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Espacio para el reajuste /Editorial/ Francisco Miranda | Editorial | Opinión


La renuncia del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, antes que el Senado seguramente aprobara la primera moción de censura de la historia, es uno de los peores golpes que haya recibido el gobierno de Iván Duque.

Detrás de la caída del Ministro están las denuncias del senador Roy Barreras sobre la muerte de al menos ocho menores en una operación militar contra un cabecilla de las disidencias de las Farc en Caquetá.

Aún faltan muchas claridades para la opinión pública sobre posibles fallas operativas en este trágico bombardeo y sobre el muy probable reclutamiento forzado del que fueron víctimas los adolescentes fallecidos.

Asimismo se hace necesario y perentorio que los entes de investigación y la Justicia reconstruyan los detalles y la toma de decisiones que condujeron a este doloroso resultado que el país debió conocer mucho antes.

Al momento de escribir estas líneas el primer mandatario no había anunciado aún el remplazo de Botero en el Ministerio de Defensa.

Más allá del inmenso costo político y de imagen y credibilidad que ha generado esta crisis, el presidente Duque tiene hoy un espacio para reajustar su equipo de defensa y seguridad.

El daño infligido por estas revelaciones del senador Barreras van mucho más allá de la persona del ministro Botero, para poner en entredicho ante muchos colombianos del común tanto la legalidad como la legitimidad del accionar operativo de las Fuerzas Militares. En especial en momentos donde se enfrentan amenazas tangibles de las disidencias de las Farc, el ELN, las bandas criminales y hasta narcotraficantes extranjeros.

El primer criterio de selección del presidente Duque para su nuevo ministro de Defensa debe ser la capacidad de reconstruir esa confianza de los distintos estamentos de la sociedad en la implementación de la política de seguridad del Gobierno Nacional.

Confianza que se recupera no sólo con conocimiento de los temas de seguridad y de los asuntos militares, sino también con una mayor sensibilidad de consenso y comunicación con los demás actores sociales y políticos.

La política de seguridad del gobierno Duque está hoy bajo ataque ante la gravedad de los escándalos, las fuertes críticas de la oposición y el torpe manejo del Ejecutivo. A nadie conviene, y mucho menos a los ciudadanos de a pie que sufren la violencia, un descarrilamiento de las estrategias de seguridad nacional y ciudadana de la Casa de Nariño.

Es clave separar el legítimo y democrático debate político sobre la seguridad con la necesidad de revisar con cabeza fría las estrategias de manera transparente y de cara a la opinión pública.

El jefe de Estado cuenta con la posibilidad de barajar de nuevo las caras, las habilidades, los mensajes y los énfasis de su primera línea en materia de seguridad nacional.

Otra reflexión que surge del debate contra el hoy exministro Botero es el coletazo que esta victoria parlamentaria tendrá sobre la agenda económica del Gobierno: reforma tributaria en los próximos días y las reformas laboral y pensional,que podrían discutirse el año entrante.

Si antes de esta semana las probabilidades de que el Congreso no modificara la reforma tributaria eran pocas, este triunfo del Legislativo sobre el Ejecutivo impulsa a los parlamentarios a empujar su legítimo derecho a meterle mano al texto.

Al Gobierno le queda la difícil pero urgente tarea de recomponer y reasegurar los apoyos parlamentarios que minimicen los cambios al remplazo de la ley de financiamiento y mitiguen la inevitable incertidumbre fiscal.

Recuperar la confianza, retomar la supervisión a las operaciones, revisar los protocolos y redefinir los abordajes a la actual política son algunas tareas para la agenda de seguridad.

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