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Minería ilegal en Colombia, casi la mitad está en reservas forestales – Investigación – Justicia



La extracción de oro de aluvión –que se hace en tierra y en agua– no solo ha venido creciendo a lo largo del territorio nacional, sino que además se incrementó en las zonas excluibles de minería, es decir, en áreas de parques naturales, reservas forestales, y páramos. Al menos un 52 por ciento de esas áreas claves tienen hoy actividad minera, lo que encendió las alarmas del Gobierno.

La extracción de oro en esas regiones afecta la extensa biodiversidad y el ecosistema pues esta actividad ilegal se realiza en un 48 % en puntos de reserva forestal y en un 4 % en otras zonas protegidas como los parques naturales, lo que se traduce en una afectación de 47.670 hectáreas en el 2018.

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Minas y Energía en Colombia señala que parques Naturales como el Puinawai (ubicado entre Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá), Paramillo (entre Antioquia y Córdoba) y Farrallones, en el Valle del Cauca, han sido afectados con la práctica ilícita de extracción de oro.

Precisamente por esta actividad las hectáreas afectadas en el país entre 2018 y 2019 –tanto de áreas protegidas como las que no tienen dicha protección–se incrementaron en un 6,4 por ciento pasando de 92.046 a 98.028.

Esta es una de las principales conclusiones del documento que califica el hecho “como muy grave” porque atenta directamente contra el medio ambiente de Colombia.
El sistema de monitoreo encontró que la categoría más afectada “corresponde a las zonas de reserva forestal en cuyos territorios se identificaron 44.567 hectáreas. En otras áreas protegidas se encontraron 4.746 hectáreas en la categoría de Distritos Regionales (…) y 263 hectáreas en zona de reserva forestal protectora”.

Territorio impactado por extracción ilícita creció el 6,4 % en todo el territorio.

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Además, la extracción de oro “se realiza en un 13 por ciento en zonas de minería restringida (en proceso de obtener licencias), y el 35 por ciento en áreas libres, permitidas para la explotación bajo el marco normativo”, aseguró Pierre Lapaque, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia.

La presentación del informe estuvo a cargo de Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integral de Monitoreo (Simci), quien sostuvo que Antioquia, con un 40 por ciento, y Chocó, con un 38 por ciento, se mantienen como los departamentos donde más se desarrolla la explotación de oro: entre los dos suman 71.641 hectáreas afectadas. Precisamente, de acuerdo con Correa, “en Zaragoza, en Antioquia, hay un incremento muy fuerte de la actividad minera”.

Además están Nechí y Cáceres, en Antioquia, y Nóvita y El Cantón de San Pablo, en Chocó, donde más se desarrolla la extracción aurífera en el país.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, Chocó es principalmente productor de platino, con una participación en el total nacional de 95,48 por ciento. Mientras que la producción de oro representa un 25,43 por ciento.

“En este municipio vivimos de la extracción de oro y plata, algunos cuentan con los títulos mineros, pero un gran porcentaje lo hace de manera artesanal, porque es algo ancestral de una u otra forma”, dijo una autoridad local consultada por este diario que reconoció que “los integrantes de los grupos al margen de la ley ofrecen un pago extra por lo que se extraiga, y eso motiva la actividad que se considera ilegal porque no tiene ningún tipo de manejo ambiental”.

Los integrantes de los grupos al margen de la ley ofrecen un pago extra por lo que se extraiga, y eso motiva la actividad que se considera ilegal porque no tiene ningún tipo de manejo ambiental

Otro de los hallazgos del informe es “la presencia de extracción de oro con maquinaria en agua en cinco ríos de la Amazonía colombiana, siendo el más afectado el río Caquetá”.

En los territorios de manejo especial como los resguardos indígenas, en el documento se reseña que el año pasado se detectaron 724 hectáreas afectadas, de ellas el 62 por ciento en zonas excluibles de minería, y el 38 por ciento en zonas libres (274 hectáreas).

Mientras que en las comunidades negras se detectaron 37.973 hectáreas con afectación. “De estas, el 73 por ciento en zonas excluibles, el 19 por ciento en zonas mineras, el 3 por ciento en zonas de minería restringida y el 5 por ciento en zonas libres (1.758 hectáreas)”.

Frente a este panorama y la necesidad de legalizar la actividad de explotación aurífera, la viceministra de Minas y Energía, Carolina Rojas, aseguró que “de los 27.000 mineros que nos hemos propuesto llevar a la legalidad –en este cuatrenio– durante estos 15 meses el Gobierno ha conseguido que cerca de 10.000 de ellos estén en la legalidad”.

Rojas señaló que lograr los títulos de extracción son un paso positivo, y citó como ejemplo la experiencia de Istmina en Chocó, “donde por primera vez se logró la exportación de oro a Suiza, trayendo grandes beneficios económicos directamente a la comunidad”.

Guerra por las finanzas

De acuerdo con Pierre Lapaque, al realizar el cruce sobre la ubicación de los cultivos de coca, se evidencia coincidencias muy altas con las zonas en las que también hay extracción de oro.

El comandante de la Séptima División del Ejército (con jurisdicción en Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y Santander), general Juan Carlos Ramírez Trujillo, le dijo a EL TIEMPO que “hay una disputa territorial por parte de los grupos armados para quedarse con el control de las economías ilícitas en esta zona que son los cultivos ilícitos y la extracción irregular de yacimientos mineros”. El oficial señaló que estos territorios, además, son de importante movilidad: “en el caso de Chocó da salida al océano Atlántico y Pacífico. Y el Urabá, al Pacífico, lo que los convierte en grandes corredores para la salida de la coca y el oro”.

También indicó que estas economías ilícitas se las disputan básicamente en zonas como el bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba y Chocó, el ‘clan del Golfo’, ‘los Caparros’, disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc, y el Eln.

“En un trabajo coordinado entre la Fuerza Pública este año se logró en el bajo Cauca erradicar 9.000 hectáreas sembradas con matas de coca y frente a la minería ilegal se han inhabilitado más de 60 dragas y más de 50 equipos de maquinaria amarilla, que se utiliza para la extracción del oro”, señaló el general Ramírez, quien reconoció que “falta mucho por hacer, pero la labor se mantiene de manera constante”.

Brian Harris, director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la embajada de Estados Unidos, aseguró que “es de vital importancia que unamos todos nuestros esfuerzos en combatir un crimen que contamina y destruye de manera despiadada la biodiversidad, que financia y fortalece a los narcotraficantes y otros grupos armados organizados, y amenaza la seguridad y convivencia”.

Resaltó que son los mismos grupos los que se financian de estas actividades ilegales, lo que además conlleva a delitos conexos como el lavado de dinero, explotación laboral, infantil, sexual y la extorsión.

Guerra a redes criminales

Cinco preguntas a Pierre Lapaque, representante UNODC en Colombia.

Pierre Lapaque, representante UNODC Colombia.

¿Cómo ve la situación de extracción de oro en Colombia?

Es sumamente preocupante porque se evidencia una afectación directa al ecosistema del país, uno de los más ricos del mundo.

Es importante intervenir y apoyar a las familias que viven de esta actividad, para que aquellas que no están en el marco de la legalidad entren y reciban el apoyo del Estado.
El número de hectáreas afectadas por esta actividad es importante, lo que lleva a adoptar medidas rápidas.

¿Qué otro aspecto le llama la atención del informe?

Es evidente que en un alto porcentaje, el 47 por ciento, donde hay cultivos de uso ilícito como la coca se registra la extracción minera. Por lo que podemos concluir que son las mismas redes criminales organizadas que se lucran económicamente de estas dos actividades y que pueden estar presionando a las comunidades para que incurran en la extracción de manera ilegal. El Gobierno con esta herramienta (el informe) puede cruzar estas dos actividades, ver donde confluyen y adoptar las acciones pertinentes para frenar su expansión. Ese es uno de los objetivos del monitoreo.

Frente a ese tema ¿qué aconsejaría?

Con base en nuestra experiencia es importante seguir apoyando los proyectos de producción sostenible que le abren las puertas a la economía legal a las comunidades, y apostarle al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, es una muy buena oportunidad para las comunidades. En el caso de la coca se ha evidenciado que donde los campesinos erradican de manera voluntaria la resiembra no llega al uno por ciento. Es un aspecto que se debe resaltar y aprovechar para llevar a estas familias a la legalidad, sumado a la inversión social y en infraestructura.

¿Y en lo judicial?

Seguir con la línea de perseguir estas redes criminales y sus lazos con el lavado de activos para debilitarlas económicamente. Colombia viene realizando una tarea muy positiva en ese aspecto. Es un trabajo articulado entre las autoridades que ha dado muy buenos resultados.

¿Qué otras medidas se podrían poner en marcha?

Pienso que es importante tomar acciones para controlar la venta y entrada ilegal al país del mercurio (metal de alta toxicidad que se utiliza para la extracción del oro), ya que la afectación a las cuencas hídricas es notable y eso hay que frenarlo ya. En otros países su comercialización es controlada y hasta restringida.

JUSTICIA
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