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Confirman pérdida de investidura a Musa Besaile por cartel de la toga – Cortes – Justicia



Tras considerar que en su caso hubo un tráfico de influencias probado, la Sala Plena del Consejo de Estado decidió, en segunda instancia, quitarle la investidura de congresista al exsenador Musa Besaile, acusado por el llamado ‘cartel de la Toga’. 

La decisión sobre Besaile tiene que ver con un soborno que habría pagado para detener una orden de captura que se libraría en su contra y dilatar un proceso en la Corte Suprema de Justicia por vínculos con paramilitares.

Según la demanda,  interpuesta por Pablo Bustos, Besaile entregó, por conducto del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal anticorrupción, un soborno de dos mil millones de pesos para que se dilatara el proceso.

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El fallo del Consejo de Estado implica que Besaile no podrá volver a ocupar jamás cargos de elección popular, por lo que también se le conoce como ‘muerte política’.

De otro lado, Bustos también señaló en su demanda que el exsenador influenció a las directivas del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y a otras autoridades para que adicionaran la construcción de la carretera entre Ocaña y Gamarra al contrato de la concesión de la Ruta el Sol II y mejoraran las condiciones económicas del concesionario (del que hacía parte Odebrecht).

Como contraprestación por esto, dijo Bustos, el congresista recibió un soborno de la constructora Odebrecht -integrante del Consorcio de la Ruta del Sol II-, que se pagó a través de unos contratos simulados.

El Consejo de Estado consideró que está probado que para la época de los hechos Besaile era senador y tuvo conversaciones con el exmagistrado Francisco Ricaurte sobre la investigación que había en su contra y que tenía a su cargo el magistrado Gustavo Malo.

En la decisión de primera instancia, tomada hace 7 meses, el Consejo de Estado señaló que “precisamente la condición de aforado de Besaile Fayad lo llevó a emprender las negociaciones con un exmagistrado, quien podía y tenía contacto con su juez natural -el magistrado instructor de la investigación- y por esa circunstancia se explica que el exsenador accedió a pagar dos mil millones de pesos”.  

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