Cajas: un debate distinto | Carta del director | Editorial | Francisco Miranda | Opinión
Un análisis del centro de estudios económicos Anif revivió la semana pasada el debate sobre el papel de las cajas de compensación familiar en la política social del país.
Esta no es una discusión nueva.
Por la magnitud de los recursos que manejan las 43 cajas- siete billones de pesos al año- y el origen empresarial de esos aportes, son recurrentes los llamados a revisar el sistema de compensación que ya tiene 65 años.
Esos aportes parafiscales provienen hoy de más de 686 mil empresas, con 9,7 millones de afiliados, 11,4 personas a cargo y una cobertura de más de 21 millones de colombianos. Las cajas de compensación brindan servicios a las clases medias y bajas de salud, educación, capacitación, subsidios en dinero, vivienda, recreación y turismo.
La propuesta de Anif apuntaba a la eliminación de ese aporte obligatorio del 4 por ciento a las empresas dentro de un paquete de medidas orientado a estimular la generación de empleo. Una reducción en los costos laborales impulsaría a los empresarios a crear más puestos de trabajo.
El rechazo a la propuesta vino de todos los frentes: el presidente Iván Duque desde Davos, la Andi, las centrales obreras y varios partidos políticos. De hecho, en entrevista publicada hoy en este diario, Mauricio Santa María, nuevo presidente de Anif, califica de “absurda” la idea de desfinanciar las cajas y dejarlas morir.
La polémica permitió asimismo ratificar el reconocimiento de numerosos sectores a la labor redistributiva de las cajas de compensación, las bondades del sistema y las capacidades que han desarrollado. Los servicios que prestan las entidades líderes, por ejemplo las instalaciones recreativas, son de alta calidad y sería muy costoso para una empresa promedio brindar ese nivel de bienestar a sus empleados.
Sin embargo, la controversia también despertó reflexiones válidas no sólo sobre las cajas sino sobre los retos actuales de la política social.
Un ejemplo es el de la financiación del sistema. Tal como pasó con los aportes al Sena y al ICBF, cabe discutir si la carga sobre la nómina de las empresas formales es la fuente de financiacion más óptima.
Desechar de tajo que se financien desde el presupuesto nacional le cierra la puerta a una discusión sana sobre el encarecimiento del empleo formal. Abrir un debate de esta naturaleza contribuye además a poner sobre la mesa propuestas y alternativas creativas.
Una segunda reflexión tiene que ver con la heterogeneidad entre las capacidades, la eficiencia y la calidad de los servicios entre las 43 cajas distribuidas por todo el territorio nacional. Más y mejores mediciones de impacto, rendición de cuentas, optimización en el uso de los recursos de los empresarios y una revisión del desempeño en algunos sectores e inversiones fortalecerían el sistema de cajas.
En tercer lugar está la focalización. Alrededor del 75 por ciento de los afiliados ganan hoy hasta 1,6 millones de pesos mensuales. Pero la situación del mercado laboral del país amerita dar la discusión sobre si las cajas podrían brindar algunos servicios a población que está en la informalidad, esto es, alrededor del 50 por ciento de los colombianos.
El origen del debate es legítimo. En momentos en que el descontento social se expresa en las calles del país, las políticas de creación de empleo y, en general de reducción de la pobreza, no sólo son cruciales sino también deben ser producto de la discusión entre el Gobierno, empresas, trabajadores y otros actores sociales.
Inevitablemente los costos laborales hacen parte de ese debate. Pero también la productividad, la educación, la red de protección social y otros aspectos. Más que proteger a ultranza un instrumento como las cajas, el debate debe ser sobre el principal objetivo: la lucha contra la pobreza.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
