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Proyectos frenados por consultas previas en 2019 – Cortes – Justicia



Hace tres semanas la Corte Constitucional le ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca que, antes de concederle el permiso de vertimiento a un centro turístico de aguas termales en Puracé, debe facilitar un espacio para que las comunidades étnicas del territorio puedan dar su opinión sobre el proyecto.

Con esa decisión, la Corte protegió al cabildo indígena Kokonuko, que en su tutela aseguró que el volcán Puracé, “donde habita el gran espíritu mayor Kokonuko” –y de donde viene el agua tibia que ahora los privados usan para su complejo de piscinas y hoteles–, es la piedra angular de las creencias de su pueblo. Pese a ser vital para ellos el agua y la tierra, dicen que nunca fueron consultados cuando se autorizó el complejo turístico.

Este año, la Corte ha estudiado 11 casos en los cuales, como lo hicieron los indígenas Kokonuco, comunidades han pedido frenar proyectos con el argumento de que se está afectando su derecho a la consulta previa.

Dicho derecho se garantiza en Colombia desde la Constitución de 1991, cuando se estableció que las leyes, actos administrativos, proyectos u obras que afecten a territorios ancestrales, deben contar con la participación y decisión de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Tras evaluar las 11 tutelas, el alto tribunal decidió frenar o condicionar nueve proyectos. A los otros dos no les dio la razón. El año pasado, ocho proyectos fueron detenidos por no superar la consulta previa.

Una de las obras de infraestructura –las más afectadas por la exigencia de este mecanismo– que la Corte frenó a comienzos de este mes es la construcción de la vía Circunvalar de la Prosperidad, entre Barranquilla y Cartagena. Esta vía busca desembotellar la entrada y salida de La Heroica, así como comunicar las zonas francas, puertos y aeropuerto del Caribe colombiano.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó ese proyecto en octubre del 2015, afirmando que en la zona no había comunidades tribales. Por eso se iniciaron las obras sin tener en cuenta que allí vive la comunidad Mokaná, de Malambo (Atlántico), y que la carretera afectaba sus cultivos y desplazamientos.

La Corte les dio la razón a los Mokaná, en cuanto a que el proyecto los perjudica directamente, pues más allá de que se ejecute o no en el área geográfica en la que viven, afecta formas de vida. En su decisión, el tribunal constitucional consideró que aunque la vía reprochada está muy avanzada, eso no impide que el Gobierno realice la consulta para “mitigar, reparar, compensar o indemnizar” los daños causados a los Mokaná.

Las consultas previas
no son el principal obstáculo para el desarrollo de los proyectos, obras o actividades en el país.

Una situación similar ocurrió con la segunda calzada Popayán-Santander de Quilichao, en Cauca, contratada en 2015 sin consultar a las comunidades étnicas de La Laguna Siberia y Las Mercedes, de Caldono. Esos resguardos tampoco habían sido reconocidos por el Mininterior, pese a ser próximos a la carretera, por lo que la Corte aseguró que dicha cartera vulneró su debido proceso.

Como en Cauca ocurrió lo mismo que en la vía de Atlántico, la Corte le “advirtió” al Ministerio del Interior que cuando certifique o no la presencia de una comunidad étnica en un territorio, “es imperioso que acuda a análisis geográficos que excedan la cartografía física y se orienten por la geografía social, para establecer si existen territorios ancestrales afectados”.

Pero además de estudiar tutelas frente a obras, la Corte ha evaluado este año dos demandas contra leyes que afectan a las comunidades étnicas. La primera es la que regula la gestión de páramos, del 2018. Y aunque el fallo la mantuvo, la condicionó en el entendido de que cuando se decidan proyectos que puedan afectar a comunidades étnicas que viven en estos ecosistemas, se les debe primero garantizar la consulta previa.

La segunda ley evaluada es la que caracterizaba a la población afrocolombiana y raizal, del 2017. En este caso, la Corte aceptó las objeciones gubernamentales y la tumbó porque se hizo de forma inconsulta con los pueblos afrodescendientes.

Según cifras conocidas por EL TIEMPO, entre el 2018 y junio del 2019 se han presentado 263 tutelas en las que las comunidades piden que se les garantice la consulta previa, 92 de ellas, este año. Sin embargo, los jueces de primera instancia han rechazado el 61 por ciento, de acuerdo con datos de la misma Corte Constitucional. Al menos el 51 por ciento de quienes presentan esos recursos son desplazados, víctimas de la violencia o líderes sociales.

¿Desarrollo vs. consulta?

Mientras las comunidades aseguran que la consulta previa es necesaria para que no se vulneren sus derechos territoriales y de autodeterminación, algunos sectores empresariales afirman que esta garantía ha afectado la agilidad y viabilidad de proyectos estratégicos.

Ante los llamados de un lado y del otro, el Ministerio del Interior anunció que presentará un proyecto de ley estatutaria para reglamentar este derecho, considerando que se necesita una “transformación” para poder cumplir con la consulta previa “bajo reglas claras”.

No obstante, en una evaluación sobre el impacto de las consultas previas, la Contraloría General concluye que este derecho “no es el principal obstáculo para el desarrollo de los proyectos, obras o actividades”. Una prueba de ello, asegura, es que de 4.713 consultas entre el 2011 y enero del 2018 en el Ministerio del Interior, 3.039 (el 64 %) se protocolarizaron y los proyectos continuaron, mientras el resto se encuentran en trámite.

La Contraloría afirma, además, que si bien han existido demoras en algunas consultas (en promedio pueden durar más de un año), esto se debe a “la carencia de un registro actualizado de comunidades para expedición de la certificación, falta de coordinación entre las entidades públicas involucradas, el rol pasivo del Ministerio del Interior o problemas de orden público” y que esa desarticulación “ha sido más responsabilidad del Estado que de las demás partes que intervienen en ella”.

Ministerio del Interior ha atendido a 890 comunidades

El Gobierno Nacional reconoce que el proceso de consultas previas ha generado un reto para garantizar el equilibrio entre “los derechos de las comunidades” y “un impacto económico en la productividad del país”.

El Ministerio del Interior, encargado de los procesos de consultas previas, sostiene que el cumplimiento, bajo reglas claras, de las garantías a las comunidades ubicadas en zonas de injerencia de proyectos “ha merecido un proceso de transformación” del Estado. Igualmente, señala que esto ha llevado a la misma “revisión de la institucionalidad, tiempos de respuesta a los procesos para hacerlos más eficientes y seguros, transparencia en el relacionamiento entre las comunidades y el sector privado”.

La Dirección de Consulta Previa de la cartera del Interior ha avanzado en la atención de 890 comunidades desarrollando 10.797 procesos en los que estaban en juego 1.275 proyectos de inversión, especialmente en sectores de infraestructura, minero, energético, telecomunicaciones e hidrocarburos.

Según un informe del Mininterior, entre el primero de julio del año pasado y el 30 de junio de 2019, se estudiaron 906 certificaciones sobre la presencia de comunidades en zonas de injerencia de los proyectos y solo en 177 casos se evidenció esa presencia en el territorio. La mayoría de ellas son comunidades indígenas y negritudes.

El sector de infraestructura, con el 26 por ciento, representa el mayor número de proyectos que se encuentran en trámite de consulta previa; seguido por el sector ambiental, con el 23 por ciento; el de hidrocarburos, con un 17 por ciento, y el de minería y energía, con un 15 por ciento.

El informe afirma que por cuenta de los procesos consultivos protocolizados entre mediados del año pasado y junio de 2019, las compensaciones por acuerdos con las comunidades étnicas correspondieron aproximadamente a 112.000 millones de pesos.

De estos recursos, a comunidades consultadas por temas de hidrocarburos llegó el 67 por ciento; por energía, el 22 por ciento y por obras de infraestructura, el 10 por ciento.
Señala, además, que los departamentos con mayores procesos de consulta son La Guajira, con 24 casos; Caldas, con 21; Antioquia, con 12; Guainía, con 9; Valle del Cauca, con 5, y Arauca y Cesar, con 4 cada uno.

También dice que han llegado a la Dirección un total de 126 tutelas, de las cuales el seis por ciento están pendientes de fallo y el 72 por ciento niegan el amparo constitucional invocado por el tutelante en primera instancia, pero en segunda instancia se confirma la decisión. En un 21 por ciento se concede el amparo en primera instancia y en segunda se confirma.

El Gobierno Nacional logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en el Congreso, la creación de la tasa por la realización de la consulta previa, que establece que el interesado en que se adelante este mecanismo deberá pagar al Ministerio del Interior, a través del Fondo de la Dirección de Consulta Previa, una tasa a fin de sufragar los costos asociados a los procesos consultivos.

MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora de JUSTICIA
Twitter: @MSarralde

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