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Corte Suprema ratifica condena contra Aida Merlano pero baja su pena a 11 años – Cortes – Justicia



La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra la excongresista Aida Merlano por corrupción electoral, pero le bajó la pena que inicialmente estaba en 15 años de prisión, y ahora la estableció en 11 años y cuatro meses. 

La Corte ratificó la sentencia que se dictó en su contra por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal. 

Al tomar esta decisión de segunda instancia, la Sala de Casación Penal remitió la sentencia a la Mesa Directiva del Senado de la República para que establezca la silla vacía de la curul que tenía Merlano. 

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Esa curul había sido ocupada por la senadora Soledad Tamayo, quien había sido posesionada en una polémica decisión por el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías. 

Por eso, la Corte compulsó copias a la Procuraduría General para que investigue “la posible omisión de hacer efectiva esta figura cuando fue capturada la electa senadora”. 

“Los congresistas –como Aida Merlano, elegida y reconocida como tal por el Consejo Nacional Electoral–, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política, ‘solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley’, y ‘en ningún caso’, cuando son condenados por delitos contra los mecanismos de participación democrática”, aseguró la Corte Suprema de Justicia. 

Así, dice la Corte, esta esta una sanción de orden constitucional que no necesitaba ningún desarrollo legal para poder ser aplicada, y que no puede someterse al régimen de faltas absolutas o temporales porque, si fuera así, la sanción que prevé la Constitución no podría aplicarse. 

La Corte cuestionó que se haya permitido reemplazar a Merlano y llenar su curul, ya que consideró que era claro que no se podía reemplazar “a quien es constitucionalmente irremplazable” por haber sido capturada, además de que el partido ya se había beneficiado al sumar “al total de votos los que provienen del delito, afectando la cifra repartidora que permite ingresar al Congreso de la República a personas que de otra manera no accederían a esa dignidad, en perjuicio de quienes actuaron en el marco de la ley”, afirma la corporación. 

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