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Tumban lista de delitos por los que la JEP puede investigar a terceros civiles – Cortes – Justicia



La Corte Constitucional tumbó un listado de delitos que aparecía en la ley que reguló la Jurisdicción Especial para la Paz, y que establecía cuáles eran las conductas por las que esa justicia puede investigar a terceros que tienen responsabilidad en el conflicto armado. 

La JEP puede investigar y juzgar a aquellos agentes del estado -distintos de los integrantes de la Fuerza Pública-, así como a terceros civiles que se sometan voluntariamente a la JEP por delitos relacionados con el conflicto armado.

Pero la ley estatutaria establecía que esos delitos debían estar relacionados con “financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado interno”.

La Corte tumbó ese listado considerando que esa lista de delitos debían ser tramitados por una ley estatutaria pero, en cambio, se modificó por una ley ordinaria las competencias de la JEP. 

Con esto la Corte estableció que “no existe un catálogo de delitos para terceros”. Así, no era posible restringir el tipo de delitos cometidos por terceros que puede conocer la JEP a la anterior categoría, a través de una ley ordinaria y no estatutaria. 

Para la Corte, esa lista de delitos limitaría la competencia de la JEP al anularle el margen de análisis que la misma JEP debe hacer en los casos para determinar si tienen o no relación con el conflicto armado. 

En todo caso, dice el alto tribunal, el hecho de que tenga una competencia general no significa que la JEP tenga “potestades ilimitadas e indeterminables”. 

Con esta aclaración, la Corte Constitucional asegura que el legislador no podía a través de una ley ordinaria imponerle a la JEP un listado frente al que se activa su competencia sobre terceros.

Varias organizaciones que defienden los derechos humanos le habían pedido a la Corte tumbar la lista taxativa de delitos por los que la JEP puede investigar a terceros afirmando que esta lista excluye otras conductas, incluso aquellas que constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, o graves violaciones a los derechos humanos. 

Para la JEP, el hecho de que algunos pudieran hacer una interpretación de ese listado, no como enunciativo, sino como taxativo de cuáles son sus competencias “restringiría la competencia” de esa justicia. 

JUSTICIA

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