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Prima de mitad de año Colombia | Empleo | Economía


La medida del gobierno nacional de asumir el pago del 50% de la prima de servicios de los trabajadores que devengan un salario mínimo constituye una medida bien intencionada y orientada para la protección del empleo en el contexto de crisis sanitaria y económica.

Sin embargo, la decisión de diferir el pago del 50% restante, al acuerdo entre empleadores y trabajadores, además de desconocer el carácter asimétrico de la relación individual sustancial, que justifica la intervención de las normas laborales, afecta la naturaleza de incentivo a la productividad y el consumo especialmente sensibles en períodos de recesión.

La degradación del esquema de derechos laborales para afrontar la crisis económica, fue ensayada por España, Italia, Portugal y Grecia como respuesta a la crisis económica del año 2008, con resultados devastadores para la demanda y la precariedad en el empleo, derivando en la necesaria reversión de la reformas flexibilizadoras y de austeridad para afrontar una nueva contracción económica en la pospandemia.

Colombia parece no haberse enterado del fracaso del modelo de regresión de la reforma laboral española de 2012 y el Jobs Act italiano. Para afrontar la crisis provocada por el coronavirus, implementó medidas para desquiciar el auxilio de cesantía y el derecho al disfrute de vacaciones.

En esta línea parecía estar a salvo la prima de servicios que, según el anuncio del gobierno nacional, estará supeditada en un 50% a acuerdos individuales para diferir el pago de la prestación correspondiente al primer semestre de 2020.

La prima de servicios es una prestación social que sustituyó la denominada participación de utilidades y la prima de beneficios, para hacer realidad el principio, según el cual, los trabajadores pueden participar de las utilidades de la empresa pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas.

En este sentido, los incentivos a la productividad que subyacen al reconocimiento de la prima de servicios, en un contexto de recesión económica, aunado al mantenimiento de la capacidad adquisitiva y la demanda ya deterioradas por la afectación de salarios y prestaciones, desaconsejan su modificación con la excusa de “modernizar el derecho del trabajo”, sin conexión con los estándares de trabajo decente como modelo de regulación universal y la prohibición de regresividad laboral constitucional en estados de emergencia económica, social y ecológica.

En el mismo sentido, las propuestas de “modernización laboral” plantean la afectación del esquema de descansos previsto en la ley, como fórmula de recuperación psíquica y fisiológica de los tiempos de trabajo, cada vez más recargados e hiperconectados.

En el mismo sentido, la iniciativa de desmontar el esquema de recargos por trabajo nocturno, trabajo suplementario y en días de descanso se enruta en la vía escogida por Colombia de contrarrestar los hechos naturales con decisiones legales para ordenar la puesta de sol a las 9:00 de la noche que se pretende, bajo el esquema propuesto desconocer, igualando el día y las noches sin límites horarios ni reconocimiento por trabajo en dominicales.

Las respuestas a la crisis transitan el desmonte del esquema de derechos laborales, afectando el auxilio de cesantía para reorientar su naturaleza de ahorro forzoso a la compensación de las reducciones salariales y la inversión del principio de efectividad del descanso en el disfrute de vacaciones, contexto en que quedaba a salvo tan sólo la prima de servicios, cuya desarticulación se estudia y propone al lado de los reconocimientos por la noche y la limitación de la jornada.

Así las cosas, la prima de servicios que quedaba como sobreviviente única del esquema de prestaciones y derechos laborales, parece también haber naufragado al esquema de “modernización” probado con estruendoso fracaso al otro lado del atlántico en la década pasada.

Iván Daniel Jaramillo Jassir
Observatorio Laboral
Universidad del Rosario

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