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Los escenarios que enfrentará militar que disparó contra Juliana Giraldo – Delitos – Justicia



La Fiscalía, la inspección del Ejército, la Procuraduría y hasta la Justicia Penal Militar tienen indagaciones contra un grupo de uniformados que integraba la unidad que disparó y causó la muerte a Juliana Giraldo en Miranda (Cauca), en la mañana de este 24 de septiembre.

La Fiscalía designó un grupo de investigadores capacitados en temas de género, teniendo en cuenta que la víctima era transgénero.

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Los investigadores ya hicieron la inspección técnica al cadáver y la incautación de las armas de los integrantes del Ejército que se habrían visto involucrados en los hechos.

Mientras la Inspección de la institución realiza verificaciones, la Procuraduría asumirá por poder preferente la investigación disciplinaria. Aunque el caso penal que hoy adelanta la Fiscalía podría pasar a la Justicia Penal Militar, si se llega a considerar que se dio en un acto del servicio.

Por ahora, la Fiscalía procesa el caso como homicidio, aunque solo la investigación determinará si es agravado o preterintencional. En el proceso ya han sido escuchados los uniformados del Batallón de Alta Montaña N.°8 José María Vezga.

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La Fiscalía espera tener el dictamen de Medicina Legar para corroborar científicamente  las versiones sobre la distancia en la que se hizo el disparo y la trayectoria que siguió la bala que acabó con la vida de la víctima. Igualmente, se realizó recolección de evidencias en el sitio de los hechos, para confirmar las versiones que han entregado los testigos. 

Con los resultados de las pruebas de los peritos, señalaron personas cercanas al caso, se podrá avanzar en imputación de cargos. 

Al uniformado señalado de disparar la Defensoria del Pueblo le asignó un defensor de oficio para las primeras diligencias, pero él podrá acudir a uno de confianza.

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Según se determine el delito, la pena podría ir entre 25 y más de 38 años de cárcel, en caso de ser encontrados culpables. Aunque los militares podrían aceptar cargos y lograr una reducción de la sentencia.

El proceso se podría demorar si se llega a interponer una colisión de competencias entre la justicia ordinaria y la penal militar, el cual tendría que ser resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura.

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