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La protesta social: más allá de encapuchados, vándalos e infiltrados | Opinión


En los últimos días hemos presenciado la ocurrencia de múltiples eventos de protesta social que terminan en acciones violentas contra miembros de la policía, bienes públicos y privados, infraestructura de la ciudad y contra el transporte público en general.

Una vez se desencadenan los hechos de violencia, los analistas se multiplican para intentar dar, no solo una interpretación, sino una solución a lo que los medios de comunicación empiezan a agendar como una preocupación prioritaria de la opinión publica.

El amarillismo señala la protesta como el mal que aqueja a la tranquilidad ciudadana, como el ataque a la economía que no permite el crecimiento de país, como una amenaza al gobierno que lo único que quiere es desinstitucionalizar, crear el caos, acabar con el Estado.

Entonces los lugares comunes empiezan a manifestarse como explicaciones sesudas del fenómeno: infiltrados, vándalos, conspiraciones internacionales, proselitismo encubierto, y a ellos siguen las soluciones de bulto: represión, responsabilidad fiscal y penal de los organizadores, inteligencia policial, regulación y limitación de la protesta, hasta su prohibición.

En los extremos están como siempre los alarmistas de derecha que quieren la eliminación absoluta de los “violentos”, y en el otro extremo, inspiraciones anarquistas que suponen las acciones violentas como parte de la fiesta de la democracia directa. Tal vez en un justo medio se puedan encontrar tanto explicaciones como acciones más efectivas para el tratamiento de esta actividad propia de la vida ciudadana.

La movilización y la protesta ciudadanas no son actividades extrañas a la vida política, por el contrario, hacen parte de las formas de participación.

Quienes quieren una democracia mas viva y deliberante, y a un sujeto político mas consciente y participativo, encuentran en la movilización ciudadana el espacio de una democracia radical. A su vez, el escenario por excelencia de esta acción política es la calle, el espacio publico donde los sujetos políticos se encuentran, donde deliberan y controvierten, donde exponen sus ideas y se movilizan en torno a ellas.

Finalmente, esa movilización y protesta ciudadana que ocurre en la calle, que permite la publicidad de opiniones y demandas se realiza desde la espontaneidad y la voluntariedad, sin un orden determinado, es por definición disruptiva en el tiempo, en el espacio y en el llamado a sus participantes, solo así logra su cometido de cuestionar y presionar al poder instituido.

Por todo lo anterior, es un contrasentido pensar su reglamentación, limitación y normalización: no se puede legislar para definir sus periodos de ocurrencia o sus objetivos, no se puede encerrar a un lugar o un espacio físico determinado ni negarle su derecho a la calle, y no se puede plantear condiciones para identificar, filtrar o definir quiénes pueden participar en ella. Por ello deben considerarse vanos los esfuerzos de la derecha para poner el freno que limite la vida política del manifestante, que lo penalice o le amenace para generar un comportamiento especifico.

La protesta ciudadana se radicaliza y encuentra su culmen en la acción violenta. La violencia que se desprende de una marcha, de una concentración, de un bloqueo no es un elemento extraño, artificial, separado de la misma protesta, es por el contrario su correlato: una protesta ciudadana que no se atiende se radicaliza, y una vez radicalizada se torna violenta, deriva en agresiones contra su entorno y contra quienes nos están integrados a sus ideales, objetivos y reclamaciones.

Los infiltrados, los vándalos, los desadaptados que aparecen no son, en una inmensa mayoría, agentes del Estado que quieren provocar a la fuerza pública para jalonar su intervención, ni miembros de organizaciones clandestinas que esperan radicalizar las multitudes para tomarse el poder apalancados en la movilización.

Los agentes violentos no son más que sujetos políticos radicalizados, jóvenes arriesgados en busca de adrenalina, algunos mirones contagiados de la efervescencia del momento y una gran cantidad de espontáneos.

Así que, la izquierda que clama a voz en cuello la existencia de organizaciones paramilitares al servicio de los organismos de seguridad provocando a pacíficos marchantes, solo se desgañita coreando una explicación a la violencia de la cual ellos mismos son parte de la levadura que inflama a los que confrontan a la institucionalidad.

La mejor forma de prevenir esa derivación violenta es eliminar las posibilidades de radicalización, hacerlo mediante el fortalecimiento del dialogo político efectivo y la construcción de canales de interlocución reales con los sujetos que reclaman al Estado por soluciones para sus problemas.

Reconectar a esos sujetos con la institucionalidad estatal es la mejor manera de arrebatarlos a la violencia y con ello de reducir la ocurrencia de agresiones a miembros de la policía, infraestructuras y bienes públicos o privados.

Hasta ahora se ha recurrido a “buscar la fiebre en las sabanas”, a desacreditar la protesta, a señalar a los violentos, a movilizar a los órganos de represión y control, pero nada en torno al diálogo, a la construcción de soluciones conjuntas, y más aún, a prevenir el contagio del descontento en otras capas sociales que sientan también que no son recibidas sus demandas.

Una vez se haga eso, la discusión sobre vándalos e infiltrados, sobre regulación o prohibición, sobre taponamiento de calles y espacio cerrados para las protestas serán considerados discusiones bizantinas.

Santos Alonso Beltrán
Profesor ESAP-UN

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