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Informe de fracking de Universidad Nacional y debate en el Consejo de Estado – Investigación – Justicia



“Como lo demuestra la literatura científica, médica y de ingeniería recientemente compilada, no es posible hacer ‘fracking responsable’ porque existen demasiados riesgos asociados que la técnica no puede ni controlar ni garantizar”.

Esta es una de las conclusiones de un peritaje técnico que una comisión interdisciplinaria de expertos de la Universidad Nacional le entregó al Consejo de Estado, que estudia una demanda que pide prohibir el ‘fracking’ en el país.

Sobre esta actividad, el Gobierno ha insistido en que es necesaria para la seguridad energética del país, y la ministra de Minas ha afirmado que se puede hacer de forma segura.

Entre tanto, en el Consejo de Estado, además del peritaje de la U. Nacional, también está el informe de la comisión de expertos del Gobierno y otros documentos y testimonios.

Pero este peritaje de 460 páginas –al que accedió EL TIEMPO– es una de las pruebas claves, pues abarca las discusiones en lo regional, local y global desde lo económico, social, ambiental, de salud, cómo impacta la técnica la lucha contra el cambio climático, entre otros.

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Las conclusiones del informe no son alentadoras para darle luz verde al ‘fracking’, que está suspendido desde 2018. Seis de los 9 expertos dijeron que los riesgos asociados a la técnica son solo parcialmente previsibles, mitigables y reversibles, y que están científica y ampliamente probados, mientras que “no hay evidencia de que el ‘fracking’ pueda operar sin amenazar la salud pública y sin poner en peligro la estabilidad climática de la que depende la salud pública”.

No hay evidencia de que el fracking pueda operar sin amenazar la salud pública y sin poner en peligro la estabilidad climática de la que depende la salud pública

Los expertos también compararon los 12 bloques de yacimientos no convencionales (YNC) asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos a julio del 2019 y encontraron que en algunos puntos se traslapan con ecosistemas estratégicos como el bosque seco tropical, bosque húmedo y 32.632 hectáreas de humedales.

Igualmente se cruzan con 7 resguardos indígenas wayuu en La Guajira, dos resguardos yukpa, un consejo comunitario y una zona de reserva campesina.

Además, dijeron que por la cantidad de agua que usa la técnica –que consiste en inyectar el líquido con químicos en la tierra para fracturar rocas que guardan hidrocarburos– puede generar una competencia por la misma con las comunidades, y que hay riesgo de que el agua contaminada que vuelve a la superficie llegue a otras fuentes.

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También advirtieron que está ampliamente descrito en literatura científica  que reinyectar esas aguas residuales que regresan a la superficie en pozos de desecho, que es lo más común, puede generar sismicidad y activar fallas geológicas.

Sobre los beneficios económicos, sociales y presupuestales del ‘fracking’, el peritaje señaló que el sector petrolero tiene gran importancia en la generación de combustibles e insumos para los demás sectores de la economía nacional, pero que para mirar los beneficios económicos también hay que tener en cuenta los costos.

“Debido a las afectaciones al medioambiente, a la salud, a los sistemas de producción agrícola y ganadera, y a la forma de vida de las comunidades, además de daños en la red nacional de carreteras y mayores gastos de lo gobiernos locales en salud, educación y administración de justicia, los beneficios económicos y sociales para el país se ponen muy seriamente en duda”, se lee en el documento.

En varias ocasiones ciudadanos han protestado en contra de la fracturación hidráulica. En la foto, una protesta en 2019 cuando el Consejo de Estado realizaba una audiencia de la demanda de fracking.

Foto:

Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Y añadieron que la dependencia del país al petróleo hace que las caídas del precio afecten mucho las finanzas públicas y estabilidad fiscal, y que por las exenciones tributarias que tienen las compañías de ‘fracking’ –por ejemplo, un descuento del 40 % en regalías– menos dinero se queda en el país.

Sobre los proyectos piloto, los expertos consideraron que los efectos del ‘fracking’ están ampliamente descritos científicamente, que sería difícil que los estudios de Colombia tengan la misma calidad que los de otros países, por falta de dinero e investigadores tan calificados; que estos pilotos no permiten evaluar el impacto del ‘fracking’ en todo el país porque los suelos son distintos; y que las conclusiones de los proyectos piloto deben ser multiplicadas por los miles de pozos que habría en una etapa de explotación.
Además, explicaron que muchas consecuencias del ‘fracking’ son a mediano plazo, por lo que los pilotos no permiten evaluar todos los riesgos.

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Frente al cambio climático y compromisos suscritos por Colombia, como reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % para el 2030, según el Acuerdo de París, el informe señala que “el aumento en la producción de hidrocarburos mediante ‘fracking’ y la consecuente generación de CO2 (…) no le permitiría a Colombia ni a ningún país cumplir los acuerdos de París”.

Por último, se analizaron las normas demandadas que regulan el ‘fracking’ (Decreto 3004 del 2013 y Resolución 90341 de 2014) y el informe concluye que son insuficientes, pues no prevén todos los riesgos ni cómo mitigarlos.

Aunque para el 22 de abril está citada una audiencia para que las partes de la demanda reparen públicamente este peritaje, que cerraría la etapa de pruebas, por la emergencia de coronavirus esta podría ser aplazada, lo que retrasaría también la decisión de fondo que determinará si en el país cabe o no el ‘fracking’.

El aumento en la producción de hidrocarburos mediante fracking y la consecuente generación de CO2 (…) no le permitiría a Colombia ni a ningún país cumplir los acuerdos de París

Otro peritaje concluye cosas distintas

Además del informe más amplio, al Consejo de Estado llegó otro, de 177 páginas, hecho por otros tres integrantes de la comisión de la U. Nacional, que tienen conclusiones distintas.

Frente a los riesgos, dicen que los hay pero que eso no significa que necesariamente se materialicen, y que el ‘fracking’ no se debe considerar “como una técnica que inexorablemente causará los mismos impactos, independiente del territorio donde se lleve a cabo”.

Además, consideraron que para saber mejor cuáles serán los efectos en Colombia debe haber pruebas piloto, como lo permitió el Consejo de Estado y lo dispuso el Gobierno en un decreto de febrero.

El país debe pensar su política de desarrollo de forma autónoma, pues carece de sentido que Colombia pretenda salvar el planeta cuando su aporte es aproximadamente el 0,3 % de las emisiones

Los tres expertos también afirman que el fracking traería empleo, recursos de regalías y que la escasez progresiva de reservas de yacimientos convencionales “implica que el país considere los YNC como la opción más prolífica”.

Sobre el cambio climático, dicen que Colombia tiene bajo aporte global de gases de efecto invernadero y que por eso “debe pensar su política de desarrollo de forma autónoma, pues carece de sentido que Colombia pretenda salvar el planeta cuando su aporte es aproximadamente el 0,3 % de las emisiones”.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
​Redactora de Justicia
​En Twitter: @M_I_O_F
justicia@eltiempo.com

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