Noticias Diario Bucaramanga

Le llaman el pabellón del horror. Por sus pasillos han caminado algunos de los más repudiados criminales del país: Luis Alfredo Garavito, violador y asesino de casi 200 niños; el fallecido Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, sicario de Pablo Escobar con más de 300 homicidios a cuestas; y, más recientemente, Rafael Uribe Noguera, condenado por la violación y homicidio de Yuliana Samboní, una niña de apenas 7 años.

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El lugar forma parte de la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida popularmente como ‘La Tramacúa’, donde conviven 1.485 presos en un calor que suele superar los 40 grados.

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Tiene las mismas condiciones que Garavito y los internos de alto perfil del penal

Hasta allí fue trasladado Uribe Noguera en 2018, luego de varios intentos de asonada y golpes de los otros internos contra él cuando estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

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“Tiene medidas especiales de seguridad: permanece más tiempo en su celda, no puede ir a áreas comunes. Tiene las mismas condiciones que Garavito y los internos de alto perfil del penal”, le dijo a EL TIEMPO un funcionario del Inpec.

La Tramacúa, que desde el aire llama la atención por la simetría de su arquitectura,  funciona desde hace dos décadas, y en su diseño participaron miembros del Buró Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos. Es una de las cárceles más seguras de Colombia y queda a escasos 15 minutos del parque de la Leyenda Vallenata, en la capital del Cesar. 

Tanto la celda de Uribe Noguera como las de los otros presos están vigiladas por un centro de control que está conectado a las oficinas del Inpec en Bogotá.

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Este diario pudo establecer que, en la actualidad, el confeso asesino de Yuliana Samboní pasa sus días haciendo planos, maquetas y manualidades, con las que redime parte de los 58 años de prisión a los que fue condenado por el crimen de la niña.

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QUEIPO F. TIMANÁ V.

qtimana@yahoo.e@palomaqtimana@yahoo.es

Cuando leí esta amenaza en el periódico El Espectador el 15 de noviembre de 2020, por parte de las disidencias de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, dichas ante un analista e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, considero que esta noticia le puede interesar al presidente de la república, al gobernador del departamento y a los alcaldes de los tres municipios con las tasas más altas de homicidio en Colombia como son: Corinto, Argelia y Suárez, los tres en el departamento del Cauca.

Llama la atención que los periodistas del relato viajaron hasta Corinto, se internaron en la montaña para la entrevista con la disidencia de ‘Gentil Duarte’, en su ida y regreso desde el Valle del Cauca, no pudieron observar ningún soldado o policía, ni ninguna vigilancia en sus carreteras en una tierra tan ensangrentada; tampoco se ha conocido una respuesta de parte de la gobernación en donde manifiesten que son gobierno, que dirigen y controlan y harán respetar el territorio caucano. El comandante Duarte dio explicación del conocimiento que tiene de ambos departamentos Cauca y Nariño y del archipiélago de grupos insurgentes que se mueven y los territorios que controla cada uno, dice haberse enfrentado al grupo que dirige desde Venezuela la “segunda Marquetalia” de Iván Márquez y Santrich y afirman que el sur del Cauca está tomado por el Eln, como lo denuncié en un artículo anterior.

Recordemos que las Farc llegaron a operar en 242 municipios de Colombia, iban por la toma del poder del país, una vez firmado el acuerdo de paz se desmovilizaron más de 14.000 guerrilleros, en la actualidad estos grupos disidentes y el hampa criolla operan en 113 municipios del país.

Una forma de observar este fenómeno tomando experiencia de otros acuerdos firmados en otros países, es que siempre quedan fracciones que se resisten a los acuerdos y que es necesario neutralizar, el problema en Colombia es que el movimiento político que logró la presidencia, en su programa destacaba que haría trizas al acuerdo de paz y aun así el país le votó, tal vez ante la amenaza de Gustavo Petro con la imposición del modelo venezolano; una vez posesionado el presidente juró por la Constitución y manifestó que defendería la paz con justicia, todas sus iniciativas han fracasado sobre el control de la insurgencia y lo más grave es que no se le cree por el movimiento que lo respalda.

Lo curioso de todo esto es que los efectivos de las fuerzas armadas de la república suman más de medio millón y tienen todas las facultades posibles para controlar todo, desde interceptación de comunicaciones, cerrar vías, bombardear, lo que sea necesario para proteger un territorio, sin embargo los servicios de inteligencia no aparecen y la lista de soldados sacrificados va en aumento.

¿Qué hacen las brigadas o batallones de Cali y Popayán, para evitar estas tomas del Cauca por estas agrupaciones disidentes y el hampa criolla e internacional? ¿Hay voluntad de neutralizarlos, tienen planes concretos de vigilancia permanente y de neutralización en serio?

¿Por qué los departamentos de Cauca y Nariño son seleccionados por los insurgentes y el hampa criolla internacional? Por el abandono consuetudinario de estas regiones por parte del Estado, de preferencia sus zonas costeras, que les facilita llegar al mar para transportar la cocaína, el Cauca no tiene una sola vía carreteable o camino de herradura que lo comunique con la costa caucana, luego de 110 años de creada la república, las dos vías propuestas por el Tambo y Argelia no aparecen en los planes del gobierno nacional, otra razón es la carencia de servicios de salud y educación de calidad para estas comunidades, también por la cantidad de cultivos de coca en dichas regiones en donde no aparecen planes de sustitución de dichos cultivos o programas de emprendimiento y también por el aumento de la extracción del oro de manera ilegal.

El asunto más grave del Cauca es que sus gobernantes no son autónomos, dependen de un cacique político regional a quienes los caracteriza ser mudos en Bogotá, tampoco saben presentar proyectos de ley y hacerlos aprobar, pero llegan a Popayán y se les suelta la lengua para exigir la repartija burocrática para conservar el poder, ellos están interesados es por la rotación de cargos para enfrentar su re-elección en próximas elecciones, qué les puede interesar la vida del campesinado si solamente lo necesitan el día de elecciones. Respecto al gobierno nacional nada nuevo se puede esperar, lo único seguir escuchando que todo es culpa del gobierno anterior y ya lleva dos años en el poder, su error es que sigue utilizando los mismos esquemas tradicionales de consejos de seguridad que no sirven para nada, cuando lo correcto es que ante nuevas situaciones como el numeroso grupo de disidencias y grupos del hampa, hay que crear nuevas estrategias, si es que se quiere cumplir el juramento de la Constitución que le obliga a buscar y garantizar la paz.

Un grupo de 35 víctimas de ‘falsos positivos’ y diez organizaciones de derechos humanos radicaron una tutela en la Sección de Revisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) para que se inicie el proceso de expulsión del excomandante del Ejército general Mario Montoya.

Los tutelantes buscan que la Sala abra de inmediato el incidente de exclusión del oficial en retiro.

Señalan que al someterse a la JEP adquirió el compromiso de contribución con la verdad y asumir la responsabilidad de sus actuaciones.

Sin embargo dicen las víctimas acreditadas que el oficial en su versión del 13 de febrero pasado “mintió a las víctimas y negó tener conocimiento sobre esta práctica, que ocasionó alrededor de 2.429 víctimas bajo su mando, cuando se desempeñaba como comandante del Ejército. En dicha oportunidad afirmó, a pesar de las pruebas que existen, que el conocimiento de irregularidades en operaciones militares se obtuvo mucho tiempo después de ocurridos los hechos, momento en el cual se tomaron las medidas necesarias para que no se repitieran”.

Lea en contexto: La lucha por los archivos secretos del caso contra Mario Montoya.

Añaden que desde entonces se ha pedido, sin éxito, que se adelanten los trámites para su expulsión y la pérdida de beneficios.

“Dicha petición fue reiterada el 30 de septiembre, destacando que el comportamiento negacionista es revictimizante y que va en contravía de las pruebas aportadas por las víctimas, los informes de organismos internacionales, las pruebas recaudadas por la Fiscalía General y las múltiples versiones que señalan su responsabilidad y papel determinante en la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad”, afirman.

Y advierten que las  declaraciones dadas por Montoya en dicha versión voluntaria “demuestran su incumplimiento del deber de contribuir con la verdad ya que contradicen doce versiones rendidas ante esta jurisdicción por quienes fueron sus subalternos, incluídos dos coroneles y un mayor”.

Igualmente señalaron que Montoya tampoco ha realizado ningún aporte a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Lea en contexto: General vinculado a falsos positivos dictó taller de derechos humanos.

“La administración de justicia no puede permitir que quienes han desconocido sus deberes y compromisos, sigan gozando de beneficios como rebajas de penas y no privación de la libertad. Como víctimas demandamos que quienes han pretendido hacer un fraude a la verdad plena, como Mario Montoya Uribe, sean objeto de exclusión y de un procesamiento en la justicia ordinaria o en la justicia internacional”, indicaron los representantes de las víctimas.

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Luego de que el gobierno de Iván Duque anunció la adjudicación del primer contrato para la ejecución de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) sobre fracking a Ecopetrol en Puerto Wilches, Santander, 50 congresistas de diferentes partidos políticos enviaron una misiva al primer mandatario para solicitar suspender todo propósito al respecto.

Los congresistas, entre los que están Iván Cepeda, Aída Avella, Roy Barreras, entre otros, expresan que hay “serias dudas respecto a la posibilidad que tienen los PPII
de entregar información certera sobre los riesgos del fracking, que pueda reducir la
incertidumbre sobre el peligro que esta técnica representa para la salud de las
comunidades y para el ambiente”.

(Lea también: Duro debate selló cierre probatorio en demanda contra reglas del ‘fracking’)

“Por otra parte, existen profundas dudas frente a la rigurosidad del proceso de desarrollo de los PPII, debido a que la información no sería adquirida directamente por el Estado sino por las empresas contratadas, interesadas comercialmente en la explotación”, se lee en la carta, que también expresa que el Gobierno no garantiza el blindaje suficiente frente a los efectos negativos del fracking en el medioambiente y la salud, y tampoco han sido presentados a los territorios para garantizar su derecho a la participación, por lo que no es posible llevar a cabo pruebas piloto.

Igualmente señalan que como al gobierno Duque le restan 20 meses de mandato, y que los efectos del fracking sobre el ambiente solamente se verían reflejados después de años de su implementación, “hacer una evaluación sobre los proyectos piloto de fracking antes del 7 de agosto de 2022, sería prácticamente imposible”.

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​En el texto los congresistas destacan que en el momento se están tramitando en el Congreso dos proyectos de ley sobre la conveniencia del fracking en Colombia y que este es un tema importante y complejo que amerita un análisis sosegado y un proceso participativo. “El avance precipitado de los PPII obstaculizaría la deliberación parlamentaria y generaría inseguridad jurídica en la inversión industrial”, indicaron.

También recordaron que en la actualidad hay varios procesos judiciales contra el fracking y los PPII en los que no se han tomado decisiones de fondo. Dos de esos procesos están en el Consejo de Estado que estudia una demanda que pide anular las normas que regulan el fracking y otra que pide tumbar el decreto que reguló los pilotos.

(Además: El balance de la recta final de la demanda contra el ‘fracking’)

Los congresistas que firmaron la carta pertenecen a los partidos y movimientos políticos Alianza Verde, Liberal, FARC, Polo Democrático, Decentes/Colombia
Humana, MAIS, Cambio Radical y la U.

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Desde la institución educativa se hace un llamado a no afectar sus recursos naturales debido al proyecto de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao.

Por: Manolo Gómez Mosquera

Han pasado 30 años desde que la institución Granja Escuela Amalaka comenzó su trabajo comunitario con las familias de la vereda Brisas de Totoró, sembrando sus semillas pedagógicas con aquellos infantes de la convulsionada década de los noventa. Por ese entonces, con talleres dictados por las maestras Ana María FAnkhauser y Nancy Bolaños quienes juntas emprendieron este proyecto y con el esfuerzo de varios equipos pedagógicos, se construyó, poco a poco y a pulso limpio, lo que hoy es una de las selectas tres escuelas en toda  Colombia que se ubica dentro de una reserva natural de la sociedad civil y una de las más representativas de la educación alternativa en las técnicas Freinet pertenecientes al Remfa (la red de escuelas Freinet de América) y a la Fimem (Federación internacional de Escuelas modernas).

Dentro de dicha propuesta, la concepción del trabajo en comunidad y el territorio como el gran salón de clases le han aportado el ser pionera en lo que hoy llamamos educación ambiental. Estamos hablando de la primera escuela en el sur occidente que profesó la práctica de las técnicas Freinet como innovación para comunidades afectadas por la violencia del desplazamiento. Mencionemos que fue la primera Institución que publicó los derechos de los niños y niñas sobre el medio ambiente y profesó la reforestación en mingas familiares y actividades grupales con sus estudiantes en Agroecología.

En la vegetación de la Granja escuela, habita la Tangara Labradorides, propias de la zona subtropical andina desde Colombia hasta Perú.

La concepción Freinetiana de las ciencias colaboró mucho en este empeño, pues la investigación, la sistematización y la curiosidad innata de nuestros estudiantes han dado la luz para recorrer juntos su propio territorio y así, una escuela bosque, río y ojo de agua floreció entre las lomas caucanas como antorcha para la consciencia ambiental y ecológica del país. En sus bosques, donde se han clasificado 149 especies de aves, 41 familias en total, donde 14 de ellas son migratorias boreales y 4 son consideradas amenazadas de extinción, allí, bajo el hogar dosel de los robles, guayacanes, alisos y gualandayes es donde se han formado durante 25 años cientos de niños, niñas y jóvenes quienes hoy recuerdan y agradecen lo que les ha trasformado la Institución educativa Técnica Agroambiental Granja Escuela Amalaka.

La Amalaka de hoy conformada por 50 familias quienes dan vida a la comunidad educativa en este presente es la encargada de defender y hacer respetar el trabajo y el esfuerzo de miles de personas que durante más de dos décadas han preservado el territorio para los niñas y niñas del olvidado por el Estado  departamento del Cauca. Comprenderán lo que significa para los que hoy reciben tal riqueza de legado lo importante que es la coherencia y consecuente actitud de defender nuestro territorio pedagógico y ambiental por donde transitan en las nubladas madrugadas dos especies únicas en su maravilloso existir: la ranita de cristal del Quindío y el atrapamoscas apical.

Sepan todos y todas que en nuestro suelo y dosel habita el Centrolene quindianum, un anfibio transparente registrado también por algunos lados del departamento del Quindío y el Myiarchus apicalis, un atrapamoscas semejante al famoso Sirirí de unos 19 centímetros de pico a cola, ambos considerados endémicos para nuestro país. Llamamos entonces a un diálogo consciente de quienes piensan que pueden pasar por encima de las reservas y colegios ambientales para que vean alternativas en sus propuestas y nos demuestren a los nuevos ciudadanos que sí se puede amistar el desarrollo vial del Kauka con el trabajo digno y humano que la institución educativa ha luchado por sostener en pro de la educación con nuestra maltratada infancia caucana por décadas.

Bienvenido sea el futuro, claro, pero en el que sea posible la construcción de un largo puente de 500 metros sobre el dosel del río Cofre, desde el otro lado de la vía, bordeando la quebrada “La Victoria”, desde donde se pueda otear la Granja escuela Amalaka con su invalorable bosques de alisos y yopos, ojos de agua, serpientes y colibrís con su reserva intacta, preservada y digna de ser un tesoro ambiental y educativo, honesto ejemplo de respeto por la vida para las generaciones venideras.

Una tutela presentada por la Defensoría regional Arauca puso de presente la grave situación de hacinamiento carcelario que viven los reclusos que están en estaciones de Policía en el departamento. En sitios con capacidad para 45 reclusas hay 187, lo que significa un hacinamiento del 337,7 por ciento.

Ante ese panorama, un juzgado de Arauca dio varias órdenes a autoridades locales y departamentales para que emprendan acciones para mitigar esa crisis.

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En la tutela se recoge que las instalaciones de las Estaciones de Policía de los municipios de Arauca, Saravena y Tame, en Arauca, y las instalaciones de la Sijín en ese departamento están desbordadas en cuanto a hacinamiento y que se están vulnerando los derechos de los presos a la vida digna, salud, integridad personal y seguridad social.

Dentro del proceso la misma Policía expuso la crítica situación al informarle al juez de tutela que “en cada una de las unidades policiales donde se albergan personas en calidad de capturados, se ha desbordado la capacidad de las salas temporales de privación de la libertad, generando dificultades para la protección de los derechos de esta población, como la disponibilidad de baterías sanitarias suficientes, situación que puede desencadenar problemas de salud pública”.

La Policía agregó que ha hecho múltiples requerimientos a diversas autoridades como la gobernación, alcaldías, concejos departamentales, entre otros, para buscar una solución al hacimiento sin que nada se concrete. Por ejemplo, pidieron, infructuosamente, que se aplique el Decreto de 804 de 2020, que autorizó a las entidades territoriales adelantar la adecuación de inmuebles destinados a centros de detención transitoria.

Por ejemplo, la institución le pidió a entes gubernamentales arrendar un inmueble que cumpla con las especificaciones del Inpec para tener allí a los sindicados, y que incluso en una reunión el 24 de julio de 2020 se propuso la revisión del arrendamiento
de la ‘Casona –Hotel Las Tres Palmas’ como centro transitorio de detención
provisional, sin que se obtuviera respuesta favorable.

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La Policía dijo que también ha pedido desde febrero de 2019 que se traslade a presos de las estaciones a la cárcel de Arauca, pero que no ha sido posible. Esto porque, según se lee en la tutela, como la cárcel de Arauca tiene un hacinamiento del 66 por ciento, por ley, dijo el juzgado, no está en capacidad de recibir nuevos reclusos.
​
Además de las respuestas de alcaldías locales y el departamento, quienes en su mayoría dijeron que no les constaba el hacinamiento, dentro del trámite de tutela llegó un concepto en el que el Inpec señala que las medidas que se han adoptado para atender el colapsado sistema penitenciario no han solucionado el tema de fondo.

El Instituto expresó también que las recomendaciones que el Consejo Superior de Política Criminal ha hecho al Ministerio de Justicia para superar el hacinamiento han sido inefectivas. “Se ha incrementado el ingreso de personal a las cárceles y penitenciarias nacionales por sentencia judicial y demás dentro de las estaciones y comandos de Policía, y los traslados de personal a nivel nacional, pero no se ha emitido un pronunciamiento por parte del gobierno nacional, ni de sus órganos asesores como lo es el ya mentado Consejo Superior de Política Criminal”, por lo que el sistema penitenciario sigue colapsado.

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El Inpec añadió que el hacinamiento conlleva a la problemática social y evidencia de la falla de la política criminal Estatal, pues como no hay mecanismos o instalaciones
necesarias para que los presos accedan a procesos de reinserción como trabajo, estudio y enseñanza, no les es posible acceder a subrogados penales y redenciones de pena. 

Tras valorar las múltiples respuestas que recibió, así como jurisprudencia de la Corte Constitucional, el juzgado tuteló los derechos fundamentales a la vida digna, salud,
integridad personal y seguridad social de los privados de la libertad que están en las estaciones policía de Arauca, Saravena y Tame, y le ordenó a la Gobernación de Arauca y las alcaldías de Arauca, Tame, Saravena, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón, Cravo Norte, en Arauca; y Cubará, en Boyacá, que en máximo 20 días adelanten las gestiones y articulaciones institucionales necesarias, para adecuar inmuebles como centros transitorios de detención. También se exhortó al Inpec para que colabore con la evaluación las condiciones de seguridad idóneas de los inmuebles.

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El juzgado ordenó a esas mismas entidades, además de la Policía y la Unidad Administrativa especial de salud de Arauca para que dentro de los 5 días siguientes a la notificación del fallo adelanten las gestiones para socializar con los internos la
importancia de los protocolos de protección, uso permanente de tapabocas, disponer del servicios sanitarios que permita el continuo lavado de manos y suministrar de manera permanente elementos de protección.

Se ordenó también a las alcaldías municipales identificar el estado de afiliación al sistema de salud de los reclusos que se encuentran en las estaciones de policía y, si no lo están, afiliarlos al régimen subsidiario o contributivo y posteriormente a la EPS que tenga mayor cobertura en el respectivo municipio.

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La importancia de la seguridad alimentaria, partiendo de la experiencia del sector cafetero y el sector agrícola en general.

Las versión 88 del Congreso Nacional de Cafeteros, que es esta ocasión se desarrolló de forma virtual por la pandemia dejó ver los resultados más significativos y los retos más apremiantes para el sector cafetero.

El Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Roberto Vélez Vallejo presentó los principales resultados de gestión en el año que termina, incluido un valor de la cosecha de $8,7 billones en el año cafetero, resultados que le merecieron un reconocimiento del Congreso cafetero.

“El gran proveedor mundial de café de calidad se llama Colombia”, dijo Vélez, destacando además que, gracias a la prima de calidad, el café colombiano vale casi el doble que el café brasileño en el mercado internacional. Haciendo énfasis en que la relevancia que el sector cafetero y el sector agrícola en general adquirieron en este año difícil fue como un “campanazo” sobre su importancia para la economía, la seguridad alimentaria y la estabilidad del país.

En el Congreso se destacó que, gracias a la prima de calidad, el café colombiano vale casi el doble que el café brasileño en el mercado internacional. / Suministrada – El Nuevo Liberal

Fondo de Estabilización de Precios avanza a buen ritmo

Óscar Bernal, Secretario Técnico del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC), expuso las generalidades, incluido el marco regulatorio, y perspectivas de este mecanismo, que se puso en marcha este año. Bernal explicó que el FEPC, con nueve posibles fuentes de financiamiento, podrá contribuir a estabilizar no sólo el precio, sino los ingresos de los productores con ayudas directas, para lo cual resultará de gran ayuda el que 75% del gremio cafetero está bancarizado.

‘El café goza de buena salud’

El panel en el que participaron Antonio Núñez, presidente de Nestlé Colombia; Miguel Moreno, presidente de Colcafé, y Luis Fernando Vélez, fundador de Amor Perfecto, con Juan Camilo Ramos, Gerente Comercial de la FNC, como moderador, mostró que el consumo de café goza de buena salud, sobre todo en los hogares, en plena pandemia. “El café es una bebida que goza de muy buena salud… Una bebida para todos los momentos del día,” dijo Núñez, quien destacó no solo que el consumo crece en todo el mundo, sino que la innovación en experiencias de consumo contribuye a ello.

“El café está de moda, una que va a ser muy larga. (…) Cada más jóvenes se interesan, no sólo por la bebida, sino por la profesión y toda la actividad detrás, al punto que hay baristas que se han convertido en caficultores”, dijo el fundador de Amor Perfecto, que llamó a Colombia la boutique mundial de los cafés especiales, de los cuales el mundo está ávido, para lo cual su cadena ha apostado por el mercadeo digital en Estados Unidos, que les ha dado muy buenos resultados.

Moreno destacó que el café es la tercera bebida más consumida en Colombia después del agua y los jugos naturales, y que en más del 90% de los hogares hay alguna marca de café, pero falta más frecuencia de consumo, para lo cual es importante ofrecer variedad y diferenciación en las experiencias de consumo.

Sistema de Información de Hogares Cafeteros (SIHC)

El Director de Investigaciones Económicas de la FNC, José Leibovich, presentó a la audiencia el Sistema de Información de Hogares Cafeteros (SIHC), una detallada base de datos con información sociodemográfica de los hogares cafeteros a escala departamental y municipal, que servirá de apoyo transversal a todo el diseño del eje social de la FNC. El sistema se construyó mediante un intercambio de información entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la FNC, combinando datos del Sica con el Sisbén y la base maestra de programas sociales (registro social) del DNP, locual permite caracterizar los hogares cafeteros a mayor nivel de detalle para focalizar mejor la atención de programas sociales de la FNC.

La Fiscalía capturó a cinco personas vinculadas a una red que traficaba droga en osos de peluches. Otros dos se encontraban en cárceles.

La red funcionaba desde un local en el que de vendían juguetes y otro tipo de elementos para menores de edad.

Según la investigación de la Fiscalía la red enviaba droga a varias ciudades del país con destino a centros carcelarios e incluso a Ecuador.

La Fiscalía señaló que esta fachada al parecer, estaba a cargo de una familia. Mamá, sus dos hijos y algunos sobrinos, con sus respectivas parejas, serían los encargados de coordinar el acopio de marihuana y otras sustancias ilícitas, así como la elaboración y acondicionamiento de los juguetes de felpa, garantizar el transporte y recepción de los mismos.

La red habría logrado la franquicia de una empresa de mensajería para mover más fácilmente la droga.

El ente acusador señaló que están acreditadas 330 entregas de paquetes contaminados con droga.

Las diligencias se cumplieron en el sur de Bogotá y en Montería (Córdoba).

La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los procesados fueron identificados como Divier Germán Barrera Garzón, alias Divier, señalado cabecilla, quien se encuentra privado de la libertad en el establecimiento carcelario ‘La Tramacúa’ de Valledupar (Cesar), desde donde realizaría las diferentes coordinaciones para el tráfico del estupefaciente y la distribución interna en ese penal. Martha Isabel Garzón, madre del jefe de la red. Sería la encargada
del almacenamiento de la droga en Bogotá y facilitadora de los medios de transporte.

Igualmente Martha Yanneth Barrera Garzón, alias La Nana, hermana de ‘Divier’. Figura como propietaria de la franquicia de la empresa de mensajería que, supuestamente, era usada  para enviar los peluches cargados con drogas. Cindy Carolina Garzón Contreras, alias Carolina, sobrina de ‘Divier’ y empleada del punto
de mensajería. Al parecer, diligenciaba las guías de salida de las encomiendas con
información falsa para evitar el rastreo de las autoridades.

La operación se registró en Bogotá y Montería.

 Ingrid Yurani Patiño Ospina, compañera sentimental de ‘Divier’. Se le
atribuye el manejo y la distribución de los dineros de la organización ilegal. Yan Alejandro Herreño García, ‘La Nana’. Era el supuesto responsable de la obtención de la droga y de garantizar el traslado a Montería (Córdoba). Este hombre fue condenado por otro proceso y cumplía sentencia en su lugar de residencia en Bogotá; sin embargo, hay evidencia de que habría incumplido este beneficio para delinquir en ‘Los Peluches’.

José Luis Reyes Zapa, alias Patica, quien presuntamente recibía los muñecos cargados en Montería (Córdoba) e ingresaba el estupefaciente a la cárcel de esa ciudad. 

Por disposición del juez de control de garantías, alias Patica recibió medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que las cuatro mujeres permanecerán privadas de la libertad en sus lugares de residencia.

Durante las diligencias  el personal del CTI y del Ejército descubrió un centro de almacenamiento de pólvora y licor adulterado. En el sitio encontraron 8.112 estampillas falsas, 10.518 stickers frontales para whisky 1.175 unidades de cajas de
empaque vacías, botellas de diferentes marcas listas para ser distribuidas y 144 kilogramos de pólvora.

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Según agremiación de establecimientos, la única restricción que se mantiene vigente es el baile en discotecas.

La Asociación de bares, discotecas y licorerías, Asobares Popayán, a través de su presidente William Amaya Villota entregó unas claridades respecto al funcionamiento de estos establecimientos, luego de la expedición de un nuevo decreto nacional.

Según Amaya, con el Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2.020, expedido por el gobierno nacional, mediante el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2.020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria, generada por la pandemia Covid 19, hace varias aclaraciones:

“No existe prohibición alguna, respecto de la venta y consumo de licor, de la forma como lo establece el numeral 3 del artículo 1, del citado decreto. De igual forma, no se estableció el cierre de establecimientos de comercio, con venta y consumo de licor, todo lo contrario, el parágrafo primero del artículo 1, establece que los municipios, podrán adelantar las pruebas piloto para esta clase de establecimientos, previa autorización del Ministerio de Interior”.

Agregó que la ciudad de Popayán ya cuenta con la autorización del Ministerio del Interior, la prueba piloto ya se llevó a cabo, y ayer se llevaría a cabo la evaluación, con las secretarías de Gobierno y Participación Comunitaria, Salud Municipal y la Dafe, que ha coordinado y liderado el plan piloto de esta capital.

Aclaró que la única prohibición existente en el momento es el baile, de la forma como lo establece el numeral 2 del artículo 1, del mencionado decreto, sin embargo, se establece la posibilidad de solicitar autorización al Ministerio del Interior, con el objeto de permitirlo, de la forma como ya se autorizó para la ciudad de Cartagena.

También aseguró Amaya que el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio, con venta y consumo de licor, es el establecido en el decreto 424 de 2.006, expedido por la Alcaldía de Popayán, el cual no ha sido modificado o reglamentado.

“Los establecimiento de comercio, con venta y consumo de licor, afiliados a nuestro gremio, seguirán funcionado, como hasta el momento lo han hecho, bajo los principios de responsabilidad social, con los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud y la secretaría de Salud del Municipio de Popayán, quien no solo ha venido realizando la supervisión del ejercicio de la actividad comercial, sino brindando apoyo y capacitación a los empresarios, para la implementación de los protocolos de bioseguridad, y de esa forma seguir prestando un servicio responsable”, declaró el presidente de Asobares.

Hizo un llamado a los medios de comunicación, a no replicar noticias imprecisas, como el cierre de la industria nocturna, la suspensión de los planes piloto, o el horario de funcionamiento, solo hasta la media noche, sin tener en cuenta lo establecido en los decretos mencionados.

Por último, invitan al alcalde Juan Carlos López Castrillón, a seguir aunando esfuerzos, como hasta el momento lo ha hecho, con el fin de revitalizar el sector de la industria nocturna y la economía, a fin de avanzar en la recuperación económica y social de la ciudad.

Una tutela de 108 internos del pabellón Autonomía de la Cárcel Distrital de Bogotá dejó en evidencia cómo guardianes de ese centro penitenciario estarían agrediendo a las mujeres que visitan a los presos de ese penal, que depende de la alcaldía de Bogotá. 

En la tutela, que llegó a la Corte Constitucional, los detenidos aseguran que el personal de custodia está cometiendo abusos durante las requisas debido a que las mujeres que hacen parte de su familia, sus parejas y amigas que van a visitarlos están siendo sometidas a conductas que, incluso, podrían constituir hechos de violencia sexual. 

Según los detenidos, en mayo del año pasado varias mujeres que fueron a visitarlos fueron tocadas en sus partes íntimas y “forzadas a desnudarse y hacer flexiones con las piernas”. 

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Incluso, aseguran los presos, el personal de seguridad impidió que dos mujeres ingresaran con prendas de vestir oscuras porque dijeron que estas iban en contra del reglamento interno, y a una de ellas la obligaron a entrar únicamente con ropa interior, casi desnuda. A la otra mujer “le tocó dejar su ropa interior e ingresar en pantalón”, asegura la denuncia. 

Pero esas conductas no solo estarían siendo cometidas contra las visitantes. Según los presos, en abril del año pasado fueron obligados a desnudarse y ubicarse de espaldas a los guardias y hacer de tres a cinco sentadillas con las manos en la cabeza.

Además, en medio de las requisas los guardias les habrían ordenado darse la vuelta y exhibir sus partes íntimas para “verificar que no estaban ocultando elementos o sustancias prohibidas”. 

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Por eso, los detenidos presentaron una tutela en la que pidieron que se ordene prohibirles a los guardianes tocar las partes íntimas de las personas privadas de la libertad, así como de las visitantes. También pidieron que se obligue a grabar en audio y video esos procedimientos. 

Cárcel vulneró los derechos

La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, les dio la razón a los presos y aseguró que la Cárcel Distrital vulneró los derechos a la dignidad humana por las requisas indignas y degradantes que están sufriendo familiares y amigas que los visitan. También está cometiendo tratos crueles y degradantes contra los presos, que además eran obligados a vestirse con el uniforme de la cárcel, sin diferenciar entre quienes eran condenados y detenidos. 

Por estos hechos, la Corte también compulsó copias a Fiscalía y Procuraduría para que investigue las denuncias y esclarezca si todo esto fue cometido por guardianes de la prisión. 

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En medio del trámite de la tutela, el año pasado la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bogotá dijo que si los presos estaban molestos era porque las medidas de seguridad habían permitido capturar a varias mujeres que llevaban sustancias psicoactivas. También dijo que nunca hubo tratos indignos ni que se hubiera obligado a dos mujeres a ingresar en ropa interior o desnudas. 

De otro lado, la directora de la Cárcel Distrital, Sonia Patricia Peñón NIño, señaló que los procedimientos de requisas a los visitantes y a las personas detenidas se hacen conforme a los estándares de seguridad, custodia y vigilancia que ha señalado el Inpec desde el 2016, así como el reglamento interno de la prisión. Añadió que esos procedimientos no contemplan que las inspecciones se hagan sin ropa ni que se ordene a los visitantes realizar cunclillas o sentadillas. 

Pero la Corte le dio crédito a lo que dijeron los detenidos y aseguró que según las pruebas recaudadas los guardianes de esta cárcel se apoyan principalmente en perros y en requisas corporales para detectar elementos o sustancias prohibidas. En cambio, las herramientas tecnológicas se usan como apoyo secundario.

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Ante esa situación, le ordenó a la Cárcel Distrital que modernice sus herramientas tecnológicas y adquirir en máximo 6 meses por lo menos un escáner de rayos X para las personas. También deberá calibrar las sillas y arcos detectores de metales que tiene la prisión. 

En las respuestas que le entregó la Cárcel Distrital sobre cómo se desarrollan las requisas, la Corte encontró que no hay ni una línea sobre lo que ha dicho ese alto tribunal frente a cómo se deben hacer estos procedimientos para evitar que se incurra en tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por eso le ordenó a la directora de esta prisión que elabore un nuevo protocolo en el que tenga en cuenta la jurisprudencia de esa corporación sobre los límites en las requisas. 

“Entre otros tratos, el director(a) debe prohibir que las personas sean tocadas en sus partes íntimas o que sean obligadas a desnudarse y a hacer sentadillas”, afirmó la corporación. 

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Y es que según la Corte, en la Cárcel Distrital “luego de la señal positiva del ejemplar canino, existe una zona gris sobre el procedimiento que deben seguir los guardias para realizar la inspección ‘complementaria’ o la ‘requisa más rigurosa'”.  Esos vacíos, señala la corporación judicial, son un riesgo que “aumenta las probabilidades de someter a las personas a tratos crueles, humillantes y degradantes”. Por ello concluyó que lo que dicen los presos es cierto.

Aunque la Cárcel Distrital negó que lo manifestado por los detenidos sea verdad, la Corte dice que están probadas las fallas en los procedimientos de seguridad de la cárcel, el desconocimiento en los límites para evitar los abusos en requisas, por lo cual “la respuesta de la entidad accionada no tiene el peso suficiente para desvirtuar las afirmaciones hechas por los accionantes en su escrito”. 

La respuesta de la entidad accionada no tiene el peso suficiente para desvirtuar las afirmaciones hechas por los accionantes en su escrito

La Corte también les recordó a las autoridades que “las personas privadas de la libertad deben ser tratadas con el mismo respeto con que se trata al resto de los miembros de la sociedad. Si bien es cierto que algunos de sus derechos están limitados debido a la reclusión, esta circunstancias ano menoscaba su condición humana”. 

Así, señaló que está permitido requisar superficialmente la ropa de los visitantes y en el caso de los detenidos, indicarles que se remuevan el uniforme y queden en ropa interior, pero recordando que nunca se pueden superar los límites ni obligar a reclusos o visitantes a desnudarse o tocar sus partes íntimas. Las requisas más intrusivas solo se pueden realizar de forma excepcional, cuando no haya alternativas que permitan desarrollar el procedimiento de otra forma, y siempre y cuando haya motivos fundados. 

Otras requisas abusivas

No es la primera vez que la Corte tiene que pronunciarse por los abusos y tratos degradantes durante las requisas en las cárceles. De hecho, en el 2013 el alto tribunal revisó uno de estos casos, y reiteró su decisión de establecer que en las cárceles del país hay un estado de cosas inconstitucionales (sistemática violación de derechos fundamentales) por  la vulneración constante de la dignidad. 

Está prohibido superar estos límites y obligar a las personas (reclusos o visitantes) a desnudarse o tocar sus partes íntimas

Lo mismo sucedió en un fallo del año pasado en el que la Corte estudió una tutela de un preso y de su pareja que fueron sometidos a requisas abusivas antes y después de la visita íntima. 

Y en el 2018 el Consejo de Estado también ordenó al Inpec indemnizar a un detenido que fue obligado a desnudarse por completo en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá. 

REDACCIÓN JUSTICIA