas, que ayudan a medir la latencia que está teniendo la comunicación en ese momento. Eso le ayudará a revisar con anterioridad si tiene una conexión adecuada para proceder a hacer la comunicación.

¿Qué revisar en el equipo?

No hay que ignorar el dispositivo desde el cual se está conectando. En el mercado hay varias opciones de aplicaciones y programas para realizar la videollamada, cada una de ellas cuenta con especificaciones claras de compatibilidad.

Para esto debe revisar que en el sistema operativo que está usando se pueda ejecutar la plataforma de videollamada. Si cuenta con uno que ya no tenga soporte del distribuidor, como es el caso de Windows Vista y XP, va a tener muchos problemas para que el programa se ejecute correctamente.

Además, es importante que cuente con la última versión de la aplicación. Esas actualizaciones van orientadas a optimizar el procesamiento de video y ampliar las opciones de herramientas.

Tenga en consideración también la cámara de su equipo. Si su computador cuenta con una cámara VGA, que tienen una resolución de imagen muy baja, evalúe adquirir un dispositivo adicional para mejorar la calidad del video que usted transmite.

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En el mercado hay muchas opciones, y todo dependerá de cuál es la actividad que va a realizar con esa videollamada. Si es una comunicación normal de su espacio de trabajo o clase, puede mirar una cámara con una resolución de mínimo 720 P, con 30 FPS.

Si necesita una imagen de video aún más limpia, hay en el mercado dispositivos mucho más potentes que transmiten en 4K, Ultra HD, con 90 FPS.

“Una cámara adicional puede ayudar a ajustar y atenuar la imagen y lograr una mejor iluminación”, aclara Mónica Bravo, VC regional manager de Logitech.

Algunas cámaras web tienen incorporados micrófonos omnidireccionales, con alternativas de reducción de ruido ambiente. Tienen un costo más elevado, pero valen la pena por la comodidad.

Cuando vaya a comprar una es importante revisar cuál es el sistema operativo de su computador y cuál es la aplicación de videollamadas que usa con más frecuencia, así podrá verificar que el equipo que compre sea compatible con estos y que su configuración sea más sencilla.

Una cámara adicional puede ayudar a ajustar y atenuar la imagen y lograr una mejor iluminación

El ambiente importa

Contar con un espacio adecuado y cómodo le puede facilitar su videollamada. Elija un lugar de la casa en donde siempre tenga una buena iluminación, que no esté a contraluz, ya que esto va a hacer que usted sea solo una silueta oscura.

“Siempre se debe situar la cámara al nivel de los ojos, esto dará un plano correcto y halagador durante la conversación”, detalla Bravo. Así mismo, agrega la experta, es mejor evitar estampados, rayas y patrones grandes que pueden distraer a las personas dentro de la comunicación.

Los filtros y fondos, que ofrecen ampliamente las aplicaciones de videollamadas, pueden ser unos grandes aliados, sobre todo si no contamos con una oficina, estudio o un lugar fijo desde donde conectarnos.

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“Estas herramientas brindan la oportunidad de reducir distractores cuando estamos hablando, ya que las personas no se enfocarán en ver el espacio desde el cual se conecta la persona. Además, ofrece mayor privacidad si la persona no desea mostrar en qué parte de su casa está realizando la llamada”, asegura Laura Terán, ingeniera de colaboración y productividad de Google Cloud Colombia.

Lo más recomendable es probarlos con anterioridad y hacer ensayos para elegir cuál es el fondo o filtro con el que se siente más cómodo.

TECNÓSFERA

Los cadáveres estaban amontonados en una sala del hospital de Apartadó (Antioquia). Después de que Gloria Hidalgo despertó y se supo entre los muertos, soltó un alarido: “¡Yo estoy viva, sáquenme de aquí!”.

La escena habría podido ser más horrorosa: luego, a lo largo de la mañana de ese 27 de febrero de 1997, siguieron llegando los cuerpos –unos sin vida, otros mutilados o heridos– que dejó el estallido de una volqueta cargada con 100 kilos de dinamita, escombros y metralla. La parquearon al costado oriental del hotel El Pescador, frente al comando de Policía, en pleno centro del pueblo, y la onda explosiva causó daños en dos manzanas alrededor.

El atentado, que tiempo después sería reconocido por el Quinto Frente de las Farc, dejó al menos 20 muertos y 53 lesionados. De eso ya pasaron 24 años, en los que, aseguran las víctimas, no han recibido reparación del Estado ni verdad por parte de los responsables.
Apenas comienza la mañana del jueves en Apartadó.

Los primeros rayos de un sol que agobia se dejan ver entre las matas de banano que, aquí y en la mayoría de pueblos del Urabá, cubren buena parte los suelos cultivados. Desde el día de la explosión, es la segunda vez que Alberto Vélez –un hombre regordete y de cabello blanco, pero vigoroso– recorre esta carretera, que conduce al antiguo relleno sanitario del pueblo.

“Cuando íbamos entrando al relleno, salió un tipo vestido de camuflado y con revólver en mano. Me apuntó a la cabeza y me dijo: ‘Bájese de esa mierda’ ”, recuerda Alberto, quien era el encargado de llevar en su volqueta la basura hasta ese terreno que ahora, por la erosión, parece un desierto.

Al ver al resto de los armados, se dio cuenta de que eran guerrilleros. Alcanzó a notar que tenían dos canecas, dos bultos y un tubo de PVC, que montaron al platón y taparon con escombros. Lo retuvieron junto con sus ayudantes y lo obligaron a caminar monte arriba, tan lejos, que dejó de sentir el motor de su International modelo 1963 de color verde.

Iban a ser las nueve de la mañana de ese 27 de febrero del 97 cuando Rafael Agudelo, quien para entonces tenía 33 años, vio llegar la volqueta, que en el pueblo todos conocían. “A mí se me hizo raro que no la estuviera manejando Alberto. Vi que el conductor trató de parquearse al lado del comando, pero un policía le dijo que en esa zona estaba prohibido. El tipo le respondió que no se demoraba y la estacionó frente al hotel”, cuenta Rafael, mientras observa, a escasos cuatro metros, el lugar que se convertiría en el epicentro de la explosión.

Y señala cada punto del recorrido que hizo en aquellos minutos que pudieron ser los últimos de su vida: camina once pasos por el andén de la casa que hasta ese día fue de sus padres, y al llegar a la esquina gira a la izquierda y da dieciocho pasos más, hasta donde entonces quedaba el corredor de entrada a la vivienda. “Yo ingresé y me senté en una silla, pero al momentico mi mamá me llamó a tomar tinto, entonces me levanté y ahí fue cuando pasó eso”.

Cruzando la calle, en el interior de la unidad policial, la auxiliar de servicios generales Gloria Hidalgo estaba en la oficina del capitán, esperando a que le firmara el documento que avalaba su salida a vacaciones. “Cuando yo estiré la mano para recibir el papel, sentí un guarapazo en la cabeza y me desplomé al piso”, recuerda.

Las varias fuentes sobre masacres y número de víctimas coinciden en el punto principal: se ha acelerado esta forma de violencia, que ya venía aumentando desde 2018.

En 2020, según cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), se duplicaron con respecto al 2019: pasamos de 21 a 44 masacres y de 94 a 217 muertos en estos hechos.

Así las cosas, y aunque debido a los confinamientos hayan disminuido los homicidios (-5 %) y otras formas de criminalidad, en Colombia tuvimos más masacres.

Pero las masacres de ahora son muy diferentes de las anteriores: no sirven para demostrar que “volvimos al conflicto de antes”; tampoco son un indicador de inseguridad generalizada, aunque sí muestran por lo menos tres crisis de seguridad localizadas que es necesario entrar a detallar.

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Las cifras hablan claro

Desde 2018 se registra un aumento en el número de “homicidios colectivos” –como los cataloga el Ministerio de Defensa–: acciones donde son asesinadas cuatro o más personas en estado de indefensión.

A partir de 2018 comenzó un aumento sostenido de masacres: y el 2020 fue el tercer año con mayor registro de la década, después de 2011 y 2010.

En los primeros 36 días de 2021 se ha mantenido ese nivel de violencia: ha habido tantas muertes (18) y masacres (4) como en el mismo periodo de 2020. En 2021 se han reportado “homicidios colectivos” en Popayán (Cauca), Policarpa y Roberto Payán (Nariño) y Buga (Valle del Cauca). Y entre las víctimas, el 72 por ciento eran jóvenes: 13 de 18 personas.

Este retorno de las masacres no significa que hayamos vuelto a la situación del 2010 o de años anteriores, cuando vivimos registros aún más horrendos de violencia colectiva.

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De arma a negocio sucio

El fenómeno actual de las masacres tiene grandes diferencias con las del pasado.
Antes, la mayoría de las masacres sucedía en medio del conflicto armado entre los grupos paramilitares y las hoy extintas Farc. Entonces, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), otros grupos paramilitares y las Farc practicaron lo que el historiador Fernán González llamó “un ejercicio de mímesis en la atrocidad”.

Otros grupos de crimen organizado no envueltos en el conflicto interno también masacraron, pero la gran mayoría de casos se explicaba por la disputa entre las Auc y las Farc. Pero aún faltan mucha verdad, investigación judicial y justicia para entender mejor esta atrocidad.

Sin embargo, volviendo a hoy, la fuente de las disputas es otra: se aleja del conflicto armado interno y se arraiga en los intereses de grupos de crimen organizado. Aunque algunos de ellos se relacionen con las extintas Farc, particularmente en el Cauca.

Hay una relación entre las masacres y el registro de disputas territoriales entre grupos armados: grupos post-Farc; grupos de crimen organizado como el ‘clan del Golfo’, y, algo menos, el Eln y ‘los Pelusos’. Estos grupos pretenden controlar la explotación de rentas ilegales derivadas principalmente del narcotráfico, de la minería ilegal y de la explotación ilegal de maderas finas. Esta es la médula del asunto.

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Las masacres en 2020 se concentraron en el Catatumbo, el bajo Cauca antioqueño, el norte andino del Cauca, el centro y pacífico nariñense y el sur del Valle del Cauca: todos son lugares donde hay narcotráfico, minería ilegal y explotación ilegal de maderas finas.

El municipio de Tumaco (Nariño) fue el que más sufrió en 2020: allí ocurrieron tres masacres. En cada uno de estos municipios hubo dos masacres durante el año pasado: Salgar (Antioquia), Samaniego (Nariño), Cúcuta (Norte de Santander) y Jamundí (Valle del Cauca).

Por el contrario, en algunos casos, las masacres en el bajo Cauca antioqueño o en El Catatumbo han sido la respuesta de grupos criminales a sus divisiones y diferencias internas. Todo indica que, durante los dos últimos años, este motivo es minoritario; pero la información judicial es muy escasa y poco detallada.

En todo caso, este tipo de masacres ‘internas’ o atribuibles a las divisiones se han usado para concluir que no hay un riesgo grave en materia de seguridad; que no se trata de la formidable criminalidad organizada del narcotráfico, propia del pasado.

No es así. Este tipo de violencia como instrumento para la expansión del crimen organizado tiene un notable impacto social, económico y político, así como causas cambiantes que necesitan ser investigadas y combatidas sin reserva por parte del Estado.

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La anterior relación entre la estrategia de expansión de las Auc y las masacres permite analizar este punto. En ese entonces, la expansión territorial de las Auc respondía a una estrategia organizada y dirigida por sus mandos para llevar integrantes y recursos y, de ese modo, controlar las fuentes de rentas ilegales y dominar a la población.

En ese entonces las masacres eran un mecanismo de violencia instrumental, que servía para aterrorizar y dominar a la población. En algunas regiones, las extintas Farc, en particular, respondieron con el mismo tipo de violencia: el mencionado “efecto de mímesis”.

Entre 1998 y 2002, gran parte de la violencia de grupos armados contra la población civil se explica por esta degradación del conflicto, que ahora casi no recordamos.

Las nuevas masacres

Las masacres de los últimos tres años también han sido un instrumento de miedo y coerción sobre las comunidades. La diferencia radica en que ahora las comunidades les estorban a los grupos criminales porque cuidan a sus jóvenes, porque emprenden proyectos productivos que sustituyen cultivos ilícitos, o porque desarrollan sus territorios de manera pacífica. En otras palabras, las masacres son la respuesta de la criminalidad organizada a las acciones de construcción de paz y desarrollo de las comunidades.

En últimas, esta nueva degradación de la violencia, en algunas regiones, responde, claramente a la competencia entre los agentes del desarrollo –que construyen paz– y los agentes del crimen –que defienden sus intereses ilegales–. Antes se expandía el conflicto; ahora se expande el crimen. Se transforman la violencia y las circunstancias, pero los métodos se repiten.

Las masacres recientes son muy distintas de las que se registraban en el pasado: son una perversión de la violencia del crimen organizado; antes, muchas eran parte de estrategias –igual de degradadas– de grupos paramilitares y guerrilleros.

Tal vez lo único común en ambos casos es la incapacidad de prevenir estas muertes y la ineficacia del sistema judicial para frenarlas juzgando a sus responsables.
En medio de esta degradación, una negociación con los grupos puramente criminales es inadmisible; la única salida es una forma de intervención judicial diferente, efectiva y diseñada estratégicamente. O seguiremos en lo mismo.

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ONU reportó que casi se duplicaron

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó esta semana que durante el 2020 en Colombia se cometieron 76 masacres con 292 personas asesinadas, lo que supone la mayor cifra de matanzas desde 2014 y casi el doble de las 36 que se produjeron en el 2019. La ONU subrayó que, no obstante la reducción en la tasa de homicidios -de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes-, en 2020 hubo “una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales”.

Las cifras de la ONU y de Colombia difieren, pues para el organismo internacional una masacre es partir de tres personas asesinadas, y para las autoridades nacionales, a partir de cuatro.

Andrés Palencia (*) y Jorge Restrepo (**) – (***) Razón Pública
(*) Investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). (**) Profesor de la Universidad Javeriana y director del Cerac. (***) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, de 49 años, es el delincuente más buscado en Colombia.

Por él se ofrecen hasta 3.000 millones de pesos de recompensa en el país, y Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información que permita su ubicación y captura.

‘Otoniel’, el señalado jefe del ‘clan del Golfo’, es considerado el cerebro detrás de la red de tráfico más grande del país y dueño de las alianzas con poderosos carteles mexicanos e incluso con alianzas con redes criminales establecidas en Europa y Africa.

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Inició su accionar criminal junto a su hermano Juan de Dios en la guerrilla del Epl. Luego se enrolaron en las Autodefensas Unidas Córdoba y Urabá al mando de los hermanos Castaño Gil.

Durante la desmovilización de los paramilitares –2006–, los Úsuga David siguieron delinquiendo junto a Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, quien se expandió a los Llanos Orientales, focalizando sus actividades en el tráfico de cocaína,protagonizando, desde esa época, sangrientas guerras territoriales.

‘Don Mario’, quien en su momento fue el narco más buscado por las autoridades colombianas, fue capturado por la Policía en abril de 2009, y esta situación permitió que los Úsuga asumieran el control de la red. 

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En enero de 2012, Juan de Dios Úsuga murió en una operación de la Policía Antinarcóticos, y su hermano quedó al frente de la organización.

La red que se conoció como ‘los Urabeños’, luego el ‘clan Úsuga’, llegó a presentarse como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, buscando posar de organización política en búsqueda de un estatus que le permitiera una interlocución con el Gobierno e incluso avanzar en un proceso de paz para su supuesta desmovilización.
Los golpes

Tras el alarmante crecimiento de esa red criminal y los indicios que ya existían sobre su nivel de violencia, el Gobierno lanzó en 2015 la primera fase de la operación ‘Agamenón’, cuyo objetivo principal era acabar con el ‘clan del Golfo’.

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En la operación, bautizada en honor a uno de los protagonistas de la guerra de Troya, y que tiene un componente de todas las fuerzas y la Fiscalía, se han realizado 1.474 operaciones que han permitido la captura de 3.314 integrantes del ‘clan del Golfo’.

De igual forma, han muerto 154 de sus hombres; entre ellos, cuatro jefes de primera línea como Roberto Vargas, alias Gavilán, en agosto de 2017; Luis Eduardo Padierna Peña, alias Inglaterra, en noviembre de 2017, Manuel Meza, ‘el Indio’, muerto en marzo de 2018. Y alias Marihuano, quien murió el 8 de febrero de este año en las selvas del Chocó.

En cinco años de ‘Agamenón’ se han incautado 406 toneladas de cocaína, 322 toneladas en operaciones en el país y 84 en el exterior en actividades de interdicción con el apoyo de agencias internacionales.

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En enero, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, ordenó reforzar las actividades operativas de ‘Agamenón’, lo que deja a la fecha la incautación de tres toneladas de cocaína del ‘clan’.

Con las incautaciones de cocaína y dinero en efectivo –en cinco años más de 31.000 millones de pesos– se cumple con uno de los objetivos: intentar debilitar su flujo de caja y sus finanzas.

A pesar de las millonarias utilidades del negocio ilegal, ‘Otoniel’ huye por el monte por la presión que ejerce la Fuerza Pública en su contra.

Inteligencia ha detectado que el narco se sigue desplazando por el nudo de Paramillo, no cuenta con más de 12 hombres que le prestan seguridad, de su línea de confianza. Está paranoico, desconfiado, porque “teme que sus propios hombres lo traicionen y entreguen”, aseguró uno de los oficiales al frente de ‘Agamenón’.

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Por eso, desde hace mucho tiempo dejó de usar teléfonos satelitales y celulares para comunicarse con sus aliados. Lo hace a través de correos humanos.

Su gente le tiene acondicionados varios sitios para pasar la noche, pero su gran problema son los colchones especiales que debe usar por sus problemas de columna, agravados, al parecer, por una afección de los riñones como consecuencia de la diabetes que padece.

No obstante los esfuerzos de las autoridades, el capo sigue en actividad y con intenciones de extenderse a otras regiones del país. De hecho, el viernes el presidente Iván Duque lanzó en la base militar de Tolemaida el Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (Conat), que con siete mil uniformados entrará a reforzar la guerra contra la redes dedicadas al narcotráfico entre ellas la del capo ‘Otoniel’,

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“Lo más difícil para llegar a ‘Otoniel’ ha sido su perfil criminal, ya que su desconfianza y su facilidad de movilidad en la zona de ubicación dificulta realizar la planeación de maniobras policiales y militares, teniendo en cuenta que su permanencia en determinado punto es transitoria, dificultando de esta manera la utilización de maniobras tácticas”, aseguró a EL TIEMPO el general Fernando Murillo Orrego, director de la Dijín.

Lo más difícil para llegar a ‘Otoniel’ ha sido su perfil criminal, ya que su desconfianza y su facilidad de movilidad en la zona de ubicación dificulta planear maniobras policiales y militares

El oficial señaló que la orden es avanzar hasta lograr su captura. “Estamos muy cerca”, dijo el oficial y añadió: “Él sabe que tiene sus días contados”.

En ‘Agamenón’ se han logrado identificar y ocupar con fines de extinción de dominio 2.219 bienes por un valor de más de tres billones de pesos. De igual forma, se han incautado 1.229 armas y cerca de 165.000 cartuchos de diferentes calibres.
Pese a los resultados continuados, la red criminal de ‘Otoniel’ sigue activa y mostrando los dientes.

El desmantelamiento de esta organización (que incluso está en la categoría de las que se pueden atacar con el mayor poder del Estado: los bombardeos) plantea un reto mayor para las autoridades.

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Un grupo de hombres que portaba armas de largo alcance ingresó en la madrugada del 17 de febrero a una finca ubicada en la vereda la Ermita, zona rural de Andes, en Antioquia. Allí, fueron asesinados cinco hombres. Un sexto quedó herido y con graves secuelas que incluyeron la mutilación de uno de sus miembros.

Un mes antes, un comando armado incursionó en un barrio de Tarazá, Antioquia, y sin mediar palabra, según testigos, abrieron fuego cobrando la vida de tres jóvenes, dos de ellos menores de edad. Un cuarto quedó herido.

Las masacres fueron atribuidas por las autoridades al ‘clan del Golfo’, considerado hoy como el grupo armado organizado (GAO) más grande del país y una de las mayores amenazas a la seguridad en las regiones.

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A la red del capo ‘Otoniel’, un informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP la sindica de 11 masacres registradas el año pasado, en las que fueron asesinadas 44 personas. En el 2020, según la JEP, hubo en total 88 masacres, con lo cual el ‘Clan’ estuvo detrás de, por lo menos, el 12,5 por ciento de los asesinatos colectivos, teniendo en cuenta que en 68 de las masacres no se identificó al autor, y las cifras de este grupo podrían ser mayores.

Un informe reservado de la Policía Nacional, conocido por EL TIEMPO, señala que esa red criminal tiene hoy unos 3.260 integrantes; de ellos, 1.461 hombres en armas. Las disidencias de las Farc tendrían más hombres, alrededor de 2.580 en armas; sin embargo, ellas actúan como grupos independientes, sin líneas de mando y con presencia local; de hecho entre ellas mismas sostienen enfrentamientos por las rentas ilegales.

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Otra cosa sucede con la banda de ‘Otoniel’, que funciona unificadamente y aunque por causa de los golpes de las autoridades ha perdido hombres, ha incrementado su nivel de violencia.

Sumado al número de hombres armados del ‘clan’, su nivel de amenaza crece por su poder corruptor, a causa de los millonarios ingresos que les dejan el narcotráfico y la minería ilegal, y por el aumento de la violencia con la que ejercen el poder en las regiones.

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Esa red criminal acude incluso a viejas prácticas como ponerles precio a los integrantes de la Fuerza Pública y es responsable, como en las peores épocas del cartel de Medellín, de la muerte de policías en varias regiones del país.

Estructura actual de la red de narcotraficantes del ‘Clan del Golfo’.

Están en 124 municipios

La plata con la que el ‘clan’ intenta retar al Estado sale de cuatro actividades ilegales: narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y extorsiones, y para mantener sus ingresos ha llegado a sellar alianzas con otras redes criminales y a disputar feroces guerras territoriales. De acuerdo con el documento de la Policía, el ‘clan’ tiene cuatro estructuras base, las cuales se subdividen en 22 grupos que hacen presencia en 124 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Cesar.

Aunque ha intentado extender sus tentáculos a otras regiones, su mayor poder e injerencia sobre las comunidades lo ejerce en el bajo Cauca antioqueño y en Córdoba.

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Un investigador de la Policía señaló a este diario que la orden de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el jefe máximo de la red criminal a sus hombres fue arreciar sus acciones para asumir el control de los cultivos de coca, la producción de cocaína y las rutas de envío. “Todo el que se oponga a ese fin es su enemigo a muerte”, dijo el oficial.

Esta estrategia va en contravía de lo que venían haciendo los narcotraficantes en los últimos años que preferían mantener un bajo perfil y buscaban solo tener bajo su control una parte del negocio ilegal. ‘Otoniel’, al estilo de los viejos capos, intenta mandar en toda la cadena productiva.

La amenaza de ‘Otoniel’ por controlar el negocio se ha sentido incluso en ciudades capitales a donde han llegado sus hombres a cobrar cuentas, pero se siente con mayor fuerza en las regiones en donde la zozobra y el temor ya son parte de la vida de las comunidades.

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Por cuenta de esa orden se libra desde hace dos años una guerra territorial en el bajo Cauca antioqueño entre el ‘clan’ y ‘los Caparros’; estos últimos eran el brazo armado de la red de ‘Otoniel’, hasta que su jefe, ‘Caín’ (muerto en una operación de la Fuerza Pública en noviembre de 2020), decidió hacer tolda aparte e intentar tener una mayor parte de las rentas ilegales.

“Aquí se vive en una zozobra continua. Nuestros jóvenes se tienen que unir a uno u otro bando so pena de ser asesinados junto a sus familias. Los panfletos con amenazas de ‘limpieza social’ son constantes, lo que ha generado grandes desplazamientos. Hay que pagar ‘impuesto de seguridad’, que no es más que una extorsión”, afirmó a EL TIEMPO uno de los alcaldes del bajo Cauca antioqueño.

Aquí se vive en una zozobra continua. Nuestros jóvenes se tienen que unir a uno u otro bando so pena de ser asesinados junto a sus familias

El mandatario seccional dijo que la situación es más compleja en esta región porque al microtráfico se suma la minería ilegal. “No me pida que le dé la cifra exacta, porque me pueden identificar, pero le aseguro que de cada 10 homicidios registrados en mi municipio el año pasado, 7 u 8 fueron a manos de estos señores (‘clan’ o ‘Caparros’)”, señaló el alcalde que pidió no mencionar su nombre.

En el Chocó se vive una situación similar. Allí se han registrado confrontaciones entre los hombres del ‘clan del Golfo’ y el Eln en el alto Baudó, que dejan a la fecha la muerte de una indígena y a varias comunidades afro e indígenas confinadas, y otras desplazadas.

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“El alto, medio y bajo Baudó se convirtieron en la vía predilecta de los narcos para sacar la coca al Pacífico”, afirmó una autoridad local, que señaló además que esta zona históricamente ha sido del Eln, y hoy el ‘clan’ se la disputa, dejando en la mitad a las comunidades de la zona. Relató que la coca la sacan por los manglares que van al litoral del río San Juan, “donde viven muchas comunidades indígenas que hoy están confinadas en medio de esa guerra, a lo que se suma el temor de ser víctimas de la activación de una mina antipersona, las cuales instala el Eln”.

La ola de violencia del ‘clan’ también se extiende a los líderes sociales, que se oponen a sus actividades ilegales, y a los excombatientes de la desaparecida guerrilla de las Farc.

Según cifras oficiales, desde 2016 a la fecha el ‘clan del Golfo’ es el responsable de 24 asesinatos de líderes sociales y de 14 personas en proceso de reincorporación.El 22 de octubre de 2020 fue asesinado Miguel Emiro Pérez, un reconocido líder social del Bajo Cauca antiqueño que promovía la sustitución de los cultivos de coca.El primero de enero de este año se reportó el asesinato de Yolanda Zabalo, de 22 años, excombatiente; y de su hermana de 17 años.

Línea de tiempo sobre el ‘Clan del Golfo’

Foto:

Infografía / EL TIEMPO

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Las mujeres se encontraban celebrando el Año Nuevo en la vereda Travesías de Briceño, Antioquia. Un grupo de hombres del ‘clan’, según las autoridades, las asesinó. Esos ataques fueron atribuidos a hombres de la red de ‘Otoniel’.

“A los líderes sociales e integrantes de las juntas de acción comunal los matan porque se niegan a los temas de narcotráfico. Los ven como enemigos naturales y lo más fácil es callarlos”, afirmó un alto prelado de la Iglesia católica. Para el sacerdote, a los excombatientes los matan “solo por haber pertenecido a las Farc, que eran los enemigos naturales de los ‘paras’, o por venganzas. Además, eso les sirve a los ‘señores’ para mostrar poder en la zona”, puntualizó.

A los líderes sociales e integrantes de las juntas de acción comunal los matan porque se niegan a los temas de narcotráfico

El rastro de sangre que deja el ‘clan del Golfo’ también ha enlutado a cientos de familias de uniformados atacados a mansalva cuando cumplían su trabajo en las regiones. A los hombres de esa red criminal se atribuyen –en los últimos 10 años– 302 ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.

Inteligencia de la Policía señala que en el llamado ‘plan pistola’ han sido asesinados 83 policías y 24 militares y han quedado heridos 185 policías y 41 militares.

El ‘plan pistola’ lo ejecutan los sicarios del ‘clan’, en retaliación por los golpes de la Fuerza Pública. Tras la muerte de Nelson Hurtado, ‘Marihuano’, segundo al mando de la red, el 7 de febrero en el Chocó, han sido asesinados 10 policías en diferentes zonas del país. La orden de asesinar policías se dio luego de que se cumpliera el entierro de ‘Marihuano’, en medio de abundante licor y una masiva concurrencia. La presión y el poder que ejerce la red se evidencia en la cantidad de personas que terminan asistiendo a ese tipo de actos.

Sin tregua

Tras el nombramiento de Diego Molano Aponte como ministro de Defensa, y la llegada del general Jorge Luis Vargas a la dirección de la Policía Nacional, la orden del presidente Iván Duque Márquez es una: “arreciar las operaciones contra el ‘clan del Golfo’, y sacarlos del mapa criminal del país”.

En tal sentido, el ministro Molano señaló a EL TIEMPO que en la última evaluación desarrollada por las Fuerzas Militares y Policía se concluyó que el ‘clan del Golfo’ registró una reducción del 20 por ciento de su componente armado.

El funcionario dijo que en menos de un año el ‘clan’ ha perdido –entre capturados y muertos– a 10 hombres de la línea de mando como ‘Marihuano’, ‘Pueblo’ o ‘Plástico’, lo que ha contribuido en su debilitamiento.

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El ministro afirmó que el ‘clan’ en este momento no cuenta con jefes de experiencia, y que eso ha llevado a peleas internas “por poder, cargamentos, dineros y excesos, especialmente asociados al hurto de dinero entre jefes de subestructuras”.
Y el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, señaló que el ‘clan’ “se está desmoronando” y que el asesinato de los policías “es muestra de su desesperación”.

Con este panorama, las autoridades se van a centrar en neutralizar la expansión del ‘clan del Golfo’ hacia Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y La Guajira, donde han buscado sociedades con otras redes de narcos. Una de las rutas que el ‘clan’ busca manejar, dijo el ministro, es una base en Maicao y otras zonas fronterizas para lograr conexiones “de tráfico de drogas hacia Venezuela y fortalecer la ruta hacia Las Guyanas (Brasil), África occidental y Europa”.

Cinco líneas de ataque

Molano dijo que para fortalecer las acciones contra los integrantes del ‘clan’ se implementó un modelo que articula las capacidades de inteligencia e investigación criminal, para recuperar las zonas en las que tradicionalmente han mandado.
El general Vargas dijo que con las Fuerzas Militares se incrementó la presencia en los territorios “para proteger a las comunidades que se ven asediadas por la disputa criminal entre el ‘clan’ y otros grupos ilegales”.

En esta nueva fase, una de las prioridades es “afectar el componente financiero de las estructuras a partir de las incautaciones y bloqueos de corredores de movilidad para las actividades de narcotráfico”, aseguró Molano.

Una prioridad es afectar el componente financiero de las estructuras a partir de las incautaciones y bloqueos de corredores de movilidad para las actividades de narcotráfico”

El trabajo de ‘Agamenón’ II avanza en cinco ejes. El primero, llegar a los jefes de estructura a nivel nacional, regional y local. Luego, desarticular sus tentáculos armados y redes de colaboradores e informantes de las estructuras. Además, cortar sus comunicaciones internas, incluida la identificación de los correos humanos, y la destrucción de centros de acopio de estupefacientes de las estructuras. Avanzar igualmente en afectar sus finanzas y quitarles el efectivo con el que pagan a sus hombres y finalmente acabar con las llamadas zonas de confort en las que se mueven los jefes de la red.

“Con el acompañamiento de entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, se busca generar la disrupción del delito para permitir transitar del control de la Fuerza Pública al control institucional del territorio”, puntualizó.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ
Periodista de Justicia
Twitter: @AyitoMendez

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de Naciones Unidas, en 2019 se detectaron 154.475 hectáreas sembradas con matas de coca, lo que equivale a una producción de 1.137 toneladas métricas de cocaína, dejando nuevamente a nuestro país como el primer productor de este estupefaciente en el mundo.

Expertos de la Policía Antinarcóticos señalaron a EL TIEMPO que los principales compradores de la coca que se produce en Colombia son los carteles mexicanos. De hecho, mientras en Tumaco un kilo de cocaína puede costar 5 millones de pesos, ese mismo kilo en las calles de Estados Unidos alcanza un valor de 34.000 dólares; en Europa, 60.000; en Asia, 80.000 y en Oceanía, 244.000 dólares.

Ese mercado es el que se disputan –aparte del ‘clan del Golfo’– cinco redes consideradas como grandes.

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La guerrilla del Eln, que cuenta, según informes de inteligencia, con unos 4.800 hombres; de ellos, unos 2.540 en armas. En temas de narcotráfico, el Eln libra guerras territoriales en Norte de Santander, Nariño y Chocó. Las disidencias hacen referencia a hombres de la otrora guerrilla de las Farc que se alejaron del camino de la paz y decidieron seguir delinquiendo. Las autoridades han detectado 19 grupos. Ubicados en asuntos de tráfico de cocaína en Cauca, Nariño, Putumayo, Antioquia, Guaviare y Norte de Santander.

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En la costa Pacífica nariñense, por citar un ejemplo, hacen presencia 7 redes dedicadas al tráfico de base de coca y cocaína: 5 de las disidencias, uno del Eln y otro del ‘clan del Golfo’.

La situación es tan compleja que en un mismo territorio los enfrentamientos marcan jornadas de violencia como la registrada hace una semana en zona rural de Tumaco, donde, en cuatro acciones, fueron asesinadas 11 personas. De acuerdo con las investigaciones adelantadas, las víctimas serían integrantes del frente ‘Oliver Sinisterra’, y los victimarios, integrantes de ‘los Contadores’. Todos tuvieron sus orígenes en las Farc.

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A este coctel se suma la ‘Segunda Marquetalia’, que son las disidencias de ‘Iván Márquez’, ‘Santrich’ y ‘el Paisa’, antiguos jefes de las Farc, quienes, según el gobierno del presidente Iván Duque, se encuentran en territorio venezolano.

Desde allí han enviado a emisarios para lograr pactos en Nariño y Cauca para el tráfico de cocaína. ‘Gentil Duarte’, quien mueve el tráfico de drogas en el oriente del país, y quien participó en las mesas de negociación de La Habana, es hoy uno de sus peores enemigos en los planes de expansión.

En el bajo Cauca antioqueño se encuentran ‘los Caparros’, antiguos aliados del ‘clan del Golfo’, hoy acérrimos enemigos. Alias Flechas, jefe, no cuenta con más de 100 hombres en armas, y bajó intimidaciones a la población civil ha generado éxodos en Cáceres, Caucasia, Tarazá y Zaragoza, en aras de mantener el control de la zona.

En Norte de Santander se encuentra la estructura de ‘los Pelusos’, hoy diezmados por las acciones de la Fuerza Pública. Son unos 180 hombres en armas, a quienes sus planes de expansión hacia el Valle y Cauca les fallaron. Su fortaleza está en la frontera con Venezuela, y tienen el control de algunos puntos en la región del Catatumbo.

REDACCIÓN JUSTICIA
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