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¿Que los antecedentes no importan? Columna de opinión por Jhon Torres – Delitos – Justicia



En la línea de su tradición histórica, la férrea defensa de los derechos humanos del individuo, la Corte Constitucional decidió la semana pasada que cuando un juez tenga que decidir si un capturado es o no peligroso –y, por lo tanto, va o no a una cárcel mientras es juzgado– no deben tomarse en cuenta otras capturas por delitos graves en los últimos tres años.

El argumento tiene toda la lógica jurídica: una captura no representa una condena, y eventualmente alguien que no debería ir a prisión preventiva podría terminar tras las rejas por una detención previa que pudo ser injusta o no motivada. Eso en el mundo ideal de legislaciones y jurisprudencias que, reza el manido dicho, parecen más pensadas para la realidad de Dinamarca que para las nuestras, las de Cundinamarca.

Con la base sentada de que todo lo que pueda hacer el Estado para prevenir abusos a los ciudadanos debe hacerse, vale también reflexionar sobre por qué la protección de los derechos del colectivo suele quedar en un segundo plano en muchas decisiones judiciales.

Si vuelven a las mismas, ¿no tiene sentido que el antecedente de la otra detención previa se tenga en cuenta para enviarlos a prisión como sindicados?

Detrás de la norma que imponía la medida de aseguramiento si había capturas previas hay, al menos, dos razones válidas. Por un lado, cerrar el margen de interpretación para los jueces de garantías, que en no pocas ocasiones han mandado para la casa a peligrosos criminales acudiendo a polémicas interpretaciones de la ley.

Y un segundo hecho, no menos importante, es que por las calles rondan delincuentes profesionales con dos, tres y hasta diez capturas previas a los que el sistema no es capaz de condenar antes de que operen los vencimientos de términos y otras fallas de nuestra justicia.

(Lea también: Corte tumba norma que servía para enviar a prisión a reincidentes)

Si vuelven a las mismas, ¿no tiene sentido que el antecedente de la otra detención previa se tenga en cuenta para enviarlos a prisión como sindicados?

En otros países del mundo, con mejores resultados en seguridad y justicia, el antecedente penal no solo se utiliza, sino que es clave, incluso, para establecer los años de cárcel que pagará el reo por el nuevo delito.

La Corte, como ocurrió hace unos años cuando prohibió los polémicos ‘carteles de la infamia’ promovidos por la fallecida Gilma Jiménez y que contenían fotos de depredadores sexuales de menores, mantiene la línea del máximo garantismo posible para los que violan la ley. Respetables decisiones que, en todo caso, no pueden dejar de mirarse también a través de la lente de la crítica situación de criminalidad que enfrentan los colombianos.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

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