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Y ahora, ¿quién podrá defendernos? / Columna de Jhon Torres – Delitos – Justicia



Fusagasugá, Cundinamarca. Madrugada del domingo 11 de agosto. Richard Muñoz, conocido en el país por ser el imitador del cantante Pipe Bueno, mata al criminal que minutos antes asesinó a su esposa durante un fatídico atraco.

La tragedia resultó aún mayor porque Muñoz enfrentó la posibilidad de terminar en la cárcel por homicidio simple, delito que da entre 13 y 20 años de pena, si bien tras el escándalo y la indignación de buena parte de la opinión pública, la Fiscalía anunció esta semana que revaluó su decisión de procesarlo penalmente.

¿Qué lleva a un ciudadano de bien a tomar la justicia en sus manos? ¿Qué lleva, como ha sucedido varias veces este año, a que comunidades enteras decidan linchar a delincuentes sorprendidos en flagrancia?

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Preguntas como estas son las que deben hacerse las sociedades y sus autoridades, pues las dos manifestaciones de justicia privada retratan el fracaso del Estado en su obligación de garantizar la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos.

Ante la creciente inseguridad en las calles se escuchan muchas voces que reclaman el derecho a la legítima defensa y a actuar contra los delincuentes. Las cifras de la criminalidad –casi 210.000 hurtos denunciados en los primeros seis meses del año– y la violencia ejercida por los delincuentes –al menos uno de cada diez homicidios en el país podría estar asociado a un atraco– son un poderoso argumento para los que sostienen que la ciudadanía debe actuar frente al crimen.

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Incluso, muchos reclaman que se levante la prohibición del porte legal de armas de fuego que rige en la mayoría del país desde hace varios años y que, según los expertos, es una de las razones de la caída sostenida en el homicidio en Colombia.

Tragedias como la de Muñoz muestran, sin embargo, los riesgos de ese camino. La prevención y represión del crimen es una obligación del Estado, que es, parodiando al Chapulín Colorado, el único que podrá defendernos.

Hace rato llegó el momento de que las autoridades –Gobierno, jueces, Fiscalía, Policía, alcaldes– cojan el toro por los cuernos y ajusten todo lo que hay que ajustar en materia penal, carcelaria y de seguridad ciudadana para que los delincuentes no sientan que tienen todas las de ganar.

Y también, para que los colombianos sepan que no están inermes frente a los criminales que los acechan.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

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